
El intento de Rubén Rocha Moya de volver a la gubernatura de Sinaloa cargaba con un rechazo amplio y con un costo político para Morena y el gobierno federal: 68.9% de los consultados por Polister consideró que la Federación debía pedirle que se apartara del cargo mientras se aclaran los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La encuesta, levantada el 21 y 22 de agosto de 2026 con 1 mil entrevistas a personas mayores de 18 años residentes en México, registró además que 65.4% veía una afectación directa a la imagen de Morena por ese intento de regreso. Solo 25.5% opinó que el episodio no dañaba al partido y 9.2% no respondió.
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Según Polister Encuestadora, el caso ya alcanzaba un nivel alto de conocimiento público. El 60.3% dijo estar informado sobre el intento de retorno del gobernador de Sinaloa y 12.2% señaló que había escuchado del tema, aunque sabía poco; en conjunto, 72.5% tenía algún nivel de conocimiento.
La mayoría informada rechazaba el regreso de Rocha al cargo

Entre quienes conocían total o parcialmente el caso, 60.3% estaba en desacuerdo con que Rocha hubiera intentado regresar a la gubernatura. En sentido contrario, 29.9% estuvo de acuerdo y 9.8% no fijó postura.
Ese mismo segmento también mostró desconfianza frente al mensaje político del gobernador. Cuando Rocha dijo que volvía “con la frente en alto”, 61.4% respondió que no le creía, 26.1% dijo que sí y 12.5% no supo contestar.
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La encuesta también midió cómo se interpretó esa decisión. Para 49.1% de los informados, el intento de regreso tuvo respaldo político del Gobierno Federal o de Morena, mientras 11.5% consideró que fue al mismo tiempo una decisión personal y una acción con apoyo político; solo 30.0% lo leyó como una determinación exclusivamente personal del gobernador.
Ese dato explica por qué Morena buscó marcar distancia y presentar el retorno como una decisión individual. Entre una parte amplia de la opinión pública informada, el episodio no comprometía solo a Rocha, sino que alcanzaba al Gobierno Federal y al partido.
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Percepción de protección política también fue mayoritaria

La encuesta encontró que 54.9% de las personas informadas consideró que las autoridades mexicanas estaban protegiendo políticamente a Rocha. Frente a ello, 27.6% opinó que sí lo estaban investigando y 10.9% dijo que las autoridades esperaban pruebas de Estados Unidos.
En una de las preguntas centrales del sondeo, la mayoría pidió una salida temporal del cargo. Además del 68.9% que respaldó que el gobierno federal le pidiera apartarse, 15.5% opinó que debía apoyarlo públicamente y 10.3% sostuvo que la Federación tenía que mantenerse al margen.
La medición también registró una percepción de doble rasero dentro de Morena. El 53.5% de los informados creyó que, si Rocha fuera un gobernador de oposición, el partido pediría que dejara el cargo; 32.2% consideró que actuaría igual que en este caso y 14.3% no respondió.
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En el cruce entre soberanía e investigación, pesó más la preocupación por posibles nexos de políticos mexicanos con el narco. El 43.1% dijo que le inquieta más esa posibilidad, 19.2% colocó primero el riesgo de intervención de Estados Unidos en la política mexicana y 25.9% señaló que ambas cosas le preocupan por igual.
Citada por el propio estudio, la directora de Polister Encuestadora Ana Milagros Oreja resumió así el alcance del sondeo: “Los datos muestran que el intento de regreso de Rubén Rocha tenía un costo político muy alto. No era solo un problema personal del gobernador: su regreso afectaba a Morena, comprometía al gobierno federal y alimentaba la percepción de protección política”.
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Oreja añadió que, bajo ese escenario, resultaba políticamente entendible que Morena buscara despegarse del regreso e incluso orillara a Rocha a pedir una nueva licencia. En conjunto, los resultados del levantamiento apuntan a que su reincorporación se volvió difícil de sostener en términos de opinión pública.
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