Al menos 46 personas siguen privadas de libertad por motivaciones políticas en Nicaragua, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Entre los encarcelados se encuentran antiguos referentes de la revolución sandinista y excolaboradores del gobierno, en una señal de que la represión se ha profundizado bajo la conducción de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento, de acuerdo con EFE, está respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisa que 15 de los detenidos son adultos mayores y 10 están en condición de desaparición forzada. El grupo está compuesto por 3 mujeres y 43 hombres, incluyendo a 10 personas privadas de libertad antes del estallido de la crisis política en 2018. Aunque la cifra representa una reducción respecto de los 62 casos documentados anteriormente, el Mecanismo advierte que 19 excarcelados permanecen bajo estricta vigilancia y restricciones, lo que indica que la represión “no termina, cambia de forma”.
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Entre los casos más notorios figura el de Bayardo Arce, excomandante sandinista y exasesor presidencial, declarado culpable a finales de enero por una supuesta estafa al Estado de USD 4.961,9 millones, según la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua. La ONG denunciante sostiene que su detención es arbitraria y representa una ampliación de la persecución política incluso a antiguos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La lista también incluye a Henry Ruiz, excomandante revolucionario de 82 años, sometido a arresto domiciliario desde el 8 de marzo de 2025, y al general retirado y exasesor de Ortega, álvaro Baltodano Cantarero. Entre los adultos mayores detenidos figuran militares como Carlos Brenes, Víctor Boitano y Eddie Moisés González Valdivia.
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El informe subraya la presencia de líderes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez entre los afectados, todos ellos identificados como opositores al actual gobierno. Las organizaciones que integran el Mecanismo –familiares de presos, entidades de derechos humanos, abogados y activistas– señalan que la cantidad real de detenidos podría ser mayor, debido al temor de algunas familias a denunciar nuevos casos por posibles represalias.
Estas detenciones se enmarcan en la crisis política y social iniciada en abril de 2018 y agravada tras las elecciones de noviembre de 2021. En esos comicios, Ortega, con 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo, mientras sus principales rivales estaban en prisión y posteriormente fueron expulsados del país, perdiendo su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.
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Organizaciones de derechos humanos insisten en exigir la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”. La represión en Nicaragua persiste y adquiere nuevas formas, alcanzando incluso a quienes alguna vez integraron el círculo más próximo al poder.
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