En un contexto en el que el gobierno de México anunció que buscaría implementar el fracking de una forma sustentable, el municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí expidió un reglamento que prohíbe otorgar permisos municipales para obras vinculadas con esta práctica de extracción de petróleo.
El ‘Reglamento municipal para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica “fracking”' fue publicado el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del Estado (POES) de San Luis Potosí, y abarca al municipio de Ciudad Valles, a cargo del presidente municipal Dacid Armando Medina Salazar.
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Con este instrumento, autoridades locales rechazan cualquier solicitud de licencia o autorización que facilite infraestructura relacionada con la fractura hidráulica, citando el deber de salvaguardar la vocación agrícola, ambiental y cultural de la región.

Reconocen que el fracking es una decisión federal, pero argumentan que pueden defender su territorio
El reglamento destaca que la fractura hidráulica implica perforaciones, inyección de agua y aditivos a presión para extraer hidrocarburos, además de la transformación del entorno por maquinaria pesada, caminos de acceso y uso intensivo de agua.
Aunque acepta se trata de una decisón federal, sí señala que la protección del suelo y el agua, la gestión de residuos, la seguridad de la población y la administración de servicios públicos son competencias municipales que pueden verse afectadas por este tipo de proyectos.
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“El presente Reglamento no tiene por objeto autorizar, prohibir, suspender o cancelar asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones federales, ni regular directamente las actividades técnicas de exploración o extracción de hidrocarburos”, se lee en el documento.
“No obstante, las obras, instalaciones y transformaciones territoriales asociadas con dichos proyectos pueden incidir en materias expresamente atribuidas al Municipio, entre ellas la formulación y administración de la zonificación; el control y vigilancia de la utilización del suelo; el otorgamiento de licencias y permisos de construcción; la protección civil; los caminos municipales; la protección ecológica local; la gestión de residuos de competencia municipal; y la administración de bienes y servicios públicos municipales”, continúa.
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La disposición municipal establece que el Ayuntamiento debe impedir actos administrativos que permitan obras incompatibles con los programas de ordenamiento territorial y ecológico. Se apoya en los principios de prevención y precaución ante riesgos graves o irreversibles al agua, suelo, salud y formas de vida comunitaria, incluso cuando no exista certeza científica absoluta.
El reglamento obliga a una actuación coordinada entre dependencias municipales, procedimientos claros de inspección y vigilancia, y mecanismos accesibles para denuncias ciudadanas.

Fracking en México y las zonas anunciadas por el gobierno
La decisión de Ciudad Valles ocurre en un momento en que el debate sobre el fracking se mantiene vigente en el país. De acuerdo con información del gobierno de México, la fractura hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo de formaciones profundas y el objetivo de recurrir a ella en este momento es bajo un argumento de soberanía nacional, sin embargo, su aplicación ha generado oposición en diferentes sectores de la población, especialmente activistas y comunidades afectadas por los impactos ambientales que tiene.
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El noreste mexicano concentra la mayor parte de las áreas en las que se plantea el uso de fracking, de acuerdo con los propios informes gubernamentales. En Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Coahuila existen proyectos de exploración y potenciales campos para la extracción de hidrocarburos mediante esta técnica, aunque las comunidades y autoridades locales han expresado su rechazo. San Luis Potosí aparece en los mapas de posibles zonas de explotación, especialmente en la región de la Huasteca, donde se ubica Ciudad Valles.
Activistas han alertado que se han entregado asignaciones para la exploración de gas y petróleo en diversas zonas del país, lo que ha generado protestas y recolección de firmas para exigir la prohibición de la fractura hidráulica a nivel nacional.
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Riesgos ambientales y denuncias de comunidades
Las poblaciones y organizaciones ambientales han denunciado que el fracking representa un riesgo para la salud, el agua y los ecosistemas. Entre los problemas señalados están la contaminación de acuíferos, la generación de residuos peligrosos, la emisión de gases, el uso excesivo de agua y la afectación a la vocación agrícola y ganadera de las regiones involucradas.
Organizaciones han sostenido que “el fracking sustentable no existe”. De acuerdo con activistas de organizaciones como Greenpeace, esta técnica produce daños irreversibles en el ambiente, pues la inyección de sustancias químicas puede contaminar mantos freáticos y afectar la salud de las comunidades.
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En la Huasteca Potosina, habitantes y ejidos han manifestado que la fractura hidráulica amenaza la continuidad histórica de los pueblos indígenas y rurales, cuya vida depende del acceso a recursos naturales como el agua y los bosques. El reglamento municipal surge en respuesta a estas preocupaciones, con el argumento de que, ante la posibilidad de afectaciones graves, la autoridad local debe actuar antes de que existan daños irreversibles.
Con la entrada en vigor de este reglamento, Ciudad Valles se convierte en uno de los municipios que niega permisos y licencias a proyectos de fractura hidráulica, sumándose a la exigencia de comunidades y organizaciones de frenar la expansión de esta técnica en México.
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