
En México, el feminicidio afecta de manera directa a mujeres y, de forma indirecta, a sus hijas e hijos, quienes quedan en situación de orfandad y vulnerabilidad. El Estado mexicano, a través de diversas instancias, reconoce la necesidad de implementar acciones más efectivas para salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia frente a este delito.
Durante la Mesa de Diálogo organizada por el Senado de la República, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, manifestó su respaldo a la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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Villavicencio Ayala destacó la urgencia de fortalecer 24 artículos y disposiciones transitorias de la iniciativa, para incorporar una perspectiva de infancia y garantizar la reparación integral.
La representante del SIPINNA subrayó que el reconocimiento formal de los derechos de niñas, niños y adolescentes no es suficiente; es indispensable contar con mecanismos claros y prácticos para lograr la restitución efectiva, así como coordinación interinstitucional y recursos suficientes que permitan hacer exigibles estos derechos.
Perspectiva de infancia y reparación integral
El SIPINNA propuso reforzar la iniciativa de ley mediante la incorporación de un enfoque diferenciado, que considere la edad, el desarrollo y las necesidades particulares de las víctimas indirectas de feminicidio. De acuerdo con Villavicencio Ayala, la propuesta reconoce que la violencia feminicida no solo arrebata la vida de las mujeres, sino que también deja secuelas profundas en sus hijas e hijos, quienes requieren atención especializada, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.
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Entre las medidas planteadas, destaca la identificación inmediata de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como víctimas indirectas, sin depender del estado procesal de la investigación. Esta disposición permitiría activar de manera temprana los protocolos de protección y atención integral, garantizando la participación, la no revictimización y el interés superior de la niñez.
Asimismo, el documento presentado por SIPINNA plantea que la pérdida de patria potestad de la persona responsable del feminicidio no debe extinguir la obligación alimentaria, y que los bienes del agresor deberán destinarse a la reparación económica de las víctimas indirectas. Se propone también establecer un Protocolo Nacional de Atención Integral, coordinado entre el Sistema Nacional DIF y SIPINNA, que articule la labor de autoridades ministeriales, procuradurías de protección y comisiones de atención a víctimas.
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Registro y derechos exigibles para la niñez
Otra propuesta central consiste en designar a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA como responsable normativa de los lineamientos del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por Feminicidio, mientras que la operación quedaría a cargo del Sistema Nacional DIF, aprovechando su presencia estatal y municipal. Este registro permitiría asegurar que la atención y protección se activen de forma inmediata y con enfoque de derechos.

El Grupo de Trabajo de Articulación de Políticas Públicas para la Atención Prioritaria de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, encabezado por SIPINNA, busca garantizar el acceso oportuno a servicios de salud, atención psicológica, alimentación, continuidad escolar y protección social. Villavicencio Ayala enfatizó que la nueva legislación debe establecer plazos definidos, recursos asignados y sistemas de información que permitan diseñar, dar seguimiento y evaluar la eficacia de las políticas públicas.
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La secretaria recalcó que las instituciones deben actuar de manera coordinada y oportuna para frenar la violencia feminicida y evitar que las consecuencias del patriarcado sigan afectando a las hijas e hijos de las víctimas.
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