EEUU aún lo busca, pero Enrique Inzunza sigue en el Senado y vota por la “Ley antimemes”

Las comisiones del Senado aprobaron la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuestionada por sus posibles efectos sobre memes y parodias, así como por la aplicación de sanciones penales en ciertos casos. El dictamen recibió 25 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

El artículo 403 Bis propuesto contempla de tres a siete años de prisión y una multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización (UMA)para quien use, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos u otros signos oficiales con la intención de inducir a error o engaño. Dicha disposición incluye medios electrónicos.

Dicha reforma en el Senado es polémica principalmente por el temor a que se use para censurar memes, parodias y críticas al gobierno, aunque el texto oficial no lo menciona explícitamente.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 29 de mayo de 2026. El proyecto reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos Primera.

Enrique Inzunza participa en la votación de las comisiones del Senado sobre la “Ley antimemes”

El senador sin partido Enrique Inzunza afirmó que votó a favor del dictamen para reformar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Además, Inzunza anunció una reserva al artículo 429 del Código Penal Federal, luego de que las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron un dictamen para reformar esa norma. El legislador busca retirar una presunción de dolo que, a su juicio, vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso.

En un mensaje publicado este 23 de septiembre, Inzunza explicó que su propuesta modifica el primer párrafo del precepto penal. La reserva plantea eliminar la disposición que presume la intención delictiva de una persona dentro de los supuestos previstos por ese artículo.

La aprobación del dictamen ocurrió durante una reunión de ambas comisiones, en la que Inzunza participó como integrante de la Cámara de Senadores. El senador afirmó que lo “aprobamos”.

Inzunza presidió el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez nació el 28 de junio de 1972 en Batequitas, Badiraguato, Sinaloa. Es abogado, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y cursó estudios de posgrado en derecho constitucional, amparo y criminología.

Antes de llegar al Senado, desarrolló una carrera en el Poder Judicial de Sinaloa como magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal en dos periodos: alrededor de 2011 a 2014 y de 2016 a 2021. En 2021 se incorporó al gobierno de Rubén Rocha Moya como secretario general de Gobierno de Sinaloa.

Fue electo senador por Sinaloa en 2024 mediante la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde. Asumió el cargo en septiembre de ese año y llegó a presidir la Comisión de Estudios Legislativos.

Inzunza se separó de la bancada de Morena en agosto de 2026 y continuó en el Senado como legislador independiente. Conserva el fuero, pues no solicitó una licencia definitiva, y ha retomado su participación en trabajos legislativos.

Una acusación en Nueva York señala presuntos nexos con Los Chapitos

En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Inzunza, al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa en una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La fiscalía estadounidense le atribuiría conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. También lo señalaría como enlace en reuniones donde se habría pactado que el cártel controlara la Policía Estatal a cambio de respaldo político.

El senador ha rechazado las imputaciones y las ha calificado como falsas, parte de una estrategia de “lawfare” y una embestida política sin pruebas públicas.

Reforma sustituye el fin de lucro por la escala comercial para perseguir la piratería

La iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial propone sustituir el requisito de acreditar el fin de lucro por el criterio de escala comercial para perseguir la piratería, la falsificación de marcas y otras violaciones a derechos de propiedad intelectual.

El proyecto busca armonizar la legislación mexicana con el TMEC, el ADPIC y los tratados de la OMPI, además de ampliar la reparación del daño y cerrar vacíos para mercancías bajo control aduanero. La propuesta fue dirigida a la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez.

El cambio central consiste en que las autoridades ya no dependerían exclusivamente de probar que una persona actuó con ánimo de lucro o especulación comercial. La escala comercial consideraría el beneficio económico, la ganancia financiera, el volumen y valor de los productos infractores, así como el daño que la conducta puede ocasionar a la posición de la persona titular del derecho en el mercado.