
La familia de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (en inglés, Drug Enforcement Administration-DEA-), mantuvo durante cuatro décadas la exigencia de justicia por su secuestro, tortura y asesinato en Guadalajara, ocurrido en febrero de 1985. Tenía 37 años cuando fue asesinado por los integrantes del Cártel de Guadalajara mientras sus hijos Enrique Camarena Jr. tenía 11 años, mientras que Daniel y Erik eran de menor edad; de hecho, Daniel era un bebé y celebró su primer cumpleaños sin su padre tras el homicidio.
Su esposa Geneva, conocida como Mika, quedo al frente de la familia con sus tres hijos. La DEA ha recordado que el agente fue secuestrado cuando se dirigía a encontrarse con ella para almorzar. Mika participó en actividades conmemorativas y eventos de la agencia durante los siguientes años.
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El 27 de febrero de 2025, el traslado de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos abrió una nueva etapa judicial para los familiares del agente, entre ellos su hijo Enrique Camarena Jr., juez en San Diego, California, además de la condena de por vida de Miguel ángel Félix Gallardo, fallecido este domingo 15 de noviembre.
En febrero de 2025, Camarena Jr. entregó a Steve Paris, integrante de la Operación Leyenda, las esposas que habían pertenecido a su padre para que fueran colocadas a Caro Quintero ante la justicia estadounidense. Paris sostuvo los grilletes con la mano izquierda durante el acto simbólico, mientras el hijo del agente portaba una toga negra.
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Caro Quintero llegó al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en un avión de la Marina Armada de México, como parte del traslado de 29 narcotraficantes mexicanos para enfrentar procesos en Estados Unidos. El cofundador del Cártel de Guadalajara fue señalado por el secuestro, tortura y asesinato de Camarena, así como del piloto Alfredo Zavala Avelar.
La familia Camarena celebró el traslado el 1 de marzo de 2025 mediante un pronunciamiento divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sus integrantes afirmaron que esperaron 40 años para que el acusado respondiera ante los tribunales por la muerte del agente encubierto de la DEA.
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“Hoy es un día que hemos esperado durante mucho tiempo. Cuarenta largos años de espera, de preguntas y de esperanzas, de que finalmente se haga justicia”, expresó la familia. En el mismo mensaje sostuvo que la persona a la que responsabilizaban de arrebatarles a Kiki había sido llevada a Estados Unidos para responder por sus actos.
El asesinato de Kiki Camarena provocó la Operación Leyenda

Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, después de que sus labores como agente encubierto golpearan las operaciones de marihuana del Cártel de Guadalajara. De acuerdo con las investigaciones del caso, la decisión de privarlo de la libertad fue atribuida a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, con participación e influencia de Miguel Ángel Félix Gallardo, identificado como el jefe de la organización.
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Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo fueron acusados formalmente como responsables intelectuales y materiales del secuestro, tortura y asesinato de Camarena y Zavala Avelar. Caro Quintero fue detenido en Costa Rica en marzo de 1985, mientras que Don Neto fue capturado ese mismo mes en Jalisco.
Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara y permaneció encarcelado durante 37 años. El material sobre el caso indicó que murió en noviembre de 2026, a los 80 años, tras enfrentar diversos problemas de salud.
La muerte de Camarena impulsó la Operación Leyenda, una investigación destinada a ubicar y capturar a los responsables. Steve Paris, a quien Enrique Camarena Jr. entregó las esposas de su padre, formó parte de ese esfuerzo de autoridades estadounidenses contra los implicados en el crimen.
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La viuda del agente, Geneva Camarena, conocida como Mika, quedó al frente de la crianza de sus tres hijos cuando era joven. Durante los años posteriores al asesinato, participó en actividades conmemorativas, iniciativas de prevención contra las drogas y acciones legales y diplomáticas para exigir justicia.
La familia mantuvo acciones legales contra líderes del narco
Los hijos de Kiki Camarena permanecieron unidos con su madre durante el proceso contra los acusados. En 2025, participaron en una demanda presentada ante tribunales federales de Estados Unidos contra líderes relacionados con el Cártel de Guadalajara y el Cártel de Sinaloa.
Enrique Camarena Jr. siguió una carrera en el ámbito jurídico y se convirtió en juez en San Diego. El gesto de entregar las esposas de su padre ocurrió después de la extradición de Caro Quintero y representó, para la familia, una forma de vincular la investigación de 1985 con la causa judicial abierta en Nueva York.
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La familia describió el dolor acumulado por la ausencia del agente: “No hay palabras para describir por completo el dolor que hemos soportado: el asiento vacío en la mesa, los cumpleaños y las fiestas sin él”. También señaló que la pérdida afectó a todos quienes amaban al agente.
Los familiares agradecieron al presidente Donald Trump por, según expresaron, utilizar “el peso de este país” para conseguir el traslado que consideraban improbable. También reconocieron a agentes de la DEA, policías locales, investigadores y funcionarios de Estados Unidos y otros países que participaron en las indagatorias desde 1985.
Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, y Emil Bove, fiscal general adjunto, sostuvieron una llamada con Enrique Camarena Jr. Bondi manifestó que el gobierno estadounidense buscaría responsabilizar a los integrantes de los cárteles por sus delitos y afirmó que fue “un verdadero honor” expresar sus condolencias al juez por el asesinato de su padre.
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Caro Quintero se declaró no culpable en febrero de 2025 de los cargos en su contra, entre ellos narcotráfico, dirección de una empresa criminal y el asesinato de Camarena. La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte, pero el acusado podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua si fuera declarado culpable.

El capo fue liberado en 2013 por un error procesal, aunque esa decisión fue revocada dos años después. Permaneció prófugo hasta 2022, cuando fue detenido tras enfrentamientos que dejaron 14 agentes de la Marina muertos, y su juicio fue programado para el 8 de marzo de 2027 en la Corte Federal de Brooklyn, bajo la supervisión del juez Frederic Block.
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