Marina del Pilar dejó de figurar como socia de empresa ligada por EEUU al Mayito Flaco 19 días antes de sanción de la OFAC

El nombre de de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, desapareció del registro público de una empresa que Estados Unidos vinculó este martes con el Cártel de Sinaloa, apenas 19 días antes de que el Departamento del Tesoro anunciara las sanciones.

La mandataria fundó Vida Orgánica Tijuana en 2020, cuando todavía era alcaldesa de Mexicali, junto con su entonces esposo, Carlos Torres Torres, señalado ahora dentro de la red financiera de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, líder de Los Mayos.

La gobernadora cedió sus acciones mediante un acta notarial firmada en 2023, pero ese cambio no se inscribió en el Registro Público de Comercio de Tijuana sino hasta el 10 de septiembre de 2026, apenas 19 días antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hiciera pública, el 29 de septiembre, la lista de 25 empresas sancionadas.

El caso se suma a un año marcado por escándalos para la gobernadora, en torno a la cancelación de su visa estadounidense y la filtración de audios en los que se le escucha negociar con presuntos intermediarios de agencias de Estados Unidos.

Qué es Vida Orgánica Tijuana, la empresa sancionada

Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., opera comercialmente como Vive Orgánico, un mercado de productos naturales ubicado en el bulevar de Las Américas, en Lomas de Agua Caliente, Tijuana. Vende jugos prensados, kombucha, chicharrón de cerdo estilo keto, carnes orgánicas y mariscos, además de opciones para dietas veganas y sin gluten.

La empresa se constituyó el 9 de noviembre de 2020, poco más de un año después de que Ávila Olmeda y Torres Torres contrajeran matrimonio, el 20 de septiembre de 2019. En ese momento, la gobernadora ocupaba la alcaldía de Mexicali, cargo que ejerció entre octubre de 2019 y marzo de 2021.

El capital inicial fue de 100,000 pesos, repartido entre siete socios. Documentos del acta original muestran que Marina del Pilar Ávila Olmeda aportó 15,000 pesos, la misma cantidad que Carlos Alberto Torres Torres, mientras que el hermano de este, Luis Alfonso Torres Torres, asumió el cargo de gerente general con una parte social equivalente.

El accionista con mayor participación nunca fue de la familia Torres. Juan Manuel Lameiro Camacho, quien se desempeñaba como gerente administrativo y completaba la sociedad junto con Luis Jaime Lameiro Camacho, María del Socorro Terrazas Ciapara y Miriam Miranda Hernández, aportó 20,000 pesos, el monto más alto del capital inicial.

Por qué la rectificación se registró apenas 19 días antes de las sanciones

El instrumento notarial que documentó la salida de la gobernadora de la sociedad tiene fecha del 3 de mayo de 2023, firmado ante el notario público número 31 de Tijuana, Rodrigo Quiñones Illades. Entre esa fecha y la inscripción del cambio en el Registro Público de Comercio transcurrieron más de tres años.

El trámite que finalmente asentó la modificación se presentó como “rectificación por error material”. El expediente justifica la demora con una frase escueta: “por error involuntario se omitió asentar la participación social derivado de los acuerdos tomados por los socios”.

Con esa corrección, la participación de Carlos Torres se duplicó de 15,000 a 30,000 pesos, exactamente la suma que antes representaba la parte social de la gobernadora. La sociedad quedó integrada por seis socios en lugar de siete, y Marina del Pilar Ávila Olmeda dejó de aparecer en el listado.

Luego del anuncio de la OFAC, Carlos Torres reconoció públicamente ser accionista del 30% de Vida Orgánica y afirmó que el negocio genera ventas mensuales promedio de 570,000 pesos. “La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.”, declaró, y agregó que iniciará gestiones ante la agencia estadounidense para aclarar su situación, que atribuye a una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 sin que, según dijo, haya sido citado a comparecer.

“He resistido infamias, calumnias y mentiras”, el deslinde de la gobernadora

Tras conocerse las sanciones, el Gobierno de Baja California emitió un comunicado estructurado en cinco puntos en el que la mandataria aclaró que “está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres” y que el único interés que comparte con él es el bienestar de su hijo. El documento no menciona en ningún momento a Vida Orgánica Tijuana ni explica la modificación registral del 10 de septiembre.

El comunicado también precisó que Ávila Olmeda no figura entre las personas sancionadas por la OFAC, que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas.

La gobernadora instruyó además a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas señaladas por el Tesoro han contratado con el Gobierno estatal y a remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante medios, la mandataria fue más allá del texto oficial. “He resistido cinco años infamias, calumnias, mentiras, difamaciones de todo tipo. Voy a resistir los próximos once meses, que son los más importantes para cerrar la administración con resultados como los que estamos viendo”, declaró, y aclaró que ni ella ni su gobierno serán “voceros” de la situación de su exesposo.

Cuestionada sobre si su administración protegió a personas sancionadas por la OFAC, Ávila lo negó.

El comunicado de la OFAC no menciona a la mandataria pero sí ubica a su exesposo en el centro de un esquema de narcocorrupción vinculado a Los Rusos, facción de Los Mayos que opera en Mexicali bajo el mando de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, y señala a Luis Alfonso Torres Torres como el encargado de lavar sobornos a través de empresas y campañas políticas.

La visa cancelada y los audios que ya rodeaban a la gobernadora antes de la sanción

El nombre de Marina del Pilar ya estaba bajo escrutinio antes de que la empresa apareciera en la lista de la OFAC. El Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa de turista en mayo de 2025, junto con la de Carlos Torres, sin ofrecer una explicación pública sobre los motivos, en lo que se documentó como la primera revocación de este tipo a una gobernadora mexicana en funciones.

El 21 de junio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón difundió en su columna de El Universal un audio en el que se escucha a la gobernadora conversar con personas que se identificaron como asesores externos del FBI. En la grabación, los interlocutores le plantean una reunión en el consulado estadounidense en Tijuana para abordar “sanciones y cargos” que las autoridades de Estados Unidos podrían presentar en su contra.

Un segundo audio, publicado el 13 de julio, profundizó el escándalo. En esa grabación, un hombre identificado como asesor externo del FBI le advierte a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella y le ofrecen lo que describió como “la última oportunidad para frenar los cargos o sanciones a tiempo”. En la misma conversación, Ávila menciona su temor a ser sancionada específicamente por la OFAC.

La gobernadora reconoció que las voces en ambas grabaciones eran la suya, pero calificó los hechos como una “emboscada psicológica” orquestada, según su versión, por el exgobernador Jaime Bonilla.