El líder opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro afirmó que el director de la principal prisión de máxima seguridad de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, podría ser sometido a un juicio en Estados Unidos, tras ser sancionado por ese país por violaciones graves a los derechos humanos contra un preso político, según publicó una nota de EFE.
Las autoridades estadounidenses también exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua, en un contexto de presiones diplomáticas crecientes y tensiones sostenidas entre Washington y Managua.
Según Chamorro, quien fue desterrado a Estados Unidos y a quien se le privó de su nacionalidad y bienes junto a otros 221 presos, la sanción impuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos representa un paso que podría derivar en un proceso ante tribunales estadounidenses.
El dirigente opositor, que encabeza el movimiento Ciudadanos por la Libertad (CxL), sostuvo que “llama la atención que la designación, en el caso de Guevara, sobre la violación de derechos humanos es a un preso político. Así, en singular. Esto indicaría de que el Departamento de Estado estaría apoyando, promocionando o reconociendo un tipo de denuncia o de acusación en contra de Guevara y, por defecto, del régimen Ortega Murillo en algún Tribunal de Estados Unidos”.
La tensión entre ambos países se intensificó recientemente cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra Guevara Gómez y advirtió que tomará “medidas para promover la rendición de cuentas” por los abusos cometidos durante la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Chamorro subrayó que, aunque el comunicado oficial no detalla cuáles serían estas acciones, “podría ser también una acusación emprendida o impulsada por el Departamento de Justicia”.
Antecedentes de abuso y presión internacional
En mayo de 2019, el preso político Eddy Montes, ciudadano nicaragüense-estadounidense, fue asesinado dentro de la cárcel La Modelo, lo que refuerza los señalamientos internacionales contra la gestión carcelaria en Nicaragua y el manejo de la disidencia política.
Washington intensificó sus reclamos, rechazando la validez de los comicios de noviembre de 2021 en el país centroamericano, donde Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, resultaron reelectos tras mantener encarcelados a siete de sus principales rivales.
El gobierno estadounidense ha mantenido la presión para que Nicaragua libere a todos los presos políticos. El pasado 10 de enero, en el marco del aniversario de los 19 años de Ortega en el poder, Nicaragua excarceló a decenas de personas detenidas, incluidos presos políticos. Esta decisión llegó tras un recordatorio de la embajada estadounidense de que aún persistían “más de 60 personas” injustamente detenidas o desaparecidas en el país. Washington reiteró su demanda de una “liberación incondicional” en lugar de simples excarcelaciones.
Consolidación del poder y represalias a la oposición
Con ochenta años, Ortega gobierna sin contrapesos formales junto a Murillo, fortaleciendo un régimen sostenido por mano de hierro, reformas constitucionales y acciones sistemáticas contra la oposición. Las medidas incluyen este tipo de sanciones, despojo de nacionalidades y bienes, encarcelamientos masivos y forzado exilio a opositores, lo que marca una etapa de represión política sin precedentes desde el retorno del sandinismo al poder.
Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Nicaragua continúan deteriorándose en medio de nuevas sanciones y el incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
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