Documentos, empleo y salud: colectivos piden al Gobierno de Sheinbaum garantizar la reinserción de personas que salen de prisión

Colectivos de personas liberadas, familiares, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos piden al actual gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, fortalecer los servicios postpenales para que quienes salen de prisión tengan acceso a vivienda, documentos, salud, empleo y redes familiares que les permitan sostener su libertad.

La organización EQUIS Justicia para las Mujeres difundió un pliego petitorio impulsado por Art20MX que reúne 22 peticiones concretas dirigidas a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación; Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, y otras autoridades federales y estatales.

El documento sostiene que la salida de prisión no debe representar una nueva etapa de abandono institucional, por lo que las personas firmantes exigen que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de reinserción social y servicios postpenales para que las personas liberadas puedan ejercer sus derechos y reconstruir su proyecto de vida.

Piden alojamiento, traslados y apoyos económicos tras la liberación

Entre las solicitudes está la creación de casas de medio camino, albergues o residencias temporales para personas próximas a egresar o recién liberadas que no tengan vivienda, recursos económicos o redes familiares. Estos espacios deben ofrecer alojamiento, alimentación, higiene, orientación social, acompañamiento psicológico y asesoría para la incorporación a la vida comunitaria.

El pliego también solicita un programa de traslado desde el centro penitenciario hasta el domicilio, una casa de medio camino o un sitio de recepción previamente identificado.

La propuesta contempla pasajes, transporte terrestre, viajes de larga distancia y asistencia para personas con discapacidad, adultas mayores o con problemas de salud.

Las organizaciones piden un apoyo económico de emergencia durante los primeros días o meses posteriores a la salida de prisión.

Este recurso serviría para cubrir alimentación, artículos de higiene, ropa, medicamentos prescritos, transporte, documentación y otros gastos indispensables para iniciar una vida independiente.

Para personas sin familia, domicilio, dinero o alguien que pueda recibirlas, solicitan mecanismos de identificación y atención prioritaria.

La propuesta establece que ninguna persona en condición de vulnerabilidad debe quedar sin una evaluación de necesidades ni una ruta de canalización a servicios públicos y sociales.

Plantean empleo, estudios y apoyo para emprender

Las personas firmantes solicitan programas gratuitos de capacitación laboral, actualización tecnológica, formación técnica, educación financiera, habilidades digitales y emprendimiento. También piden que se evalúen y certifiquen competencias adquiridas antes o durante el internamiento, además del reconocimiento de estudios y experiencia laboral previa.

El documento plantea convenios entre autoridades, empresas privadas, cámaras empresariales, organizaciones civiles e instituciones públicas para impulsar la contratación de personas egresadas del sistema penitenciario.

La propuesta incluye una bolsa de trabajo especializada, intermediación laboral y campañas contra la discriminación por antecedentes penales.

También solicitan una ruta de atención para quienes busquen iniciar un negocio, integrarse a cooperativas o desarrollar proyectos de autoempleo.

Esta atención incluiría asesoría para planes de negocio, capacitación administrativa y fiscal, acceso a incubadoras y vinculación con programas de financiamiento o apoyos productivos.

En materia educativa, el pliego pide orientación y vínculos con instituciones para concluir estudios básicos, medios superiores y superiores. También propone becas, materiales y mecanismos de reincorporación académica para personas que interrumpieron su formación por estar privadas de la libertad.

Buscan garantizar documentos, salud y orientación jurídica

Uno de los planteamientos es brindar asistencia gratuita para obtener o recuperar actas del Registro Civil, CURP, identificación oficial y comprobantes de situación fiscal. El objetivo es que las personas liberadas cuenten con documentos para acceder al empleo, la salud, la educación, programas sociales y servicios bancarios.

El documento solicita mecanismos de coordinación entre instituciones para reducir las barreras administrativas que enfrentan las personas al salir de prisión.

También plantea orientación jurídica para obtener constancias de antecedentes penales, corregir registros inexactos y tramitar la cancelación o actualización de datos cuando la ley lo permita.

Las organizaciones piden continuidad en la atención médica, psicológica y psiquiátrica. La propuesta contempla acceso a medicamentos, seguimiento de enfermedades crónicas, atención de salud mental, tratamiento de adicciones cuando corresponda y canalización efectiva a instituciones públicas de salud.

El pliego incluye asesoría para recuperar documentos, pertenencias, bienes, cuentas o recursos que hayan quedado sujetos a aseguramiento, inmovilización o controversia. El servicio deberá canalizar a las personas ante las autoridades competentes, sin sustituir los procedimientos judiciales o administrativos aplicables.

Mujeres liberadas piden apoyo para recuperar vínculos con sus hijos

El documento plantea un programa específico para mujeres que salen de centros penitenciarios, con alojamiento seguro, prevención y atención de la violencia, salud integral, cuidado de hijas e hijos, asesoría familiar, capacitación laboral, autonomía económica y redes comunitarias de apoyo.

Las firmantes solicitan asesoría y representación jurídica gratuita para madres que requieran recuperar la guarda y custodia de sus hijas e hijos, restablecer la convivencia familiar o regularizar su condición jurídica familiar. La atención debe considerar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin prejuzgar las decisiones de las autoridades judiciales.

También piden la intervención del DIF en la reinserción de mujeres madres. La propuesta señala que deben tener acceso, control y seguimiento sobre la situación de sus hijos, conocer dónde están, con quién viven y cuáles son sus necesidades, sobre todo por la distancia y el costo que enfrentan muchas mujeres para recibir visitas.

El pliego solicita apoyo jurídico para las mujeres que perdieron la custodia de sus hijos y para quienes busquen volver a ejercer su derecho a la maternidad después de salir de prisión.

Solicitan seguimiento individual, transparencia y respuestas por escrito

La propuesta pide que cada persona que lo requiera tenga un plan individual de atención postpenal, elaborado con su participación.

Este mecanismo deberá identificar servicios, instituciones responsables, referencias, seguimiento y metas para acceder a vivienda, salud, educación, empleo, documentos y reunificación familiar.

Las organizaciones solicitan coordinación entre Prevención y Reinserción Social, autoridades federales y estatales, servicios de salud, escuelas, autoridades laborales, sistemas de asistencia social, defensorías públicas y organizaciones civiles. También piden directorios actualizados, convenios y procedimientos para evitar que las personas recorran varias instituciones sin recibir atención.

Entre las peticiones al Órgano Administrativo Desconcentrado está el envío oportuno de estudios de preliberación a las mujeres que los soliciten antes de sus audiencias.

También exigen que el 25 de noviembre haya una disculpa pública por los suicidios dentro del CPS 16, en Morelos.

El documento pide la publicación de los convenios de servicios postpenales que las autoridades aseguran tener, con datos de empresas, instituciones, organizaciones y medios de contacto. También propone una reunión virtual con gobernadores para coordinar los servicios de reinserción postpenitenciaria en cada estado.

Las personas firmantes solicitan que los acuerdos de las mesas de trabajo queden asentados en minutas firmadas por titulares y responsables. Piden eliminar el lenguaje de “ponerse a disposición” cuando no exista una orden judicial que lo justifique.

Finalmente, demandan información pública sobre programas postpenales, reglas de operación, requisitos, cobertura territorial, presupuesto, número de personas atendidas, servicios y resultados.

También piden que las autoridades respondan por escrito, de forma fundada y motivada, a cada una de las peticiones y comuniquen cuáles medidas ya existen, cuáles requieren fortalecimiento y cuáles podrían implementarse mediante coordinación institucional.