Ministra Yasmín Esquivel se declara impedida para analizar el expediente sobre la prisión preventiva oficiosa

Este martes, se dio a conocer que la ministra Yasmín Esquivel Mossa solicitó al Pleno ser declarada impedida para continuar como ponente del expediente sobre la prisión preventiva oficiosa, pendiente de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicho expediente sobre la prisión preventiva oficiosa es uno de los principales que debe analizar la SCJN, sobre todo, porque está relacionado con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, en 2023, declaró inconvencional su aplicación automática y ordenó a México adecuar su marco jurídico.

Petición de Yasmín Esquivel prolonga la discusión sobre la prisión preventiva en México

Cabe señalar que la petición prolonga la discusión de fondo, pues el Pleno deberá resolver, primero, si Esquivel Mossa se aparta del asunto y, en caso de ser así, turnar el expediente a otra ponencia para elaborar un nuevo proyecto.

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, cuyo caso originó la sentencia de la CIDH, acudieron este martes a la sede de la Suprema Corte para exigir que el asunto –pendiente, desde 2023– no se dilate más y criticaron la actuación del nuevo Pleno, emanado de la elección judicial celebrada en 2025.

Llevarán, de nuevo, el caso ante la CIDH y la ONU

Tanto García Rodríguez como Alpízar Ortiz, adelantaron que llevarán acciones ante la Corte Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de México que le podrían generar nuevas sanciones.

“Es un año que nos ha mantenido la nueva SCJN en reserva, la prisión preventiva oficiosa se mantiene ahí guardada. No hay un solo pronunciamiento, ya no digamos de fondo sino por parte de los ministros ponentes. Venimos a hablar con ellos, con sus equipos, y nos refirieron que está el expediente en el archivo. Entonces, ha sido un año perdido”, explicó García al diario La Jornada.

“Caso Rodríguez y otro contra México”

El amparo directo 5/2025 estaba a cargo de la ministra Esquivel Mossa. En ese expediente, Daniel García Rodríguez impugnó la condena de 35 años de prisión que recibió por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México. Según su defensa, el delito le fue fabricado durante el gobierno de Arturo Montiel. El caso también aborda los efectos que debe tener en su situación el fallo emitido por la CIDH.

En 2002, García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz fueron detenidos por ese mismo homicidio. Los dos fueron sometidos a arraigo y estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin que se dictara sentencia en su contra. De ese proceso surgió el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, en el que la CIDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano.

Tercer impedimento de la ministra Esquivel

Respecto a la decisión de Esquivel Mossa, ésta se produjo tras un tercer impedimento promovido por ambos, todavía pendiente de resolución. Cabe recordar que, durante la presentación de su informe, en julio, la ministra solicitó al Pleno apartarla del asunto, al considerar que haber expresado previamente una opinión sobre el caso podría poner en riesgo su imparcialidad.

“(Esquivel) solicita que el Tribunal Pleno la declare impedida; en consecuencia, se tiene por rendido el informe al que hace referencia el párrafo primero del artículo 60 de la ley de la materia”, se lee en listas electrónicas del Máximo Tribunal del país.

Opiniones de la ministra la alejan del expediente

Los dos intentos previos se basaron en declaraciones de Esquivel durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2022, cuando se refirió a García y Alpízar como “estos angelitos” y afirmó que el feminicidio los mantuvo “afortunadamente, en prisión”.

No obstante, el primero fue desechado, en octubre de 2025, por el ministro presidente Hugo Aguilar, por incumplir requisitos legales y en un segundo recurso, en enero, el Pleno determinó por unanimidad que esas expresiones no comprometían su imparcialidad.

La SCJN tiene además pendiente el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023. En ese asunto deberá definir de qué forma debe intervenir el Poder Judicial de la Federación en la ejecución del fallo dictado por la CIDH en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”.

El tema de la prisión preventiva oficiosa y el fallo de la CIDH por el caso “García Rodríguez y otro vs. México” sigue generando más dudas que certezas, ahora, por el impedimento que solicitó la ministra Yasmín Esquivel.