Familia, poder y corrupción: los vínculos de los hermanos Farías Laguna con la cúpula de la Marina

Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto —excontralmirante y exvicealmirante de la Armada de México, respectivamente— son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esa conexión familiar con la cúpula naval es el hilo que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue para explicar cómo una red criminal logró infiltrarse y operar desde el interior de una de las instituciones de seguridad más poderosas del país.

Tras varios meses de investigaciones, Fernando Farías Laguna fue deportado desde Argentina en la madrugada del 21 de agosto de 2026, luego de haber sido arrestado en Buenos Aires el 23 de abril usando una identidad y un pasaporte falsos. Ahora, el excontralmirante se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentará las acusaciones formales y continuará su proceso judicial bajo custodia de las autoridades mexicanas.

Los hermanos Farías Laguna y su vínculo con Ojeda Durán

Los documentos de inteligencia y las carpetas de investigación de la FGR identifican a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna bajo el apodo de “Los Primos” en el ámbito naval. Los testimonios integrados al expediente señalan que ambos “tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción”, según reveló la fiscal general Ernestina Godoy Ramos en un pronunciamiento oficial el 20 de agosto de 2026.

La red habría afianzado el dominio sobre sectores de las aduanas e instalaciones portuarias del país. Esas instalaciones pasaron a ser administradas por la Armada de México durante el sexenio de López Obrador, periodo en el que Ojeda Durán estuvo al frente de la Secretaría de Marina.

La FGR no ha señalado a Ojeda Durán como parte de la red ni como imputado en el caso. El vínculo familiar entre el exsecretario y los hermanos acusados es el único elemento documentado públicamente que los une.

La fiscal Godoy Ramos precisó que la FGR comenzó a investigar el esquema en 2024, cuando el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, compartió al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red.

La Semar se deslinda: del lema institucional al estrado militar

La Secretaría de Marina reaccionó al traslado de Fernando Farías Laguna con un mensaje publicado en la red social X el 20 de agosto de 2026. La institución afirmó que la conducta de personas sujetas a investigación “no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”.

El comunicado recurrió al lema institucional de la Armada con una precisión deliberada: “quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”. Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos no fueron un error tipográfico, sino una separación simbólica entre la institución y quienes la traicionaron desde adentro.

El secretario Morales Ángeles había marcado distancia desde el primer momento del escándalo. El 7 de septiembre de 2025, ante el exfiscal Gertz Manero y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025, Morales Ángeles eligió el foro más visible del calendario militar para reconocer públicamente la corrupción interna. Desde el estrado declaró: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Morales Ángeles el 31 de julio de 2026 durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. Ante 211 nuevos guardiamarinas, lo describió como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

El esquema de huachicol fiscal: buques, aduanas y empresas fachada

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó de forma ilegal con una cantidad equivalente de combustible.

El esquema funcionaba a través de buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada con declaraciones falsas: el combustible era registrado como aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban los volúmenes y las muestras del producto.

Una vez descargado el hidrocarburo, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio en todo el país. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido de forma ilícita.

La FGR documentó la operación en cinco entidades: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. La afectación económica, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, supera los 340 millones de pesos, según cifras de la fiscal Godoy Ramos.

Las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles durante los distintos operativos contra la red. Con la llegada de Fernando a México, el número de detenidos vinculados al caso llegó a 16, de los cuales 12 son exservidores públicos.

El seguimiento al esquema permitió a la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados con la distribución. El 7 de septiembre de 2025 fue detenido Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, quien ya se encuentra preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fernando Farías Laguna fue internado en ese mismo penal tras su llegada a México. Ambos hermanos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, delitos que la ley mexicana sanciona con penas de entre 20 y 40 años de prisión.