
Dos altos operadores económicos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido acusados de lavar cerca de USD 10,000 millones en Nicaragua, una cifra equivalente a casi la mitad del Producto Interno Bruto nacional y más del doble del presupuesto estatal anual estimado para 2026. Las investigaciones judiciales, que han derivado en la encarcelación de Francisco López Centeno y Bayardo Arce Castaño, revelan la magnitud de las estructuras financieras dedicadas al desvío de fondos asociados a los intereses económicos de la familia presidencial, según informó el medio Centroamérica 360.
El alcance del caso destaca por las cifras detalladas en la sentencia contra Bayardo Arce, quien fue condenado en enero a 18 años de prisión por el lavado de USD 4,900 millones. La resolución judicial precisó que Arce blanqueó 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas —unos 2,243 millones de dólares adicionales—, lo que suma más de USD 4,957 millones en operaciones ilícitas, según la acusación reportada por Centroamérica 360. La Corte sostuvo que este proceso generó un grave daño patrimonial al Estado nicaragüense y erosionó la transparencia financiera nacional.
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A finales de marzo de 2026, el régimen de Nicaragua difundió imágenes del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, respondiendo al reclamo urgente de sus seis hijos, quienes exigieron una prueba de vida tras denunciar incomunicación y deterioro físico del dirigente desde diciembre del año pasado, en plena ola de cuestionamientos internacionales por denuncias de violaciones de derechos humanos bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según reportó la agencia de noticias EFE.

El manejo de fondos y empresas clave en la red Ortega-Murillo
Francisco López Centeno, conocido dentro del sandinismo como “Chico López”, fue durante años el principal gestor financiero de los intereses de la familia Ortega-Murillo. El extesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y responsable durante años de gestionar los recursos de Albanisa (Alba de Nicaragua S.A.), fue arrestado en Managua hace tres días tras no poder justificar la situación de bienes del partido, según reveló el diario nicaragüense La Prensa. La operación se realizó en su domicilio del reparto Lomas de Monserrat, donde López mantenía un régimen de casa por cárcel durante una auditoría sobre las finanzas de Albanisa y la fortuna de la familia Ortega-Murillo.
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La detención se produjo luego de que Bayardo Arce, anterior responsable de los bienes del partido, afirmara desde prisión haber transferido la gestión a López Centeno. La Prensa señala que la policía llegó con varias patrullas y custodios acompañaron al extesorero hasta la puerta del baño para permitirle cambiarse antes del traslado.
Como ex tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), López estuvo a cargo del conglomerado empresarial del régimen, dirigiendo compañías estatales y paraestatales estratégicas como la petrolera Petronic, la distribuidora de alimentos Alba Alimentos, las compañías eléctricas Disnorte y Dissur, y el banco nicaragüense Bancorp (Banco Corporativo S.A.), vinculado a operaciones de cooperación petrolera con Venezuela.
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Además, López centró su influencia en entidades como la cooperativa financiera ALBA Caruna, la Empresa Nacional de Minas y otras cooperativas ligadas al modelo económico impuesto por el gobierno desde 2007. Su gestión en la administración de los recursos de la cooperación venezolana fue decisiva: movió unos USD 5,000 millones procedentes de fondos suministrados por la Venezuela de Hugo Chávez en el auge de los precios del petróleo, según datos recopilados por Centroamérica 360.

En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones a López por corrupción significativa, desvío de fondos públicos y uso irregular de empresas estatales para beneficio personal y político. Las sanciones incluyeron el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de operaciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos y la consiguiente expulsión del sistema financiero internacional.
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A pesar de que López renunció a cargos formales en compañías como Petronic y Eniminas, la investigación indica que continuó participando en transacciones ligadas a la familia Ortega-Murillo, incluidas gestiones con empresas chinas y reuniones con Laureano Ortega, hijo del presidente, dice la nota de Centroamérica 360.
El esquema de blanqueo y su impacto en la economía nicaragüense
Por su parte, el comandante histórico Bayardo Arce Castaño —ex asesor económico de Daniel Ortega— presuntamente organizó un mecanismo sofisticado de lavado de dinero que involucró a 49 sociedades mercantiles, de las cuales 35 eran activas y se dedicaban a canalizar capitales procedentes de evasión fiscal sistemática y movimientos de fondos ilícitos. Arce reclutaba empleados y terceros para que figuraran como socios en empresas pantalla, con el objetivo de ocultar los beneficiarios reales de las transacciones y crear la apariencia de operaciones legítimas, indica la publicación.
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El tribunal identificó prácticas de estratificación financiera, utilizando préstamos ficticios y transferencias internacionales a jurisdicciones como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, que permitieron dificultar la trazabilidad y facilitar la reintegración del dinero ilícito en la economía formal. Este modelo estuvo vigente durante varios años, periodo en el que Arce, de 77 años de edad, ofició como interlocutor entre el régimen y el gran empresariado local y extranjero, gestionando desde permisos de inversión hasta negociaciones sindicales.

El alcance transnacional de las operaciones y la multimillonaria cuantía involucrada evidencian la centralidad de Arce y López en la administración paralela de recursos estatales y en el sostenimiento financiero de la dictadura de Ortega y Murillo desde sectores estratégicos como energía, minería, banca y comercio exterior.
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Desde el retorno de Ortega al poder en 2007, Francisco López y Bayardo Arce consolidaron su papel como pilares económicos y articuladores de la red empresarial privada-pública que apuntaló al régimen. Arce, además de su liderazgo en los años ochenta durante la guerra civil posterior a la revolución de 1979, fue el principal arquitecto de los acuerdos con empresarios y de la construcción de un sistema de alianzas que sostuvo la estabilidad política y económica del gobierno durante más de una década, reseña Centroamérica 360.
Las condenas a López Centeno y Arce confirman el alcance de la corrupción estatal
La envergadura del caso contra Francisco López Centeno y Bayardo Arce Castaño revela no solo la escala del blanqueo de capitales llevado a cabo desde el núcleo del poder sandinista, sino también la utilización sistemática de redes empresariales y financieras —protegidas por el aparato estatal— para apropiación privada y lavado de fondos públicos, tanto de origen interno como procedentes de la cooperación internacional.
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Las sentencias en su contra, junto al impacto de las sanciones internacionales y la desarticulación de la infraestructura financiera paralela, han sacado a la luz un proceso de expoliación económica sin precedentes en la historia política contemporánea de Nicaragua, de acuerdo con la publicación de Centroamérica 360.
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