PAN pide a gobernadora de Baja California explicar vínculo con empresa sancionada por EEUU por presunto nexo con Cártel de Sinaloa

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió este 30 de septiembre a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, explicar de manera pública y documentada su relación pasada con Vida Orgánica Tijuana, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de una presunta red vinculada con el Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, el PAN señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó el pasado 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

La autoridad estadounidense sostuvo que Carlos Torres habría usado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlas de acciones gubernamentales y policiales en Baja California.

Dicha dependencia estadounidense incluyó en la misma lista a Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., identificada actualmente como una empresa propiedad o bajo control de Luis Torres. Ávila Olmeda no aparece entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro.

Marina del Pilar cedió su participación en abril de 2023

De acuerdo con el comunicado panista, información publicada el miércoles documenta que la gobernadora fue socia fundadora de la compañía y cedió su participación en abril de 2023, antes de que Estados Unidos anunciara las sanciones. Romero Herrera sostuvo que esa relación empresarial previa debe ser aclarada.

“Estamos hablando de señalamientos extremadamente graves provenientes de una autoridad extranjera contra personas que estuvieron en el círculo inmediato de la gobernadora. Nadie puede prejuzgar responsabilidades, pero tampoco puede pretender que aquí no pasó nada. Baja California merece explicaciones completas y transparentes”, afirmó el dirigente partidista.

El presidente del PAN recordó que, en mayo de 2025, autoridades de Estados Unidos revocaron las visas de Marina del Pilar y de quien entonces era su esposo. El Gobierno estadounidense no hizo públicos los motivos de la cancelación del documento migratorio de la mandataria.

Romero Herrera señaló que corresponde a las autoridades mexicanas determinar si existe algún hecho que amerite una investigación. También pidió evitar acusaciones sin sustento y cualquier intento de cerrar anticipadamente el caso.

“No estamos pidiendo condenas políticas ni juicios anticipados. Estamos exigiendo algo elemental: que se investigue, que se transparente y que se explique. Cuando una autoridad extranjera señala una estructura de presunta protección política al crimen organizado en un estado fronterizo, el gobierno mexicano no puede simplemente guardar silencio”, sostuvo.

PAN pide esclarecer vínculos de funcionarios con la red señalada

El dirigente partidista recordó que la autoridad estadounidense aseguró que la red de corrupción vinculada con el Cártel de Sinaloa habría alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California. Por ello, consideró necesario esclarecer qué funcionarios tuvieron relación con las personas mencionadas y si existieron actos u omisiones que permitieran la operación de organizaciones criminales.

Romero Herrera subrayó que la gobernadora tiene derecho a deslindarse de las actividades atribuidas a su exesposo y que no puede presumirse responsabilidad alguna únicamente por una relación personal o empresarial previa. Aun así, sostuvo que los datos expuestos hacen necesaria una explicación pública con documentos.

“Las familias de Baja California merecen saber qué ocurrió, quiénes participaron y hasta dónde llegaron estas redes. La lucha contra el crimen organizado no admite complicidades ni encubrimientos, sin importar de qué partido sea el gobierno”, concluyó.

Carlos Torres niega vínculos con La Mayiza y anuncia gestiones ante Estados Unidos

El exfuncionario Carlos Alberto Torres Torres negó el pasado 29 de septiembre los señalamientos de la OFAC que lo vinculan con La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa, y anunció que iniciará gestiones ante autoridades de Estados Unidos para esclarecer la sanción que lo incluye entre 21 personas y 25 entidades señaladas por presuntos nexos con la organización criminal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como un presunto operador político aliado de El Ruso. Según la acusación, Torres Torres habría usado su influencia para proteger las actividades del grupo criminal en Baja California, particularmente frente a autoridades de Mexicali.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, rechazó todo vínculo ilícito: “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”.

Empresa vinculada a Carlos Torres registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos

Torres Torres sostuvo que la única compañía mencionada por la OFAC en la que participa es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., de la que posee 30%. La empresa opera el mercado de productos orgánicos Vive Orgánico, ubicado en el bulevar de las Américas 5117, colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana.

El negocio registra ventas promedio de 570 mil pesos mensuales. Torres afirmó que acudirá a la OFAC y a otras autoridades para refutar la información.

“Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, expuso.

También aseguró que los señalamientos comenzaron con denuncias anónimas presentadas ante la FGR en 2025. Añadió que hasta ahora no ha sido citado a comparecer ante alguna autoridad para responder a las acusaciones.

El exfuncionario afirmó ser “el más interesado” en que concluyan las diligencias, pues busca que se descarte cualquier relación con los hechos que investiga la autoridad estadounidense.