El linaje político de Inés Gómez Mont: entre un fundador del PAN y un secretario de Gobernación

El nombre de Inés Gómez Mont está asociado no sólo al mundo de la farándula, en donde destacó como conductora de televisión antes de sus problemas legales, su apellido también tiene historia dentro del mundo de la política mexicana.

Un secretario de Gobernación y un fundador del Partido Acción Nacional destacan dentro de la familia Gómez Mont y, de hecho, dos de los primeros de la presentadora son quienes están a cargo de su defensa.

El interés alrededor de la conductora volvió a dispararse luego de que fuera detenida en Florida el pasado viernes 30 de octubre tras pasar cinco años prófuga de la justicia mexicana. La ex conductora de Ventaneando está acusada de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada.

La familia Gómez Mont en la política

Felipe Gómez Mont, abuelo de Inés, fue uno de los fundadores e ideólogos del Partido Acción Nacional (PAN), el partido de oposición que décadas después llegaría al poder federal en México. Su nombre quedó inscrito en la historia política del país como parte del grupo de abogados y pensadores conservadores que le dieron forma al PAN en 1939.

El legado del abuelo de Inés no se limitó a la política partidista. Su familia mantuvo presencia en los círculos jurídicos del país a través de la firma de abogados Zinzer, Esponda y Gómez-Mont, una de las más reconocidas en México, donde varios integrantes del clan han sido socios a lo largo de los años.

Fernando Gómez Mont Urueta, tío de la conductora, es uno de los abogados penalistas más conocidos de México. Ocupó la Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación entre 2008 y 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, tras el fallecimiento de Juan Camilo Mouriño en un accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008.

Antes de ese cargo, Fernando había sido diputado federal por el PAN en 1991. Esta red familiar vinculó a Inés desde temprano con los círculos más visibles del país. Su nombre volvió a la conversación pública cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante la administración de Calderón se triangularon más de 2 mil millones de pesos a empresas vinculadas con el caso del exsecretario Genaro García Luna.

Miguel Gómez Mont Urueta, el otro tío de Inés, fue director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de 2006 a 2010. Su gestión quedó marcada por un episodio que terminó con su destitución: una pelea que protagonizó durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Antes de su paso por el gobierno, Miguel tuvo una larga trayectoria en el sector privado. Fue fundador y primer presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI), además de director general adjunto y vicepresidente ejecutivo de Corporación GEO durante casi dos décadas. Falleció el año pasado.

A través de la firma Zinser, Esponda y Gómez Mont, el círculo directo de la presentadora consolidó una red de litigantes con alta presencia en tribunales federales. Este despacho asumió a lo largo de décadas la defensa penal de empresarios, exfuncionarios y grupos corporativos en litigios mercantiles de alta cuantía.

De esa misma estirpe jurídica provienen los primos de Inés, Pablo y Felipe Gómez Mont, litigantes que tomaron la representación formal ante los juzgados federales que libraron los mandamientos de captura en su contra.

Fernando Gómez Mont reconoció ante Adela Micha estar detrás de la defensa de su sobrina

Cuando el caso judicial contra Inés se hizo público, su tío Fernando salió a dar la cara. En una entrevista con la periodista Adela Micha, el exsecretario de Gobernación reconoció estar involucrado en la defensa de su sobrina, aunque aclaró que lo hacía sin “responsabilidad profesional” formal. Señaló que los abogados formalmente a cargo del caso eran sus primos Felipe y Pablo Gómez Mont.

Fernando también anunció en esa entrevista que el equipo de defensa buscaría la reparación del daño. Sus declaraciones llegaron después de que la exsuegra de Inés, Tita Bravo, publicara en redes sociales un mensaje en el que afirmaba que la conductora era “cobijada por su tío Fernando”, señalamiento que el exfuncionario salió a matizar públicamente.

Inés, por su parte, nunca habló públicamente sobre sus lazos familiares con la política. Desde el inicio del caso, en 2019, se limitó a declarar que era totalmente inocente y a rechazar la información en su contra. Su última aparición pública conocida antes de su detención fue en enero de 2023, cuando publicó un mensaje en Instagram para agradecer una rectificación por parte de un medio de comunicación nacional relacionada con una orden de aprehensión por defraudación fiscal.

El intento de acuerdo reparatorio por 13.5 millones de pesos

Antes del escalamiento a tribunales federales, la defensa de la conductora intentó cerrar la vía penal en 2019. Gómez Mont cubrió un pago voluntario de 13.5 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solventar presuntas inconsistencias en el ejercicio del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 2016.

Aunque el acuerdo pretendía extinguir la acción persecutoria de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el arreglo fiscal. El Ministerio Público federal reclasificó la indagatoria bajo el esquema de delincuencia organizada.

Esa reclasificación procesal bloqueó cualquier criterio de oportunidad y obligó a los jueces de control a emitir órdenes de aprehensión sin derecho a fianza ni suspensión provisional mediante amparo.

Los contratos en Gobernación y la acusación contra Álvarez Puga

La acusación que derivó en la intervención de Interpol apunta directamente a la pareja de la conductora, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como operador de una red de despachos factureros orientados a la simulación fiscal y dispersión de recursos públicos.

La causa penal judicializada por la FGR documenta el presunto desvío de dos mil novecientos cincuenta millones de pesos emitidos a través de contratos de seguridad asignados al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entidad adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Dichos convenios se adjudicaron en 2016 a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta interconexión tecnológica de siete penales federales. Las auditorías hacendarias determinaron que los servicios fueron simulados y que la proveedora operaba como empresa fantasma.

El expediente detalla que los recursos asignados a centros penitenciarios se triangularon a más de 1,400 operaciones bancarias hacia empresas fantasma antes de recaer en cuentas personales y mercantiles del matrimonio. De ese modo, la investigación por lavado de dinero terminó alcanzando a la misma secretaría de Estado que su familia encabezó años atrás.

En noviembre de 2018, un día antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Comité de Transparencia de la propia Segob clasificó los contratos bajo reserva durante cinco años bajo el argumento de seguridad nacional, un candado que retrasó la judicialización del caso federal.

Con su captura en el sur de Florida, Inés Gómez Mont encara un proceso de extradición que pondrá a prueba no solo los argumentos de su defensa legal, sino la solidez del expediente formulado por la Fiscalía General de la República.

El caso coloca frente a los tribunales federales a una de las figuras más visibles de la televisión mexicana, cuyo apellido quedó entrelazado con las estructuras de poder y las decisiones públicas que marcaron al país durante las últimas décadas.