La violencia en el fútbol no solo se da en un entorno profesional, los insultos y peleas también se ven en medio de competencias locales. Así lo demuestran las imágenes en donde se captó a un equipo femenil arremeter en contra de una árbitra en instalaciones de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.
La agresión sufrida por la árbitra Jill Ortuño al término de un partido de futbol amateurgeneró una ola de rechazo e impulsó el debate sobre la violencia de género y la seguridad de los árbitros en el deporte local pues, como es sabido, se trata de una de las partes más afectadas en este deporte.
¿Qué sucedió?
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de mujeres, identificadas como porristas del equipo Real Modelo, atacó a Ortuño después de la derrota de su conjunto muy molestas por su desempeño en el terreno de juego.
El incidente se produjo cerca de los campos Jopa Carranza, donde la víctima fue golpeada, pateada y derribada ante la presencia de asistentes y jugadores. Testimonios recabados indican que la molestia de las agresoras surgió por decisiones arbitrales que consideraron determinantes para el resultado final por lo que procedieron a iniciar el conflicto.
La inconformidad se transformó en agresión física y verbal, un episodio que quedó registrado en imágenes difundidas ampliamente en redes sociales. Las autoridades señalaron que se investiga el grado de violencia ejercida y las lesiones ocasionadas a la árbitra.
Autoridades ya investigan el caso
Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades por las lesiones causadas a la silbante.
La reacción en redes sociales y en el entorno deportivo amateur no se hizo esperar con muestras de apoyo a Ortuño y los llamados a sancionar este tipo de hechos para proteger a quienes imparten justicia en los campos.
Organismos y colectivos vinculados al arbitraje recordaron el aumento de agresiones en el futbol amateur, subrayando la carencia de protocolos de seguridad que expone a los árbitros a situaciones de riesgo.
¿Cuáles son las sanciones que podrían tener las agresoras?
De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, participar en una golpiza colectiva implica sanciones que se agravan automáticamente por la superioridad numérica y la saña, bajo las figuras jurídicas de ventaja y pandillerismo.
El sistema de justicia capitalino es estricto cuando se trata de ataques grupales. Según el marco legal vigente, cuando tres o más personas participan en una agresión, las penas base por el delito de lesiones se incrementan en una mitad (50% adicional).
Esto significa que, si una lesión grave amerita 8 años de prisión, el hecho de haber sido cometida en grupo eleva la sentencia automáticamente a 12 años.
La legislación establece un tabulador de castigos basado en el tiempo de recuperación y las secuelas físicas de la víctima:
- Lesiones leves: Aquellas que sanan en menos de 15 días pueden castigarse con multas o hasta 6 meses de prisión.
- Lesiones de mediana gravedad: Si el tiempo de recuperación excede los 15 días, la pena base es de hasta 2 años.
- Secuelas permanentes: Si la agresión deja cicatrices permanentes en el rostro, pérdida de movilidad o pone en riesgo la vida, las penas base oscilan entre los 5 y 8 años, sin contar los incrementos por pandillerismo.
Uno de los puntos más relevantes para las autoridades es que, en una golpiza grupal, todos los participantes son responsables. El Artículo 26 del Código Penal local establece que, si no se puede determinar quién dio el golpe final o el más letal, se aplicará una sanción proporcional a todos los involucrados por el solo hecho de haber participado en la agresión.
Además de la privación de la libertad, los sentenciados enfrentan la obligación de la reparación del daño, que incluye:
- Pago total de gastos hospitalarios y medicamentos.
- Indemnización por daño moral.
- Compensación económica por días de trabajo perdidos.
Las autoridades capitalinas exhortan a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos ante la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), advirtiendo que, en casos de extrema violencia, el delito puede ser reclasificado como tentativa de homicidio, lo que cerraría cualquier posibilidad de fianza o libertad condicional.
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