La expansión de la represión estatal en Nicaragua ha generado una alerta internacional sin precedentes, al documentarse una maquinaria de persecución sostenida y financiada desde el propio Estado.
El informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU este 10 de marzo de 2026 y al que Infobae tuvo acceso revela que fondos públicos desviados sostienen un aparato de control que impacta tanto en el país como en el exilio.
En ese contexto, el informe sostiene que el desvío de recursos públicos, originalmente asignados a asistencia social y servicios urbanos, permitió fortalecer una estructura paralela de vigilancia y control político.
El documento de 26 páginas detalla que funcionarios, empleados estatales y empresas vinculadas al poder participaron en la ingeniería financiera que respalda las operaciones represivas, utilizando conceptos como “bonos económicos” o “asistencia humanitaria” para encubrir el destino de los fondos.
La “Operación Limpieza”, desarrollada desde 2018, se señala como un hito en la represión. El informe explica que se trató de una serie de acciones violentas para desmantelar protestas opositoras y afianzar la autoridad gubernamental, marcando un punto de inflexión en la intensidad de las violaciones a los derechos humanos.
Fases y evolución de la represión estatal
Los expertos en derechos humanos a través de una investigación exhaustiva detectaron que la represión tomó un curso escalonado a partir de 2018.
Inicialmente, el Estado enfrentó las protestas con fuerza excesiva y violencia sistemática. Desde 2021, la persecución se tornó más selectiva, centrada en líderes opositores, periodistas, estudiantes y críticos dentro del propio sandinismo, recurriendo a detenciones arbitrarias y campañas de hostigamiento.
El incremento del control se consolidó a partir de 2022, con la persecución de sectores como la Iglesia católica y la erradicación de cualquier forma de disidencia dentro del Estado y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Desde 2023, el informe afirma que la represión también se dirigió a quienes están en el exilio, extendiendo los ataques y la vigilancia fuera de las fronteras nacionales.
El Grupo de Expertos describió una ampliación del universo de víctimas: activistas, periodistas, campesinos, indígenas, líderes religiosos y funcionarios críticos fueron blanco de nuevas formas de hostilidad, incluidas la vigilancia digital y agresiones físicas en países vecinos.
Entre las situaciones descritas en el informe, se señala que el aparato represivo nicaragüense intensificó ataques transnacionales en el último año.
Dimensión de género y represión diferenciada
El análisis del informe identifica una dimensión de género en las violaciones de derechos humanos, subrayando un patrón dirigido contra mujeres y personas LGBTIQ+.
El documento menciona la existencia de campañas de estigmatización, violencia sexual, detenciones arbitrarias y amenazas orientadas a castigar la identidad o el liderazgo social.
Las defensoras indígenas y afrodescendientes sufrieron ataques como desplazamientos forzados y humillaciones tanto en espacios públicos como durante la detención. Además, el exilio representa un riesgo adicional para mujeres y personas LGBTIQ+, pues limita su acceso a empleo, vivienda y servicios básicos y las expone a nuevos episodios de hostilidad.
Mecanismos de persecución y redes transnacionales
La represión y el control estatal involucran a todas las ramas de gobierno, con participación coordinada del FSLN, la policía, el ejército, instituciones civiles, la Cancillería y redes de informantes.
El informe presentado este martes identifica dos niveles de acción: uno político, estructurado desde la presidencia y el círculo de confianza, y otro operativo, responsable de ejecutar tareas de vigilancia, acoso y represión, tanto dentro como fuera de Nicaragua.
A partir de 2023, explica el documento, los mecanismos trascienden las fronteras nacionales. Se documentan casos de persecución transnacional mediante el uso de INTERPOL, la aplicación de normativas anti-lavado y la privación de la nacionalidad como instrumentos para hostigar a exiliados y opositores.
Asimismo, la confiscación de propiedades, cuentas y empresas afecta a víctimas y familiares, incluidos menores de edad, como método de castigo y disuasión.
Crímenes de lesa humanidad y responsabilidades
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos atribuye los hechos documentados a crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución política por motivos de género.
El informe hace hincapié en la sexualización de la violencia y en la estigmatización de mujeres y movimientos feministas como características de la persecución política.
La responsabilidad fijada señala directamente al Estado nicaragüense, con efectos más allá del territorio nacional. El documento identifica como responsables a los Co-Presidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como al menos a 52 altos funcionarios y cuadros del FSLN, todos sujetos a sanciones internacionales y a potencial jurisdicción universal por su rol en la política represiva.
Sanciones, recomendaciones y respuesta internacional
Como respuesta, la comunidad internacional ha impuesto sanciones financieras y de movilidad contra individuos y entidades oficiales, principalmente por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido.
También, dice el grupo de expertos, se iniciaron investigaciones y medidas cautelares desde organizaciones multilaterales, e instan a fortalecer la jurisdicción universal para procesar estos crímenes.
Entre las recomendaciones más destacadas figuran: la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente, la revelación del paradero de desaparecidos, la suspensión integral de la persecución política, la restitución de derechos a víctimas y exiliados, la abolición de reformas legales incompatibles con los tratados internacionales y la implementación de reparaciones con enfoque de género.
De acuerdo al Grupo de Expertos, urge una respuesta internacional coordinada y sostenida en los planos político, judicial y humanitario para enfrentar el modelo represivo estatal y limitar el avance del control absoluto sobre la sociedad nicaragüense.
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