Urge Amnistía Internacional justicia tras el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez en Chiapas

Amnistía Internacional exigió a las autoridades de Chiapas investigar con debida diligencia el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos asesinado a balazos el miércoles 28 de octubre en el municipio de Chenalhó. El organismo reclamó que se considere su labor de defensa de derechos humanos como línea de investigación.

Pérez Pérez, indígena tzotzil, era beneficiario desde 2023 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Antes de su muerte había denunciado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados en su contra.

El reclamo de Amnistía Internacional

El asesinato de Reynaldo Pérez evidencia los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México y la urgencia de garantizarles una protección efectiva. Amnistía Internacional expresó su solidaridad con la familia del defensor y exigió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas garantizarle acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

El organismo también llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a revisar y fortalecer sus medidas, con el fin de prevenir nuevas agresiones y evitar que las amenazas contra defensores culminen en asesinatos.

Amnistía Internacional instó además al gobierno de Chiapas a atender las causas estructurales del desplazamiento forzado interno y a garantizar protección, asistencia humanitaria y condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan ejercer sus derechos, incluido el retorno voluntario y seguro a sus comunidades.

Crisis de desplazamiento forzado en Chiapas

Amnistía referenció los datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), para asegurar que en Chiapas suman ya 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno. La organización describió hace cuatro años la situación en los alrededores de Chenalhó: “Estamos en un escenario de guerra como consecuencia del abandono y la complicidad de los gobiernos, por lo que han proliferado los ataques armados”.

En la región fronteriza con Guatemala persiste una crisis de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales que, desde 2021, ha obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares. Muchas continúan desplazadas, sin acceso a refugios seguros ni a la atención humanitaria que necesitan, y expuestas a nuevas agresiones.

Patrón de violencia contra defensores

Entre 14 y 20 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026, según registros de monitoreo independiente. A esta violencia se suman 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC, de los cuales al menos cuatro derivaron en homicidios.

Cómo murió Reynaldo Pérez

El crimen ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, según reconstruyó el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, se acercaron a la víctima y dispararon con arma corta.

Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Llaven precisó que, hasta ese momento, no existía ninguna línea de investigación concreta y describió el hecho como “aislado”, sin elementos para vincularlo a algún conflicto político o social en la región.

El fiscal adelantó que realizarán “un recuento cronológico de qué pasó momentos antes, dónde estuvo antes” de la víctima, con el fin de precisar una línea de investigación. Reveló además que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo llamó personalmente para pedirle que supervisara el caso, por lo que se trasladó a San Cristóbal de Las Casas.

En una publicación posterior en Facebook, Llaven informó que se encontraba en esa ciudad “por acuerdo de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez”, y confirmó la designación de un grupo especial para las diligencias correspondientes. El funcionario describió a Pérez como una persona “muy activa”, que ofrecía servicios como abogado y asesor de víctimas y a quien era habitual ver en las oficinas de la Fiscalía Indígena, Zona Altos.

“Habrá cero impunidad”, aseguró Llaven, quien añadió que los responsables “van a enfrentar la justicia”.

Más de una década de defensa a comunidades desplazadas

Pérez Pérez fue uno de los propios desplazados de Santa Martha, en Chenalhó, y sobrevivió al ataque armado de 2023 que dejó al menos siete muertos entre la población desarraigada.

El defensor representaba a 63 familias tzotziles de esa comunidad, expulsadas de sus viviendas el 24 de junio de 2022 por grupos señalados como paramilitares. Meses después, en octubre de ese año, otras 130 personas indígenas fueron desplazadas de la misma zona, y cinco indígenas tzotziles fueron reportados como desaparecidos.

La comunicación de la ONU y las denuncias previas del defensor

La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con los relatores especiales Morris Tidball-Binz, Gina Romero y Albert K. Barume, enviaron al Gobierno de México la Comunicación Conjunta AL MEX 1/2025 el 17 de febrero de 2025.

El documento alertó sobre ataques contra Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos defensores indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas. Según esa información, Pérez colaboraba con la organización Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz, mientras que Vásquez Gutiérrez era miembro de Las Abejas de Nuevo Yibeljoj.

Los relatores precisaron que ambos presentaron al menos tres denuncias ante las autoridades correspondientes, las cuales no actuaron con diligencia para investigar las agresiones ni sancionar a los responsables. La información recibida por la relatora sugería que funcionarios públicos habrían estado involucrados en esas agresiones.

El Estado mexicano respondió el 6 de marzo de 2025, en un informe transmitido por la Misión Permanente de México en Ginebra el 1 de abril. El documento confirmó que ambos defensores fueron incorporados formalmente al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023, aunque el listado de medidas implementadas apareció sin contenido visible en la versión pública del informe.

Pérez Pérez encabezó durante años gestiones, mesas de diálogo y movilizaciones para exigir al gobierno de Chiapas condiciones de seguridad que permitieran el retorno de esas familias a sus hogares, demandas que no lograron concretarse.

Además de su acompañamiento a los desplazados, fungió como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, en Los Altos de Chiapas, y se desempeñaba como asesor externo del ayuntamiento de Pantelhó.