Una mujer mexicana se declara culpable en EEUU de haber fingido ser secuestrada por agentes federales

Yuriana Julia Pelaez Calderón, inmigrante mexicana en situación irregular se declaró culpable de orquestar un secuestro falso y de culpar a agentes federales de inmigración por ese hecho, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Pelaez Calderón, de 43 años y residente del sur de Los Ángeles, admitió un cargo de conspiración para impedir, obstruir, perjudicar y frustrar las funciones legales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dentro de la jurisdicción federal.

El cargo y la sentencia que enfrenta Calderón

Calderón se declaró culpable ante el juez de distrito Stephen V. Wilson, quien fijó la audiencia de sentencia para el 8 de febrero de 2027. En esa fecha, Calderón se enfrentará a una pena máxima legal de cinco años de prisión federal.

Según su acuerdo de culpabilidad, en junio de 2025 HSI realizaba funciones gubernamentales legítimas, entre ellas la gestión de amenazas creíbles a la seguridad pública, como el secuestro. Fue en ese contexto cuando Calderón decidió fingir su propia detención.

Calderón admitió que, entre junio y julio de 2025, simuló haber sido detenida por agentes federales o por personas que actuaban en su nombre. La investigación estuvo a cargo de la División de Delitos Financieros de El Camino Real de HSI, una unidad interinstitucional de HSI Los Ángeles que agrupa a investigadores federales y estatales.

Cómo se fabricó el engaño

El 25 de junio de 2025, Calderón le dijo falsamente a una persona que “inmigración” se la estaba llevando mientras se encontraba dentro o cerca de un restaurante de comida rápida. Según documentos judiciales, afirmó que los funcionarios habían “encendido las luces” y “amenazado con romperle la ventana”.

Dos días después, el 27 de junio, llamó a un miembro de un grupo de defensa de los derechos de los inquilinos y afirmó que las “autoridades” la habían llevado a San Ysidro, donde ella y otros habrían sido presionados para firmar documentos de desalojo voluntario.

Ese mismo día, en una tercera llamada, aseguró que la habían trasladado a un almacén en un lugar desconocido, donde permanecía retenida junto a otros detenidos. El 28 de junio modificó nuevamente la versión: dijo estar junto a alguien del centro de inmigración “B-18” en Los Ángeles y a otra persona “recogida en una gasolinera en Bakersfield”.

La repercusión mediática y el encubrimiento

Las mentiras de Calderón derivaron en la difusión de información falsa a medios de comunicación y a las fuerzas del orden. Según esa versión, Calderón había sido “secuestrada” por hombres enmascarados vestidos de civil que conducían un vehículo sin distintivos y que actuaban como agentes federales o como sus intermediarios.

El 30 de junio de 2025, activistas comunitarios ofrecieron una rueda de prensa en Los Ángeles donde otras personas repitieron el relato de Calderón y exigieron su liberación. Mientras esa cobertura se difundía, Calderón permanecía oculta en Bakersfield, al tanto de lo que se decía en los medios.

El 3 de julio, en una nueva llamada con identificador bloqueado, Calderón afirmó que sería liberada pronto debido a la amplia cobertura mediática que había alcanzado el caso.

La simulación de la liberación en el condado de Tulare

Ese mismo día, Calderón viajó de Bakersfield al condado de Tulare para escenificar su supuesta liberación. Se acercó a una persona del lugar y le dijo que la “Patrulla Fronteriza” acababa de dejarla en libertad.

A esa misma persona le pidió que fuera testigo en el “caso” que planeaba iniciar contra la Patrulla Fronteriza, con la intención declarada de demandar a la agencia.

Como parte del montaje, Calderón alteró su apariencia física para simular que había sido maltratada durante la supuesta detención. Un cómplice fotografió esa apariencia alterada, imágenes que formaban parte del relato que buscaba sostener frente a terceros.

El ocultamiento final y el cierre de la investigación

Entre el 3 y el 5 de julio de 2025, Calderón apagó sus teléfonos y se negó a responder las llamadas de los agentes de la ley que la buscaban. Además, pidió a otras personas que hicieran lo mismo, con pleno conocimiento de que las autoridades intentaban ubicarla.

Según el acuerdo de culpabilidad, Calderón sabía, o tenía motivos para saber, que las fuerzas del orden destinarían recursos a buscarla a raíz de sus falsas denuncias de secuestro.

Las fiscales adjuntas Lana Morton Owens, de la División de Seguridad Nacional, y Matthew J. Tako, de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, están a cargo del caso.