Los hijos de Bayardo Arce temen que muera bajo custodia del régimen nicaragüense de Daniel Ortega

Los hijos de Bayardo Arce Castaño solicitaron lunes una prueba pública de vida y denunciaron que desconocen el paradero y estado de salud de su padre, condenado por la justicia controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 27 de enero de 2026.

“Desde hace siete meses, nuestro padre permanece detenido arbitrariamente en condiciones que carecen de toda garantía procesal y judicial, sin acceso a defensa ni a un debido proceso”, señalaron en la carta abierta dirigida a ambos gobernantes y al pueblo de Nicaragua.

El documento fue divulgado días después de que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyera a Arce en su listado.

Bayardo Arce, de 76 años, fue detenido la noche del 30 de julio de 2025, tras un allanamiento ejecutado por la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en su residencia en Managua.

Hasta entonces había sido uno de los aliados históricos del sandinismo y ex asesor económico de la Presidencia.

Durante meses permaneció en condición irregular, con denuncias de desaparición forzada por parte de familiares en el exilio.

Su condena fue anunciada el 27 de enero de 2026, acusado de fraude y lavado de dinero por una suma superior a cinco mil millones de dólares. No se hizo público el juicio y no existe claridad sobre la pena impuesta, más allá de la confiscación de sus bienes.

La detención se produjo después de su caída en desgracia el 28 de julio de 2025. En ese momento le fue impuesto arresto domiciliario, luego de que la Policía allanara su vivienda como parte de una investigación que lo señalaba de haber defraudado al Estado en coordinación con otros individuos ligados al régimen.

También fue encarcelado su asistente Ricardo Bonilla. Posteriormente, fueron acusados como coautores su esposa, Amelia Ybarra, y su cuñado Amílcar Ybarra-Rojas, quienes huyeron del país en diciembre de 2025 pese a la vigilancia policial.

El proceso judicial estuvo rodeado de opacidad. El juicio no fue público, a pesar de que Murillo afirmó el día del anuncio que lo sería. No hay constancia de que se haya desarrollado un proceso conforme a estándares mínimos de publicidad y defensa. Tampoco se informó oficialmente cuántos años de prisión le fueron impuestos.

La familia denuncia que no ha tenido acceso regular ni información médica certificada. “A la fecha de la última visita, presentaba un grave deterioro físico y anímico. La última vez que supimos de él fue el 7 de diciembre de 2025”, señalaron sus hijos en la carta. “Hoy, casi tres meses después, desconocemos su paradero y estado actual, lo que nos mantiene en angustia y desolación permanente. Esto lo coloca, nuevamente, en una situación legal de desaparición forzosa”.

Los familiares también se refieren a versiones sobre una posible hospitalización en estado grave. “La situación se agrava con las informaciones recibidas de que se encuentra hospitalizado en condición grave, circunstancia de la cual nuestra familia no fue notificada oficialmente. Tememos que la combinación de aislamiento, castigos, enfermedad, peso y edad podría conducirlo a su muerte”.

Subrayan que su temor “no es infundado” y que han observado “patrones en situaciones similares”.

Bayardo Arce fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en la década de 1980 y posteriormente se convirtió en asesor económico de Ortega tras su regreso al poder en 2007. Durante años fue considerado operador clave en la relación con sectores empresariales y en la articulación de políticas económicas del régimen.

Su nombre estuvo vinculado a denuncias de corrupción, incluida su participación en el proceso conocido como la Piñata, mediante el cual antiguos dirigentes sandinistas se apropiaron de propiedades tras la salida del poder en 1990.

Su cercanía con Ortega y Murillo se mantuvo hasta su detención en 2025, en medio de un proceso de desplazamiento de cuadros históricos del sandinismo.

A finales de febrero pasado, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que Arce fue incorporado a su lista, que contabiliza al menos 46 personas detenidas por motivos políticos.

El organismo señaló que 15 son adultos mayores y que varios se encuentran en riesgo por edad y condiciones de cautiverio. También precisó que el concepto de preso político se sustenta en estándares internacionales cuando concurren elementos como detención arbitraria y falta de debido proceso.

La inclusión de Arce generó debate entre nicaragüenses. Hay quienes sostienen que se trata de una pugna interna y que, dado su historial como colaborador del régimen y su participación en estructuras de poder cuestionadas, enfrenta ahora el mismo sistema del que fue parte. Otros consideran que, independientemente de su pasado, le asisten derechos fundamentales que deben respetarse.

El economista Enrique Sáenz expresó que “todos sabemos que Bayardo Arce era uno de los grandes capos de la mafia en el poder, pero por vendettas internas y luchas de poder le montaron una trama que entre otras intenciones pretende exhibirlo como chivo expiatorio”.

Añadió que el montaje “es tan chapucero (mal hecho) que la acusación más bien constituye una ‘confesión de parte’ de sus acusadores, otrora secuaces, que desnuda el andamiaje y magnitudes de las fechorías de la mafia en el poder”.

Sáenz cuestionó también la viabilidad de operaciones financieras de tal magnitud sin participación del sistema bancario y afirmó que toda persona tiene derecho a la vida, al debido proceso y a ser juzgada por un tribunal imparcial.

En su carta, los hijos insisten en que su demanda trasciende posiciones políticas. “Como familia, exigimos con urgencia a Rosario Murillo y Daniel Ortega, y a todo el cuerpo del Estado que le respalda, información oficial sobre la condición médica y ubicación exacta de nuestro padre Bayardo Arce, demandamos prueba pública de vida inmediata y acceso a visitas familiares para poder constatar personalmente su estado, tomando urgentemente medidas humanitarias que todo preso político se merece, por encima de colores y posturas”.

“Finalmente, agradecemos a todas las personas y organismos de derechos humanos que han reconocido su condición como preso político. Y nos sumamos al llamado de todas las familias de desaparecidos y presos políticos en Nicaragua que demandan su paradero y la liberación inmediata de todas y todos los injustamente e ilegalmente detenidos. Nos unimos a su dolor y a su exigencia de respeto a la integridad y a la dignidad humana, sin distinción”, concluye la carta pública.