Caen dos implicados en el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: así cometieron el crimen

Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

De acuerdo con los registros de las cámaras, fue alrededor de las 15:00 horas del 28 de octubre cuando el activista llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico en la primera fracción de Yateklum, en el municipio de Chenalhó, e ingresó al establecimiento.

Poco después, un hombre a bordo de una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraba el defensor. Ese mismo sujeto se retiró hacia un punto cercano y regresó minutos después con un segundo hombre en la moto. Ese sujeto fue quien bajó del vehículo y atacó directamente a Pérez Pérez alrededor de las 15:20 horas.

Tras realizar la necropsia, las autoridades determinaron que el defensor recibió tres disparos y la causa de su muerte fue hemorragia cerebral secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Ambos atacantes huyeron en la misma motocicleta tras el ataque.

La Fiscalía no descarta más detenidos vinculados al homicidio

Llaven Abarca señaló que las indagatorias continúan abiertas para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen, al tiempo que evitó dar detalles sobre las líneas de investigación para no entorpecer el proceso.

“Seguimos todavía recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo para dar con quienes más hayan participado en este lamentable hecho”, dijo en una transmisión en vivo en redes sociales.

Desde 2023 contaba con protección tras amenazas y ataques: la ONU alertó por las agresiones

En febrero de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con otros relatores, envió al Gobierno de México una comunicación conjunta en la que alertó sobre amenazas y ataques contra Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos activistas tzotziles de Los Altos de Chiapas.

Dicho documento relató que ambos defensores sufrieron desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. Debido a esto, ambos habían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades, pero según los relatores no se actuó con la debida diligencia para investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En su respuesta, el Gobierno de México confirmó que ambos defensores fueron incorporados al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023; sin embargo, en una entrevista con Grupo Fórmula en octubre de 2024, Pérez Pérez reconoció que las medidas eran insuficientes: “A veces también la policía nos dicen que no tienen ni para gasolina para acompañarnos”, dijo.

José Vásquez Gutiérrez, compañero defensor de Pérez Pérez, señaló en entrevista con Aristegui Noticias que una semana antes del crimen ambos recibieron el aviso de que había espías vigilándolos y los iban a matar.

“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató al exterior de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió declaración el 29 de octubre.

Pérez Pérez es el tercer defensor indígena asesinado desde 2021. Antes fueron el catequista Simón Pedro Pérez López, en Simojovel, en julio de 2021; el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado el 11 de agosto de 2021; y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, en octubre de 2024, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En Chenalhó, desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó. Reynaldo Pérez y Vásquez acompañaban a esas familias desplazadas.

Además, Pérez Pérez colaboraba con la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz” y participaba como mediador en conflictos agrarios en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.