El régimen de Nicaragua otorga tierras a empresas chinas para minería

Un informe de una organización ambiental indica que una porción significativa del territorio nacional está bajo control de sociedades extranjeras para extraer minerales, incluyendo áreas protegidas y zonas indígenas

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El Gobierno de Nicaragua ha concedido concesiones mineras a empresas chinas que abarcan el 8.5% del territorio nacional, incluyendo zonas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes. Así lo señala un informe difundido por la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río, que atribuye al Ministerio de Energía y Minas una estrategia estatal de promoción para la exploración y explotación de minerales metálicos en una de las áreas más sensibles de América Central, en medio de crecientes presiones internacionales contra el régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El estudio, titulado Invasión minera china en Nicaragua y publicado el jueves por Fundación del Río, detalla que firmas de la República Popular de China controlan exactamente 1.013.225,44 hectáreas mediante concesiones otorgadas por el Ministerio. Entre 2021 y 2026, la administración de Ortega y Murillo adjudicó permisos de explotación minera a 15 empresas chinas en 71 lotes, desplazando a otras compañías del sector, según expone el reporte al que accedió la agencia internacional de noticias EFE.

Empresas chinas sin historial ni presencia pública controlan el sector minero en Nicaragua

La investigación destaca que las compañías mineras chinas actualmente operando en Nicaragua son de reciente creación y no cuentan con páginas web ni evidencias de cotización en mercados bursátiles reconocidos. Fundación del Río, bajo la dirección de Amaru Ruiz, señala la falta de credenciales comprobables sobre experiencia minera, tanto a nivel nacional como internacional, así como la ausencia de estudios de factibilidad económica y la opacidad respecto al monto invertido en los proyectos.

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el asesor presidencial de Nicaragua, Laureano Ortega, se estrechan la mano antes de su reunión en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai en Beijing, China, el 12 de mayo de 2025. REUTERS/Florence Lo/Pool

De acuerdo con registros oficiales de la Unidad de Análisis Financiero nicaragüense, hasta diciembre de 2025, solo cuatro de las dieciséis empresas chinas identificadas estaban inscritas formalmente en los organismos de regulación. Once empresas no figuran en estos registros y a una se le anuló la inscripción. Esta carencia documental muestra una dinámica de baja fiscalización administrativa sobre la presencia china en la minería local.

Thomas Metal S.A. y otras firmas concentran la mayoría de lotes y extensiones mineras

El informe identifica a Thomas Metal S.A. como el principal beneficiario, con 17 lotes y 228.272,98 hectáreas. Le siguen Brother Metal S.A. con 14 lotes y 208.959,35 hectáreas, y Zhong Fu Development S.A. con 12 lotes y 144.884,87 hectáreas. Estas cifras configuran un reparto territorial sin precedentes en el país y muestran una concentración sustancial en empresas carentes de historial verificable.

Se expone que los lotes asignados incluyen territorios previamente protegidos y superpuestos sobre yacimientos polimetálicos. La expansión observada en los intereses extractivos abarca minerales como cobre y cobalto, además de oro y plata, y se extiende al molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. De acuerdo con la organización, “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados críticos”.

(Fuente)
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El Gobierno sandinista adapta la legislación y el esquema de concesiones ante las sanciones internacionales

Fundación del Río asegura en su informe que el Gobierno ha modificado el marco jurídico para facilitar la incursión de empresas chinas. Las reformas legales permiten el ingreso de nuevos actores que logran evadir las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), posibilitando, bajo nuevas alianzas, la continuidad en la entrega de concesiones incluso dentro de reservas mineras nacionales.