La audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Roosevelt Hernández, fue reprogramada para el próximo 19 de agosto de 2026, luego de que la defensa técnica del exfuncionario solicitara el cambio de fecha debido a un compromiso judicial previamente establecido.
La información fue confirmada por la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, quien explicó que la petición fue presentada por los apoderados legales de Hernández durante la tarde del jueves y fue aceptada por el juzgado competente.
Con esta decisión, la audiencia quedó fijada para el miércoles 19 de agosto a las 8:30 de la mañana, fecha en la que el exjerarca militar deberá comparecer ante la autoridad judicial para el desarrollo del proceso.
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Defensa solicitó el cambio de fecha
De acuerdo con la portavoz judicial, la reprogramación obedeció exclusivamente a una solicitud presentada por la defensa de Roosevelt Hernández, argumentando que el acusado debía atender otra audiencia previamente programada en la Corte.
“Esta audiencia ha sido reprogramada a solicitud de la Defensa Técnica del Encausado Roosevelt Hernández, lo cual fue presentado ayer a las horas de la tarde, es una solicitud en vista de que él tiene una audiencia en la Corte”, explicó Bárbara Castillo.
La funcionaria indicó que, debido a esa situación, la audiencia prevista inicialmente no pudo celebrarse y fue necesario fijar una nueva fecha para garantizar el cumplimiento del debido proceso.
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Asimismo, aclaró que el cambio responde a aspectos procesales y no implica modificaciones en el desarrollo del expediente judicial.
Presencia del acusado será obligatoria
Castillo recordó que la comparecencia del exjefe de las Fuerzas Armadas será indispensable para que pueda desarrollarse la audiencia de declaración de imputado.
Al ser consultada por periodistas sobre la obligación de que Hernández asista personalmente a la diligencia, respondió que su presencia es un requisito establecido por la normativa procesal.
“Sí, de lo contrario, no se puede celebrar la audiencia de declaración de imputado, porque en la audiencia de declaración de imputado es necesaria la presencia de la persona que ha sido acusada”, manifestó la portavoz del Poder Judicial.
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Durante la jornada, los periodistas querellantes acudieron a las instalaciones judiciales; sin embargo, únicamente fueron notificados sobre la reprogramación de la audiencia, ya que no se desarrolló ninguna actuación procesal adicional.
CPH pide investigar presuntas presiones
En las últimas horas, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó preocupación por denuncias relacionadas con supuestas presiones políticas e injerencias en el proceso judicial contra Roosevelt Hernández.
La organización solicitó que se realice una investigación inmediata para determinar si existieron acciones orientadas a influir en el desarrollo del caso y advirtió que, de comprobarse esos señalamientos, se pondría en riesgo la independencia judicial y el Estado de derecho.
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El gremio periodístico hizo referencia a denuncias presentadas por las organizaciones ASOPODEHU y JOPRODEHU, las cuales señalaron presuntas presiones provenientes de altas esferas del sistema judicial para impedir que el proceso avanzara conforme a la ley.
Solicitan transparencia en el proceso
El Colegio de Periodistas de Honduras también calificó como preocupantes las versiones que apuntan a supuestas maniobras para reprogramar la audiencia mediante presiones dirigidas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ante ese escenario, la organización instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con total transparencia y garantizar que el proceso judicial se desarrolle con apego a la ley y sin interferencias externas.
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Mientras tanto, el Poder Judicial confirmó que la audiencia de declaración de imputado quedó oficialmente programada para el 19 de agosto, fecha en la que Roosevelt Hernández deberá comparecer ante el juzgado correspondiente.
El desarrollo de esa diligencia marcará una nueva etapa dentro del proceso judicial, mientras las autoridades insisten en que todas las actuaciones se realizarán conforme a las disposiciones legales vigentes y respetando las garantías procesales de las partes involucradas.
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