
A solo unos días de que comience el Proceso Electoral Federal (PEF) rumbo a los comicios de 2027, políticos del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se mantienen al centro de la polémica, los tres nombres que destacan en el debate público son: Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a una diputación federal, y el de Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa.
Cada una de las polémicas de los políticos mencionados podrían pasar factura al partido oficialista en las próximas elecciones, que de ser así, perdería curules en la Cámara de Diputados y algunas de las 17 gubernaturas que estarán en disputa.
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Los casos se tornan con un peso político mayor al estar directamente relacionados con las autoridades de Estados Unidos, sin embargo, el cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente, respaldar o no, depende del mensaje que se envíe desde Palacio Nacional.
Marina del Pilar, más de un año sin visa y unos audios que agravan la situación
Desde mayo de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, se mantiene bajo críticas y señalamientos constantes luego de que se diera a conocer la cancelación de su visa estadounidense, medida que el gobierno de Donald Trump también adoptó para su exesposo, Carlos Torres Torres.
Cada intento por ocultar la información sobre el escándalo que la persigue hasta el día de hoy, ha sido en vano, pues pese a negar en un primer momento que la visa les había sido cancelada, meses más tarde salió a aceptar los hechos que trascendieron en medios de comunicación, además de confirmar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su expareja sentimental, por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
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A esto, se le suma una serie de audios que dio a conocer el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, quien el 21 de junio pasado reveló una primera grabación que cambiaría la narrativa de la mandataria bajacaliforniana, quien de manera pública aceptó haber mantenido comunicación con supuestos agentes estadounidenses, mismos que no se identificaron, tras esta situación contrató al abogado Michael Nadler, especialista en corrupción, lavado de dinero y delitos financieros internacionales.
Un segundo audio, se hizo público 13 de julio, mismo que llevó a que la oposición política mexicana calificara la actuación de Ávila Olmeda como violatoria a la Ley de Seguridad Nacional, debido a que la mandataria estatal afirma a los presuntos agentes que podría proporcionar información en materia de seguridad como estrategia para buscar frenar un presunto proceso de extradición:
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“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
Ante la presión que generó en la opinión pública la filtración de las grabaciones, la gobernadora de Baja California acusó al petista Jaime Bonilla de estar detrás de lo sucedido, debido a que él fue quien habría propuesto el encuentro con las autoridades estadounidenses. Por su parte, el antecesor de Marina del Pilar se deslindó y recordó que es calificado como el “peor enemigo” de la actual mandataria, incluso, en entrevista con medios de comunicación la llamó “narcogobernadora”.
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Mientras Sheinbaum trató de minimizar el tema señalando que “no se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando”; y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró que no se tratan datos sensibles en las mesas de seguridad, la oposición exigió a las autoridades iniciar una carpeta de investigación en contra de Marina del Pilar por presuntos actos que podrían contemplar “traición a la patria”, volteando el discurso oficialista hacia un integrante de Morena.

Andy, el otro político sin visa, el caso fue tratado como un asunto de posible injerencia extranjera
El otro caso que acaparó los reflectores desde la noche del 13 de agosto, fue la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, quien dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, determinación que atribuyó al secretario del departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario de esa dependencia, Christopher Landau.
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Por medio de una carta dirigida al presidente Donald Trump, cuestionó la decisión de retirar la visa para ingresar al país, la cuál calificó de tener “motivos políticos y propagandísticos”. En el documento, sostuvo que no existe ninguna prueba que justifique la decisión y defendió su trayectoria pública y privada, asegurando que ha conducido su vida bajo principios, ideales y honestidad.

López Beltrán endureció el tono de su reclamo al calificar la cancelación de su visa como una “canallada” y cuestionar el papel de los funcionarios estadounidenses, a quienes acusó de operar como grupos de presión interesados en intervenir y hostigar a gobiernos y políticos que consideran adversarios.
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Pese a la medida, afirmó que no le preocupa dejar de visitar Estados Unidos y contrastó la situación actual con los gobiernos de Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, a quienes presentó como referentes de libertad y respeto hacia México.
Una vez más Morena y el gobierno de Sheinbaum cerraron filas para cobijar al exsecretario de Organización de Morena, tachando el asunto como “un intento de intervenir en la vida política de México desde los sectores más radicales de la ultraderecha internacional”.
Aún con la presión que la postura podría generar sobre la relación México-Estados Unidos, en un momento clave sobre todo en materia comercial y en cooperación de seguridad bilateral, tanto el Gobierno de México como el partido oficialista trataron la decisión de los estadounidenses como un tema de “defensa de la soberanía nacional”.
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Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se lanzaron contra el aspirante a una diputación federal en Tabasco, calificándolo de “narcojunior” y “huachicolero”.

Ambos partidos señalaron que el morenista aparece en una investigación de la Fiscalía, la cual está relacionada con una “gigantesca red de huachicol fiscal que operó desde aduanas”. Además, reprocharon que el gobierno federal endureciera el discurso tratando el tema como injerencia extranjera, cuando ni siquiera se trata de un alto funcionario del servicio público, sino del hijo de un exmandatario federal que se mantiene activo en el partido que fundó su padre.
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Rocha Moya se queda solo y retrocede
Rubén Rocha Moya se quedó solo tras anunciar su regreso a la gubernatura de Sinaloa el pasado 20 de agosto, a casi cuatro meses de haber solicitado licencia por las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quien lo acusa de haberse coludido con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, cargos que podrían alcanzar la cadena perpetua en caso de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia estadounidense.
En menos de 24 horas, el gobernador de Sinaloa logró que tanto gobernadores, senadores, diputados y la Secretaría de Gobernación (Segob), cerraran filas para deslindarse de la decisión que calificaron como “personal”, la dependencia dirigida por Rosa Icela Rodríguez puntualizó que las autoridades mexicanas mantienen abierta la carpeta de investigación que involucra a 10 personas de Sinaloa, incluido el mandatario sinaloense, por lo que pese a que el titular del Ejecutivo estatal se diga “inocente”, la Fiscalía no lo ha determinado así.
A los diversos posicionamientos de los morenistas se sumó quien mandó un mensaje contundente sin mencionar a Rocha Moya, la mañana del 22 de agosto, Sheinbaum compartió un texto en sus redes sociales, donde hizo señalamientos de “ambición” y “arrogancia” tras el anuncio de una decisión que no prioriza el “bienestar de su gente”, sino que estaría apuntando a “ambiciones personales”.

El paso de las horas mostraba la presión generada hacia el partido oficialista y al propio Gobierno Federal, a quienes la oposición ya señalaban de “encubrir” una decisión que calificaron como el reflejo de un alto funcionario que se sabe “impune”, exigiendo la desaparición de poderes en Sinaloa y buscando abrir un juicio político en contra de Rocha Moya.
Un mensaje volvió a ser la noticia principal del día y los titulares de la prensa mexicana destacaban lo que en la opinión publica fue calificado como la “inestabilidad” del gobierno sinaloense: alrededor de las 18:40 horas, Rubén Rocha Moya publicó un documento en sus redes sociales donde solicitó por segunda ocasión licencia al cargo como gobernador de Sinaloa, otra vez por tiempo indefinido.
El documento fue recibido por el presidente de la mesa directiva de Congreso local, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, por lo que se convocó a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto a las 11:00 horas. Tras la pronta actuación del congreso, la postura de la iniciativa privada pide que la persona suplente interina sea alguien con “capacidad real” para gobernar; aunado a esto, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio “Pío” Esquer, pidió detener la “simulación” que rodea al caso de Rocha Moya.
En el video, el gobernador acusado de presuntos nexos con Los Chapitos afirmó que asume nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente. Crédito: @rochamoya_
Mientras todos los casos mencionados en este artículo suman presión a Morena, el partido realiza cada fin de semana asambleas informativas, además de mantener activo el proceso interno para escoger a quienes encabezarán la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, quienes en unos meses se convertirán en los candidatos del oficialismo para las 17 gubernaturas que se elegirán en los comicios del próximo año.
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