
El Comité de la ONU pidió a México revisar las reformas constitucionales y a la Ley de Amparo que, según sus observaciones finales, restringen el acceso a recursos judiciales para proteger derechos económicos, sociales y culturales, además de advertir riesgos para la independencia de las personas juzgadoras tras la reforma judicial.
Dicho organismo de la ONU examinó el séptimo informe periódico mexicano durante sesiones realizadas el pasado 4 y 5 de noviembre, y aprobó sus conclusiones el 13 de noviembre.
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El documento fue publicado este 17 de noviembre y reconoce avances como la reducción gradual de la jornada máxima laboral, el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la pensión universal para personas adultas mayores y la disminución de la pobreza multidimensional.
Entre las medidas que el Comité deberá recibir para seguimiento está la creación de un mecanismo formal sobre el cumplimiento de sentencias de amparo relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales. México deberá entregar información sobre ese punto, los acuerdos de consulta indígena y el presupuesto para víctimas a más tardar el 13 de noviembre de 2028.
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La ONU cuestiona límites al amparo y la reforma judicial

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución, pues excluyen del control judicial el análisis de constitucionalidad de las reformas constitucionales.
También señaló que las modificaciones a la Ley de Amparo limitan el interés legítimo y la suspensión de actos para prevenir violaciones a derechos. El documento advirtió que exigir una lesión jurídica individual o colectiva “real y diferenciada” puede restringir la defensa de los derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La recomendación al Estado mexicano consiste en eliminar los criterios que limitan la procedencia del amparo, reconocer ampliamente el interés legítimo de organizaciones civiles y de personas defensoras de derechos colectivos, así como permitir suspensiones para prevenir daños irreparables.
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El organismo también recomendó publicar cada año el número de sentencias de amparo cumplidas, pendientes e incumplidas, con información desglosada por cada derecho. Expuso además preocupación por la baja tasa de recursos concedidos y por el incumplimiento de resoluciones relacionadas con ambiente, indemnizaciones por proyectos mineros y acceso a la salud.
Sobre la reforma judicial, el Comité advirtió riesgos derivados de la elección popular de la totalidad de las personas juzgadoras, la terminación anticipada de mandatos y las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas decisiones son definitivas e inatacables.
La ONU lamentó no haber recibido información sobre las garantías de debido proceso para quienes dejaron sus cargos ni sobre mecanismos de protección frente a represalias. Por ello, recomendó asegurar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, brindar recursos efectivos a las personas juzgadoras afectadas y capacitarlas en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, con perspectiva de género e intercultural.
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Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, respaldó el pronunciamiento. En su comunicado publicado este 17 de noviembre, sostuvo que las observaciones del Comité coinciden con su postura de que las reformas “desmantelan la carrera judicial” y restringen los recursos judiciales de la ciudadanía.
Violencia, desplazamiento y falta de protección a defensores

El Comité identificó que la violencia asociada a la delincuencia organizada afecta la continuidad de servicios de salud, vacunación y tratamientos especializados en comunidades donde el personal médico enfrenta bloqueos para ingresar.
También relacionó la inseguridad con cierres de escuelas, abandono escolar, desplazamiento forzado, pérdida de empleo, bienes y medios de subsistencia por amenazas y extorsiones. El organismo pidió evaluaciones por entidad y municipio sobre las consecuencias de la violencia en el ejercicio de los derechos sociales.
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La recomendación incluye asegurar la presencia de autoridades civiles para sostener los servicios esenciales e investigar con prontitud las denuncias que involucren posible colusión entre servidores públicos y grupos delictivos, así como las violaciones derivadas de operativos militares o policiales.

El documento advierte amenazas, intimidaciones, asesinatos, desapariciones y criminalización contra personas defensoras de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos de los Pueblos Indígenas. Solicitó fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante una evaluación independiente, recursos suficientes y medidas colectivas con enfoque étnico, territorial y de género.
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En materia indígena, el Comité señaló que todavía no existe legislación reglamentaria para ejercer plenamente los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y afromexicanos. También alertó sobre avances limitados en la titulación de tierras y el subregistro de comunidades en el catálogo nacional, incluido el caso de la comunidad Triqui de San Luis Potosí.
El organismo pidió que las consultas tengan como propósito obtener el consentimiento libre, previo e informado, incluido el derecho de las comunidades a aceptar o rechazar medidas que afecten sus derechos. La recomendación abarca los proyectos del Plan México 2025-2030, incluidos los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.
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Además, el Comité también cuestionó la falta de información sobre evaluaciones de efecto y reparaciones por el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y parques eólicos del Istmo. Solicitó que las declaratorias de seguridad nacional no limiten el acceso a información, la consulta ni los recursos judiciales y administrativos.
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