Montachoques con policías: cómo operan las bandas en Tijuana y qué dicen las cifras en México

Policías municipales de Tijuana presuntamente colaboran con bandas de montachoques para provocar choques y extorsionar a automovilistas, según denunciaron víctimas entrevistadas por el semanario ZETA. Los hechos documentados ocurrieron entre mayo y septiembre en avenidas como la carretera Aeropuerto, el bulevar Bellas Artes y la Zona Río de Tijuana, donde agentes uniformados habrían favorecido los golpes y presionado a los afectados para que pagaran en efectivo.

Los montachoques son bandas que provocan o simulan accidentes viales para intimidar a conductores y exigirles dinero de forma inmediata, según la definición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México citada por Infobae. El grupo suele operar con dos o tres vehículos, fingir una llamada al número de emergencias 911 y presionar a la víctima antes de que intervenga la aseguradora.

La Fiscalía de Baja California investiga siete carpetas por montachoques con policías

La Fiscalía de Baja California abrió siete carpetas de investigación de mayo a la fecha y al menos cuatro de ellas señalan la participación de agentes municipales. “Y no todas las víctimas denuncian”, reconocieron investigadores citados por ZETA.

El 24 de julio, una camioneta Honda CR-V negra chocó por alcance a un vehículo con placas de California en la Zona Río. Los presuntos responsables, identificados como Víctor Antonio y Lucía, llamaron a un ajustador de nombre Osvaldo, quien cotizó un cobro de 54 mil pesos por el daño.

El abogado que acompañaba a las víctimas fue detenido por un oficial identificado con la unidad BC-222-A-1, que no portaba uniforme ni identificación. “Nosotros presumimos que hay un vínculo entre este policía, el ajustador y la banda de los montachoques”, declaró el representante legal al semanario.

El caso más grave ocurrió el 21 de mayo, cuando una patrulla se colocó frente a la camioneta Tacoma de Benjamín Hernández, residente de Oceanside, California. Tras el choque provocado, una mujer exigió 90 mil pesos y después robó el vehículo sin que el policía presente interviniera.

A Antonio Velázquez lo interceptaron también en mayo sobre la carretera Aeropuerto, cuando manejaba una Chevrolet Silverado. “Llegó una patrulla y el policía me dijo que si no le pagaba iría a la cárcel”, relató la víctima, que entregó 600 dólares y firmó un pagaré por su vehículo.

Juan Palos sufrió un choque similar el 7 de mayo en el bulevar Bellas Artes, en Otay, y pagó 2 mil 500 dólares tras la intervención de un policía que respaldó a la conductora responsable. Dos meses después, sin que la Fiscalía General del Estado localizara a los denunciados, Palos presentó el desistimiento de la denuncia.

El modus operandi de las bandas en Otay, Zona Río y Bellas Artes

El esquema de choques intencionales empezó a causar estragos en Baja California en 2020 y tuvo un período crítico en 2022. Las zonas de mayor operación actual son Otay, la carretera Aeropuerto, el bulevar Bellas Artes, Insurgentes y la Zona Río, según el mismo reporte.

Los delincuentes chocan, dan nombres falsos y fingen una llamada al 911 antes de que lleguen supuestos ajustadores en un lapso de cinco a diez minutos. Un investigador consultado explicó que las bandas atacan preferentemente autos con placas de Estados Unidos “porque generalmente ellos no les causan problema”.

El delito no está legislado de forma específica y se registra de tres maneras distintas en Baja California. Puede clasificarse como daño en propiedad ajena, con penas de un año y medio a tres años, o como fraude, que alcanza de cuatro a nueve años de prisión cuando el monto defraudado supera los 800 salarios mínimos.

El caso más violento se documentó el 20 de septiembre en Playas de Tijuana, cuando una pareja bloqueó el paso al automovilista César Moreno, de 60 años. La mujer lo hirió con una navaja en la extremidad inferior derecha, a la altura del fémur, y el hecho quedó reportado a las 16:20 horas como incidente de tránsito.

“Los policías municipales preventivos no tienen por qué tomar conocimiento de los choques; tienen la obligación de hablarle a un perito”, advirtió un investigador de la fiscalía estatal ante el semanario. La carpeta de Moreno llegó a la fiscalía hasta el 23 de septiembre y el delito aún no ha sido determinado oficialmente.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, José Alejandro Avilés Amezcua, informó que en los últimos tres meses la corporación detuvo a 10 presuntos responsables. Los detenidos operaban principalmente en el bulevar Insurgentes y la Vía Rápida, según declaró el funcionario ante reporteros.

Las cifras de montachoques en México y la Ciudad de México según Infobae

En la Ciudad de México, la modalidad fue identificada oficialmente por la SSC desde noviembre de 2020, cuando la dependencia emitió las primeras recomendaciones por denuncias de posibles extorsiones viales.

El 3 de enero de 2025, policías capitalinos detuvieron a seis personas relacionadas con montachoques en el sur y oriente de la capital. Un mes después, el 6 de febrero, ocho personas fueron detenidas en Venustiano Carranza y los agentes recuperaron 45 mil pesos que una víctima había entregado tras un choque.

El caso de la conductora Vanessa Huppenkothen, ocurrida en Tlalpan, reactivó la alarma sobre este delito en agosto. Según el portal, la SSC señaló que los montachoques operan principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo, además de la colonia Lomas de San Lorenzo.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México reportó que, del total de casos analizados, 66% quedó en tentativa y 34% llegó a consumarse, con montos entregados de hasta 25 mil pesos.

A escala nacional, el mismo Consejo Ciudadano contabilizó 67 reportes de este tipo de extorsión entre 2020 y julio de 2023 en la capital del país. La organización advirtió, según recogió Infobae en 2025, que la cifra real es mayor debido a la falta de denuncias por temor a represalias.

El Estado de México ocupó el segundo lugar nacional con 95 casos registrados en un año, con mayor incidencia en Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca y Zinacantepec. La Cámara de Diputados propuso entonces penas de hasta ocho años de prisión para quienes cometan este delito, de acuerdo con datos recabados por Infobae.