El huachicol fiscal acumula, desde 2019 hasta mediados de 2026, aproximadamente 935 millones de barriles de combustible introducidos de forma ilícita a México, con un daño al erario estimado en más de 730 mil millones de pesos.
El analista Francisco José Barnés de Castro documentó este fenómeno en un texto en entrevista con Aristegui Noticias, en el que trazó su evolución desde las primeras importaciones ilegales en la frontera norte hasta los grandes esquemas marítimos y ferroviarios del presente.
El mecanismo central es siempre el mismo: las organizaciones criminales importan gasolina o diésel, pero los declaran ante las aduanas como aceites, lubricantes u otros derivados con una carga tributaria menor o nula, con lo que evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
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La detonación del fenómeno a gran escala ocurrió en 2019, cuando el gobierno federal cerró los ductos de Pemex y los cárteles trasladaron su modelo de negocio del robo de infraestructura al contrabando masivo por puertos y fronteras.
Los antecedentes: del contrabando hormiga al negocio de los cárteles
Las primeras noticias sobre el contrabando de combustibles en México datan de las décadas de los 70 y 80. El fenómeno comenzó como una importación hormiga de gasolina y diésel por las aduanas de la frontera norte, impulsada por las diferencias de precio entre Estados Unidos y México.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), los diarios nacionales empezaron a registrar la llegada de “gasolina pirata” con facturas falsas y triangulaciones en aduanas. Las bandas criminales y los empresarios aduanales corrompidos inscribían los camiones cisterna bajo la identidad de otros productos químicos de menor carga impositiva.
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En 2001, el periódico La Opinión publicó uno de los primeros reportajes de investigación formales sobre el tema, titulado “Los chupaductos”. El texto expuso la existencia de bandas organizadas dedicadas al robo y la comercialización ilegal de gasolina en el norte del país.
La periodista Ana Lilia Pérez fue una de las primeras voces en documentar que el problema no era exclusivamente fronterizo. Sus reportajes revelaron que las redes de complicidad se extendían al interior de Pemex y del propio Gobierno Federal.
El punto de quiebre: 2019 y el cambio de modelo criminal
Entre 2011 y 2018, el crimen organizado concentró sus ganancias en la perforación de ductos de Pemex en el centro del país. Esa actividad financió las operaciones a gran escala que los cárteles desarrollarían después.
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En 2019, la estrategia del gobierno federal de cerrar y resguardar los ductos con fuerzas armadas obligó a las organizaciones criminales a rediseñar su modelo. Los grupos delictivos volcaron entonces su infraestructura hacia el contrabando masivo por puertos y aduanas, en colusión con funcionarios del Ejército y la Marina.
La plataforma Código Magenta comenzó a documentar, a mediados del sexenio anterior, el desembarco de combustible ilegal en los muelles del país. Las imágenes mostraban largas filas de pipas alineadas para descargar buques, sin que el gobierno de ese momento reconociera el problema.
El caso Challenge Procyon: el golpe que destapó la red
El 6 de marzo de 2025, medios locales como Milenio Diario reportaron filas inusuales de camiones cisterna a las afueras del puerto de Tampico/Altamira. El 19 de ese mismo mes, tras una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron el aseguramiento del buque Challenge Procyon en la aduana de Altamira, Tamaulipas.
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Las autoridades decomisaron entre 8 y 10 millones de litros de diésel, además de armas de alto calibre a bordo. La empresa importadora Intanza, identificada por la FGR como fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), falsificaba los pedimentos de importación y declaraba el diésel como “aditivos para aceites lubricantes” o “residuos petroquímicos”.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Aristegui Noticias, publicada el 9 de enero de 2026, reveló que el buque transportaba en realidad 20.9 millones de litros, el doble de lo que las autoridades habían anunciado oficialmente. El debate en redes sociales se centró en “el misterio de los 10 millones de litros faltantes” en el registro gubernamental.
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En septiembre de 2025, las autoridades detuvieron a 14 personas vinculadas al buque, entre ellas 9 miembros activos de la Marina. Una investigación de N+ Focus, publicada entre el 24 y el 25 de ese mes, reveló además que el Challenge Procyon descargaba armamento militar por las noches con destino al CJNG.
El caso dio su desenlace judicial el 20 y 21 de agosto de 2026, cuando el gobierno mexicano concretó la extradición desde Argentina del excontralmirante Fernando Farías Laguna, identificado por la FGR como el líder de la estructura criminal. La fiscal general Ernestina Godoy precisó que la red operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, con la participación de al menos 12 exservidores públicos.
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El caso Ikon Midstream y el tren del huachicol
El 8 de marzo de 2025, el buque tanque Torm Agnes llegó al puerto de Ensenada con millones de litros de diésel declarados falsamente como “aditivos químicos”. La embarcación fue fletada por la empresa estadounidense Ikon Midstream para transportar el producto adquirido en Canadá e introducirlo de manera clandestina al país, con una evasión estimada en USD 7 millones en un solo viaje.
El 14 de abril de 2026, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos allanaron las oficinas centrales de Ikon Midstream en Houston, Texas, y decomisaron computadoras y archivos de transacciones con empresas fachada de los cárteles. El tercer caso documentado por Barnés de Castro involucra el hallazgo, el 7 de julio de 2025, de 33 ferrotanques en aparente estado de abandono en las vías de Ramos Arizpe, Coahuila, que ocultaban 3.96 millones de litros de diésel sin documentación legal.
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La voz de Ana Lilia Pérez: complicidad empresarial y política
La periodista Ana Lilia Pérez ha sido una de las analistas más activas en la cobertura del huachicol fiscal. En una mesa de análisis para IMER Noticias, definió el fenómeno con precisión: “El contrabando de combustible, que genéricamente se denomina huachicol fiscal porque le están huachicoleando al fisco lo que tendrían que pagar y no pagan, no solo representa un fraude a la Hacienda Pública, sino que es un tema de delincuencia organizada”.
Pérez también señaló que la reforma energética de 2013 abrió la puerta al crecimiento del contrabando al otorgar mil 377 permisos de importación de combustibles, de los cuales solo 14 correspondieron a Pemex. “Muchas de esas empresas no tenían infraestructura real, eran empresas de papel o factureras”, afirmó, y agregó que la ausencia de mecanismos de trazabilidad facilitó el crecimiento del contrabando y del lavado de dinero asociado al negocio energético.
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Sobre la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, la periodista fue directa: “El señor fue gobernador de Baja California, pero es un contrabandista de combustible”. En entrevista para Astillero Informa, Pérez rechazó que la detención tuviera un trasfondo político y sostuvo que el componente partidista se usa con frecuencia “como una artimaña para evadir la ley”.
La periodista también subrayó la dimensión transnacional del fenómeno. “Sería muy interesante ver cómo este caso se vierte en un efectivo factor de colaboración entre autoridades de los dos países con una cosa que es transnacional”, señaló en la misma mesa de análisis para IMER Noticias, al tiempo que advirtió que las investigaciones deben avanzar “no importa si alguien es militante de tal o cual partido”.
El análisis de Barnés de Castro cuantifica el daño total al fisco en más de 730 mil millones de pesos acumulados entre 2019 y mediados de 2026, cifra que incluye tanto el contrabando de gasolina como el de diésel. El impacto no se limita al erario: Pemex fue desplazada del mercado por el volumen de combustible ilegal que circula en el país con apariencia legal.
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