Su participación en un informe de la ONU detonó el asesinato de opositor nicaragüense en Costa Rica

Un expediente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica señala que la participación del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam en un informe de la ONU fue uno de los detonantes de su asesinato, en un contexto que incluye la existencia de una lista de al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos.

La revelación, divulgada por el canal costarricense Teletica, apunta a un crimen con motivación política, ejecutado bajo la modalidad de encargo y con características de operación profesional.

De acuerdo con el documento judicial, testimonios incorporados a la investigación sostienen que Samcam colaboraba con otros exiliados en la elaboración de un documento sobre un eventual “gobierno transitorio”.

Ese proceso generó molestia en sectores vinculados al régimen nicaragüense. Uno de los testigos afirmó que la difusión de ese documento fue “la gota que rebasó el vaso”, al sumarse a otros materiales críticos elaborados por el exmilitar.

El expediente recoge además que Samcam había publicado documentos en los que señalaba a militares, estructuras de inteligencia y al Ministerio del Interior de Nicaragua. Esa actividad lo convirtió, según los testimonios recogidos en el expediente, en un objetivo específico.

Otro testigo indicó que el informe de la ONU en el que participó se sustentaba en gran medida en investigaciones realizadas por Samcam, lo que habría incrementado la presión en su contra.

En esa misma línea, el documento judicial incorpora la versión de que la información facilitada por Samcam permitió identificar a personas involucradas en al menos 300 asesinatos en el contexto de la represión iniciada en 2018.

Roberto Samcam Ruiz era mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y se encontraba en el exilio en Costa Rica. Desde ese país mantenía una postura crítica frente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su trabajo incluía análisis, denuncias públicas y colaboración con organismos internacionales que investigaban violaciones a derechos humanos.

El 19 de junio de 2025 fue asesinado en su vivienda en Moravia, San José. Según las autoridades costarricenses, un sujeto ingresó hasta la segunda planta de la casa y le disparó a quemarropa. El ataque ocurrió en horas de la mañana y evidenció planificación previa, conocimiento del lugar y ejecución directa.

Por este crimen, el OIJ y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos que permanecen en prisión preventiva. Las investigaciones apuntan a que se trató de un homicidio por encargo, con pago a los ejecutores. Las autoridades también mantienen la búsqueda de un quinto implicado que no ha sido detenido.

El expediente también señala que uno de los sospechosos tiene vínculos con un grupo que opera en el departamento de Carazo, en Nicaragua, de donde es originario Samcam. Ese elemento es considerado por los investigadores como un indicio de posible coordinación transnacional. La hipótesis central es que el crimen no fue aislado, sino parte de una estructura más amplia.

Entre los datos más sensibles del documento destaca la existencia de una lista con al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos. Samcam figuraba entre ellas.

La investigación judicial coincide con advertencias previas sobre acciones dirigidas contra disidentes fuera de Nicaragua, lo que amplía el alcance del fenómeno represivo.

El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que el gobierno nicaragüense mantiene una “extensa” red transnacional de vigilancia e inteligencia. Según ese documento, dicha estructura se utiliza para monitorear, intimidar y atacar a opositores que residen en el extranjero.

El informe señala que esa red incluye al Ejército, la Policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas. También indica que desde 2018 se han desviado fondos públicos para financiar la represión.

“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.

El documento añade que se han reportado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos nicaragüenses en el exilio, incluido el caso de Samcam en Costa Rica.

Asimismo, indica que cientos de miles de nicaragüenses han sido afectados por esta estructura, mediante vigilancia, amenazas o restricciones migratorias.

Tras conocerse parte del contenido del expediente judicial, Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, reaccionó públicamente. “Las investigaciones en Costa Rica han arrojado luz sobre una verdad dolorosa pero necesaria: su muerte está vinculada a su compromiso con los derechos humanos y a su colaboración para exponer la realidad que se vive bajo la dictadura en Nicaragua… Ver que la OIJ y el Poder Judicial están llegando al fondo nombrando el crimen como político, mencionando a la dictadura y los vínculos con el ejército, nos da algo de optimismo para lo que viene”, expresó en redes sociales.

La viuda agregó que “llegar hasta el final ya no parece un sueño lejano”.

El expediente del OIJ clasifica el crimen como “ideológico” y “profesional y por encargo”. La investigación apunta a que los ejecutores recibieron una remuneración, lo que descarta un hecho espontáneo.

El informe indica que Roberto Samcam fue víctima de la misma estructura que denunció. Sus investigaciones nutrieron el trabajo de los expertos de la ONU, que concluyeron que el régimen de Nicaragua ha organizado una red de represión transnacional.

El “caso Samcam” se ha convertido en un elemento concreto de prueba de la posible existencia de una red de represión transnacional, descrita por la ONU, y de la que el exmilitar advirtió en reiteradas ocasiones.