Madres buscadoras denuncian que habría alrededor de 400 cuerpos sin identificar en Sinaloa

La madre buscadora Micaela González denunció que más de 400 cuerpos permanecían sin identificar en la zona centro de Sinaloa, un rezago que, según las familias de personas desaparecidas, requería personal exclusivo, recursos públicos y continuidad en los trabajos del centro de resguardo donde se revisaban restos de fosas comunes.

La integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa y del colectivo Armadillos Rastreadores Sinaloa sostuvo que el Servicio Médico Forense les informó sobre la acumulación de cuerpos. La cifra era un cálculo compartido con las familias, no un registro oficial confirmado.

González señaló que algunos cadáveres estaban encimados dentro de las instalaciones. Ante ello, planteó que el estado necesitaba una política pública enfocada únicamente en la identificación de personas desaparecidas, separada de la atención cotidiana de los casos que ingresaban recientemente.

“Pero si hay un acúmulo de cuerpos, nosotros hablamos ahí con los de Semefo y nos dijeron que tenían incluso ya como amontonados los cuerpos, como más de 400 cuerpos que están encimados. Yo creo que sí se necesita ya generar una política que sea destinada solamente a trabajar con lo que son los cuerpos del tema de desaparecidos”, expresó al portal local Línea Directa.

Las familias pidieron personal exclusivo para identificar cuerpos

Las buscadoras habían solicitado una reunión con el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para conocer el estado de los procedimientos forenses. También buscaban dialogar con la responsable del área, identificada como la maestra Cindy, ante la falta de resultados que percibían en la identificación de restos.

La madre buscadora explicó que el personal disponible no alcanzaba para atender el volumen de trabajo acumulado. Por esa razón, los colectivos propusieron crear una plantilla de trabajadores dedicada exclusivamente a la identificación forense de cuerpos y restos recuperados.

Durante una reunión previa con la Fiscalía, las familias recibieron información sobre una necesidad presupuestal estimada en 90 millones de pesos para atender la identificación forense. González indicó que esperaban que el presupuesto de 2027 contemplara recursos suficientes para disminuir el rezago.

Las familias consideraron que las autoridades habían concentrado sus esfuerzos en los casos recientes, mientras las desapariciones de larga data seguían sin avances suficientes. González estimó que el número de cuerpos pendientes de identificar podía ser mayor por la violencia registrada en los últimos años y las investigaciones acumuladas.

Las muestras de ADN también enfrentaron faltantes de información

Otro de los reclamos se relacionó con las muestras genéticas entregadas por familiares de personas desaparecidas. González relató que algunas personas acudieron al área de genética y recibieron como respuesta que faltaba el cuadro familiar complementario para realizar las confrontas correspondientes.

La falta de esos elementos impedía comparar perfiles genéticos y avanzar en la identificación de cuerpos. Las familias pidieron información clara sobre el manejo de las muestras de ADN, los requisitos pendientes y las etapas necesarias para obtener resultados.

A ese problema se sumó la suspensión de los trabajos relacionados con fosas comunes en el centro de resguardo. González afirmó que les habían comunicado que iniciaría una nueva etapa para procesar los restos recuperados, pero no observaron que las actividades se reanudaran.

Las familias tampoco tenían acceso directo a las instalaciones, lo que limitaba la información que podían obtener sobre los procedimientos, los restos bajo resguardo y el avance de los trabajos. La buscadora pidió que la Fiscalía mantuviera comunicación transparente sobre la fecha de reinicio y las labores previstas.

Micaela González mantiene la búsqueda de sus hijos desde 2012

González fue madre de dos hijos que desaparecidos tras una detención atribuida por ella a servidores públicos el 27 de noviembre de 2012 en Culiacán. En distintos testimonios, identificó a sus hijos como Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Giovanni Lozoya González, y señaló que nunca fueron presentados ante una instancia pública después de que se los llevaron.

La integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda sostuvo que, durante los primeros años, las familias realizaron las búsquedas sin acompañamiento institucional. Relató que ingresaban a zonas de riesgo para buscar indicios y que enfrentaron amenazas, intimidaciones e incluso detenciones.

Entre 2016 y 2017, las familias comenzaron a incorporarse a colectivos y brigadas de búsqueda. González consideró que esa organización les permitió obtener acompañamiento para continuar con investigaciones, recorridos en campo y exigencias ante las autoridades.

“Quienes seguimos haciendo el trabajo que le corresponde a la fiscalía y a las comisiones de búsqueda somos las familias buscadoras”, afirmó. También lamentó que menos personas denunciaran desapariciones por temor a represalias relacionadas con la violencia y las amenazas de grupos criminales.

Las jornadas de búsqueda requerían acompañamiento de elementos de Defensa y Marina por el riesgo en distintas regiones de Sinaloa. González aseguró que las familias suspendieron algunos recorridos después de recibir avisos sobre narcolaboratorios clandestinos o presencia de grupos armados en las zonas donde pretendían buscar.

“Sin seguridad no podemos salir”, advirtió la buscadora al referirse a las condiciones en que las familias continuaban los recorridos. Su demanda incluyó fortalecer las investigaciones, garantizar protección durante las búsquedas y dar seguimiento a los casos de desaparición de larga data.

La experiencia de familiares de personas desaparecidas también quedó reunida en la “Guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras”, presentada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. El material fue elaborado por Silvia Ortiz Solís, Micaela González González y Fabiola Pensado Barrera.

La guía reunió conocimientos adquiridos en capacitaciones forenses, tecnologías de rastreo y derechos humanos. Su contenido buscó orientar a las familias desde los primeros momentos de una desaparición, con información sobre instancias a las que podían acudir, documentos necesarios y formas de registrar las actuaciones de las autoridades.

El documento planteó dos rutas de búsqueda: bajo presunción de vida y búsqueda forense. La primera consideró las primeras 24 horas posteriores a la desaparición y la revisión de centros penitenciarios, albergues, centros de rehabilitación, hospitales e instituciones públicas.

La búsqueda forense incluyó recorridos en campo y preparación para distinguir restos óseos humanos de animales, así como la clasificación de materiales útiles para una identificación. La guía también abordó geolocalización, registros de llamadas, conservación de grabaciones de videovigilancia y el resguardo documental de cada gestión realizada por las familias.