Comunidades indígenas en Chiapas exigen rechazo total a la autopista Palenque-San Cristóbal: acusan imposición

Comunidades tseltales integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón, en Chiapas, denunciaron públicamente actos de hostigamiento, vigilancia con drones e ingreso de personal técnico a sus tierras sin su consentimiento, en el contexto del proyecto carretero que uniría Palenque con San Cristóbal de las Casas. A través de un comunicado urgente fechado el 18 de septiembre, los pobladores reiteraron su oposición absoluta a la construcción de la vía y pidieron a organismos de derechos humanos, medios independientes y autoridades de los tres niveles de gobierno mantenerse atentos ante la situación.

Según el documento, difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre la noche del 17 y la mañana del 18 de septiembre se registró de nueva cuenta el sobrevuelo de drones sobre el territorio, hechos que, según testimonios de la población generan temor entre las familias, particularmente porque coinciden con la presencia constante de personas vinculadas a la obra. Los pobladores señalan que se han visto obligados a organizar rondines y guardias permanentes para impedir el ingreso de personas ajenas a la zona sin su autorización.

El mismo 18 de septiembre, de acuerdo con el escrito, un grupo de ingenieros volvió a ingresar a las parcelas comunitarias sin previo aviso, lo que motivó una nueva movilización de los habitantes para exigir explicaciones. Las comunidades sostienen que su postura de rechazo ya había sido comunicada previamente tanto al delegado de Gobierno como al equipo de ingeniería responsable del proyecto, por lo que consideran que estas acciones representan una imposición reiterada pese a la negativa expresada.

Amenazas y hostigamiento contra quienes defienden sus parcelas

El comunicado advierte que compañeros y compañeras que defienden sus terrenos continúan siendo objeto de amenazas, incluida la posibilidad de ser encarcelados. Las comunidades responsabilizan a los tres niveles de gobierno, así como a las empresas interesadas, caciques y personas con poder político en la región, de cualquier agresión, violación de derechos o afectación a la integridad y vida de quienes participan en la resistencia.

Además, acusan que se ha intentado presionar a integrantes de las comunidades para obtener firmas o documentos que simulen acuerdos colectivos inexistentes, práctica que rechazan de manera tajante.

Demandas y fundamento legal de la resistencia comunitaria

En un acta firmada el 18 de septiembre en la comunidad de Elemoxil, punto donde se pretende trazar el tramo carretero, los pobladores establecieron cuatro acuerdos unánimes: rechazo total al paso de la superautopista por las afectaciones que causaría a tierras, agua, bosques y sitios sagrados; prohibición estricta del vuelo de drones u otros aparatos de medición sin consentimiento previo; negativa al ingreso de personal, empresas o trabajadores vinculados a la construcción; y rechazo a las amenazas y calumnias atribuidas a autoridades municipales y estatales en presunta complicidad con agentes locales.

Las comunidades exigen además que se respete su derecho a la libre determinación como pueblos originarios y que se cumpla el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en abril de 2021, al considerar que las acciones descritas violentan los artículos 7 y 9 de dicho tratado, relativos al acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

“Nuestra tierra no se vende, nuestra tierra se defiende”, concluye el documento firmado por el Gobierno Comunitario y las comunidades organizadas en resistencia frente al proyecto carretero.