¿Una denuncia puede impedir una candidatura? Esto dice la ley sobre funcionarios

Quienes aspiran a ocupar un cargo público en México deben cumplir con una serie de requisitos para obtener una candidatura, particularmente cuando se trata de competir por la Presidencia de la República.

La Constitución Mexicana dicta una serie de criterios que fueron explicados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina tras el cuestionamiento sobre si un funcionario o funcionaria puede postularse teniendo una denuncia en su contra.

Esto en un contexto donde el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca anunció su intención de presentarse como aspirante a la presidencia del 2030 por medio de una entrevista con Carmen Aristegui. El funcionario cuenta con problemas legales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Qué establece la ley sobre denuncias y candidaturas de funcionarios

De acuerdo con lo escrito en la Carta Magna, estos son los requerimientos para llegar a la presidencia de México:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Hijo de padre o madre mexicanos.
• Haber residido en el país al menos durante veinte años.
• Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección.
• Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia.
• No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
• No estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional seis meses antes del día de la elección.
• No ser titular de una Secretaría de Estado, Subsecretaría o de la Fiscalía General de la República o del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.
• No estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución.
• No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado o en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal.
• El presidente entrará a ejercer su encargo el primero de octubre y durará en seis años.
• El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto.

Tras leer estos criterios, la mandataria mexicana confirmó que cualquier funcionaria o funcionario que quiera postularse a cualquier cargo político, especialmente a la presidencia del país que tenga una denuncia en su contra podrá hacerlo mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

“Ahí no viene en la Constitución. Nada que tengan que ver con que tenga una orden de aprehensión”, declaró la jefa de Estado.

Zaldívar explica que el Tribunal Electoral decidirá sobre candidaturas con orden de aprehensión

Arturo Zaldívar explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha debatido sobre los derechos políticos de personas con orden de aprehensión o en proceso penal. Según la evolución de criterios, actualmente las personas procesadas pueden votar y registrarse como candidatas, incluso si tienen una denuncia. Esto busca evitar que se utilicen procesos penales para excluir a alguien injustamente de una contienda electoral.

Recordó que, en el pasado, los criterios eran más restrictivos, como ocurrió en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando cualquier cuestión penal podía impedir el registro de una candidatura. En ese momento, el objetivo era retirar el fuero y procesar al expresidente, lo que generó un debate jurídico y político sobre la equidad en las contiendas. Ahora, la tendencia es proteger los derechos políticos hasta que exista una sentencia o medida cautelar restrictiva.