CNDH alerta los riesgos a los derechos humanos derivados de la gentrificación y el turismo en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado un informe que pone en el centro del debate los efectos sociales y urbanos derivados de la gentrificación, la turistificación y la patrimonialización, fenómenos que han cobrado fuerza en las principales ciudades de México designadas como sede de la Copa del Mundo 2026.

El documento ofrece una radiografía sobre los desafíos que afrontan quienes habitan las colonias con años de historia, en un contexto donde la transformación urbana y presión inmobiliaria reportan un aceleramiento.

Derivado de esto, el análisis se enfoca especialmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde el aumento de rentas, la reconfiguración del uso de suelo y la llegada masiva de turistas han provocado el desplazamiento de numerosas familias. La CNDH advirtió que estos procesos no solo modifican las comunidades, sino que generan riesgos concretos para el derecho a la vivienda y la permanencia en el territorio de los sectores más vulnerables.

La intención es dar visibilidad a estas problemáticas y ofrecer herramientas para el desarrollo de políticas públicas que prioricen la protección de los habitantes frente a los intereses económicos asociados a grandes eventos y el turismo internacional.

Aumento de rentas y desplazamiento de residentes en México

El organismo expuso que el arribo de visitantes por el Mundial ha provocado un incremento de entre 20% y 600% en los precios de renta en zonas cercanas a estadios y lugares turísticos. Este fenómeno ha forzado la salida de muchas personas que no logran afrontar los nuevos costos de vivienda, ni encontrar alternativas asequibles dentro de sus mismos barrios.

Además, se ha documentado la sustitución de hogares permanentes por alojamientos de corta estancia, facilitados por plataformas digitales como Airbnb. Este cambio reduce la disponibilidad de espacios para la población local y favorece el desplazamiento de quienes históricamente han sostenido la vida comunitaria.

El informe también identifica conflictos por el acceso al agua potable en colonias populares, presiones para las personas trabajadoras no asalariadas y la ruptura de redes de apoyo y memoria barrial, lo que pone en riesgo la identidad y el tejido social.

Impactos desiguales y grupos en mayor riesgo

Uno de los hallazgos centrales del documento es que las consecuencias de estos procesos no afectan a toda la población por igual: mujeres, comunidades indígenas, personas mayores, familias de bajos ingresos y trabajadores informales enfrentan barreras mucho mayores para permanecer en sus espacios de vida y acceder a una vivienda digna.

La CNDH señaló que estos grupos sociales suelen ser expulsados ante la especulación inmobiliaria y el aumento del costo de vida, agravando la desigualdad y la discriminación. Por ello, el análisis propone abordar la gentrificación desde principios de justicia territorial, progresividad y respeto a la diversidad.

Propuestas de la CNDH para proteger derechos

Para evitar que los efectos negativos de la modernización urbana recaigan sobre los sectores más frágiles, el organismo planteó un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones dirigidas a los tres niveles de gobierno. Entre ellas, destaca la necesidad de regular los alquileres temporales, consolidar reservas de uso habitacional permanente y actualizar los instrumentos municipales de desarrollo urbano.

Los gobiernos locales también deben implementar sistemas de monitoreo acerca de los incrementos de renta, crear canales accesibles para denuncias y garantizar el abasto equitativo de agua potable en las colonias populares. Se sugiere desarrollar indicadores georreferenciados para dar seguimiento a la gentrificación y la turistificación, así como mecanismos de observación durante y después de los grandes eventos.