Amnistía Internacional alerta sobre el impacto de las leyes represivas contra organizaciones sociales en Nicaragua

Nicaragua se encuentra bajo la lupa internacional tras la publicación del informe “Rompiendo el Tejido Social” de Amnistía Internacional (AI), dado a conocer esta semana.

El reporte lo sitúa entre los países de América Latina que han promulgado leyes que restringen “de manera indebida la creación, existencia y actuación” de organizaciones sociales, lo que ha provocado el deterioro acelerado del tejido social y un impacto “profundamente dañino” en la sociedad civil.

Desde 2018, Nicaragua ha disuelto 5,634 organizaciones sociales —de un total de 7,227 registradas en ese año— a través de un conjunto de normas adoptadas para restringir el accionar de la sociedad civil.

Estas normativas han servido de base para la cancelación masiva de personerías jurídicas, y su efecto se ha intensificado con la promulgación de la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros en 2020 y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, en 2022.

Amnistía Internacional advierte que, desde la presentación de estas leyes, el ambiente para las organizaciones no gubernamentales se ha tornado hostil y riesgoso, acompañado de narrativas oficiales que las estigmatizan como amenazas a la seguridad nacional o como “defensores de criminales”.

El informe subraya que el impacto de estas leyes va más allá de la cancelación de registros. Generan incertidumbre y miedo entre quienes integran o lideran las organizaciones ante la posibilidad de sanciones o disolución.

También señala que tales legislaciones buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las organizaciones al imponer requisitos complejos y gravosos, dificultando el cumplimiento de sus fines y restando capacidad operativa a quienes defienden derechos humanos o proveen asistencia humanitaria.

Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, citada por la agencia EFE, destacó que se ha registrado un “aumento significativo de prácticas autoritarias en diferentes medidas”, que se traducen en restricciones para aquellas personas y entidades identificadas como disidentes frente al Gobierno.

Según Piquer, estos controles han derivado en el cierre del espacio cívico y la imposición de cargas administrativas y financieras que obligan a las organizaciones a dedicar la mayor parte de sus recursos al cumplimiento de requisitos burocráticos, en detrimento de su labor social.

El reporte identifica patrones comunes en las leyes anti-ONG promulgadas en Nicaragua y otros países: la aprobación sin consulta pública, la ausencia de diálogo técnico o social, y la presencia de discursos oficiales que describen a las organizaciones como “sospechosas”, “enemigos internos”, “antipatías” o “interferencias extranjeras”.

Estas legislaciones fueron presentadas bajo el argumento de mejorar la transparencia o proteger la seguridad nacional, aunque, en la práctica, imponen controles y restricciones desproporcionadas que dificultan el funcionamiento de las organizaciones.

Amnistía Internacional advierte que los textos legales aprobados contienen “definiciones amplias y confusas”, requisitos poco claros y prohibiciones imprecisas, lo que vulnera el principio de legalidad y genera inseguridad jurídica permanente. La organización también denuncia la imposición de registros obligatorios y la transformación de mecanismos de autorización en filtros discrecionales, contrarios a estándares internacionales, según EFE.

Entre los efectos más graves documentados se encuentran la suspensión de actividades, la inhabilitación de organizaciones, la criminalización de integrantes y personas defensoras, así como el cierre de cuentas bancarias, lo que conduce en muchos casos a la parálisis financiera de las entidades afectadas.

El informe concluye con la recomendación expresa de Amnistía Internacional de derogar o reformar las leyes que restringen el accionar de las organizaciones sociales en Nicaragua. Piquer enfatizó que las legislaciones analizadas fueron aprobadas “de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil y con conceptos extremadamente vagos y estigmatizantes”, lo que favorece su uso arbitrario y su aplicación selectiva contra quienes cuestionan al poder.

Según el movimiento global, estas normas “vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado”.

“La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar”, dijo Piquer, subrayando el papel fundamental de las organizaciones sociales en la cobertura de necesidades donde el Estado no llega y la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para su labor.