La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó sobre el estado del hijo de seis años de Jonathan Mélendez, tecladista de Camilo Séptimo, el único sobreviviente del multihomicidio donde su familia, cuidadora y mascota fueron privados de la vida el pasado martes 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, Rodríguez dijo que:
“El gobierno estatal, la Comisión de Víctimas estatal, desde el inicio está dando los apoyos correspondientes; esto es automáticamente. También el DIF estatal, la Procuraduría de Protección a los Menores; ya hay contacto con gobierno federal en caso de que se requiriera; también estamos en la mejor disposición”, dijo Rodríguez.
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De acuerdo con la titular de la Segob, el gobierno de México está en contacto con la familia del menor; además, dijo que seguirán en diálogo “para dar todo el apoyo que se requiere”, esto, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hijo de Jonathan Meléndez está con sus familiares; la fiscalía coordinó la entrega
La FGJEM entregó al hijo de Jonathan Meléndez a familiares directos después de que agentes de la Marina y policías municipales lo localizaron con vida y sin lesiones aparentes la noche del ataque.
El menor permaneció bajo resguardo inicial de la Fiscalía, que después formalizó su entrega. Las autoridades no han informado con cuál familiar quedó ni han revelado su identidad completa, bajo el argumento de proteger su seguridad y privacidad.
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El niño recibirá atención psicológica especializada y, por ahora, no rendirá declaración ante el Ministerio Público (MP) debido al trauma derivado de los hechos. La Fiscalía busca evitar cualquier diligencia que pueda afectar su estado emocional o implicar una revictimización.
Su testimonio podría ser requerido una vez que se complete la orden de aprehensión contra Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, detenidos por el multihomicidio. El menor habría presenciado parte de los hechos mientras permanecía escondido.
Las autoridades deberán mantener seguimiento sobre sus condiciones de vida. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el DIF y las Procuradurías de Protección supervisen los casos de menores que quedan bajo cuidado familiar después de un hecho violento. El artículo 30 Bis 12 prevé visitas de trabajo social cada seis meses durante tres años. Estos reportes valoran la convivencia familiar y el desarrollo del niño en el entorno donde permanezca.
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