La ministra Loretta Ortiz Ahlf se retira implante para discutir sobre las personas con discapacidad

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, defendió este 18 de agosto que toda ley que afecte derechos de personas con discapacidad debe consultarse con esa población, durante la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 104/2022 sobre una norma de Tamaulipas que fijaba una cuota laboral mínima de 3% en la administración pública estatal y municipal.

En la sesión pública, la ministra sostuvo que no corresponde a terceros decidir si una medida beneficia o no a las personas con discapacidad. Más tarde, en un mensaje difundido en su cuenta oficial, precisó que ese fue el sentido de su intervención al analizar la ley tamaulipeca.

Según el video de la sesión de la SCJN, Ortiz Ahlf dijo que usa un implante coclear y que es sorda de nacimiento del oído izquierdo. A partir de esa experiencia personal, afirmó que quienes escuchan con ambos oídos no pueden dimensionar por completo lo que implica no escuchar de uno. Durante su intervención se retiró la prótesis y la mostró a todos los ministros.

La discusión en la SCJN giró sobre consulta a personas con discapacidad

En su intervención ante el Pleno, la ministra relató que durante su formación padeció aislamiento porque no podía escuchar a las personas que estaban a su lado. Añadió que por esa razón recurrió con frecuencia a los libros.

Ortiz también cuestionó que otras personas pretendan decidir sobre medidas como los implantes cocleares o sobre la conveniencia de mantener únicamente el lenguaje de señas. En ese tramo de su participación, planteó que la decisión sobre derechos de las personas con discapacidad no puede quedar en manos ajenas.

La ministra dijo: “No corresponde a nadie más decidir si una medida es o no benéfica”. En el mensaje publicado después de la sesión, agregó que la consulta “no es un trámite” sino una forma de reconocer “nuestra voz, nuestra experiencia y nuestro derecho a participar en las decisiones que impactan nuestra vida”.

En el mismo posicionamiento, la integrante de la SCJN señaló que habla también desde su experiencia personal y escribió que es sorda de nacimiento de un oído. Sostuvo que quienes no viven esa realidad difícilmente pueden entenderla por completo.

Ortiz vinculó el derecho a escuchar con educación y ejercicio profesional

Durante la sesión, la ministra afirmó que en su caso el derecho a escuchar se relacionó con el derecho a la educación y con el ejercicio profesional. También señaló que, tras usar terapias y poder escuchar, percibió beneficios concretos como oír el mar y la música con ambos oídos.

En ese mismo discurso, sostuvo que a las personas con discapacidad se les debe preguntar sobre las decisiones que inciden en sus derechos. Insistió en que “nadie tiene la decisión” sobre esos derechos y remató que esa consulta sí debe realizarse.

La Acción de Inconstitucionalidad 104/2022, de acuerdo con lo expuesto por la propia Loretta Ortiz Ahlf en su cuenta oficial, se refiere a una ley de Tamaulipas que establecía una cuota laboral de al menos 3% de personas con discapacidad en la administración pública estatal y municipal.

El Máximo Tribunal declaró este 18 de agosto inválidos dos artículos de Tamaulipas sobre empleo público para personas con discapacidad y ordenó reponer el proceso legislativo, porque el Congreso local aprobó la norma sin la consulta previa exigida por la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta decisión obliga al Poder Legislativo estatal a abrir ese mecanismo y emitir una nueva regulación en un plazo de 12 meses.

La resolución recayó sobre disposiciones que reservaban al menos 3 % de los empleos públicos municipales para personas con discapacidad. La invalidez no borra de inmediato toda la regulación, pero sí frena los efectos de un procedimiento que el Pleno consideró viciado desde su origen.

Según la SCJN, la consulta no es un trámite accesorio del trabajo parlamentario. En su comunicado la definió como una garantía indispensable para que las personas con discapacidad participen de forma efectiva en decisiones públicas que afectan sus derechos e intereses, bajo el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”.