
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, acusó en su nuevo libro Pueblo a Estados Unidos de pactar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, operación que calificó de “extrajudicial e intervencionista” y que, según su relato, desencadenó una ola de violencia en Sinaloa.
En el libro, presentado este 5 de octubre, el tabasqueño describe el operativo del 25 de julio de 2024 como el desacuerdo más grave con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su mandato.
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Sostiene que el Departamento de Justicia y agencias estadounidenses “pactaron, en forma clandestina y extraterritorial” con los hijos de “El Chapo” para “secuestrar y trasladar en un avión particular al territorio estadounidense” al líder cofundador del Cártel de Sinaloa.
López Obrador documenta que, antes de la operación, Sinaloa registraba un promedio de 1.3 homicidios diarios; tras la detención de Zambada, esa cifra subió a 4.3 por día. El acumulado, sostiene, rondó los 1,100 asesinatos entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025.
El expresidente atribuye ese estallido de violencia a una “odiosa venganza” dentro del crimen organizado, derivada de interpretar la entrega de Zambada como una traición.
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Asegura que si las fuerzas mexicanas hubieran ejecutado la detención, “no hubiese habido tal cantidad de pérdidas de vidas humanas”.
Consultó a Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y FGR tras enterarse del operativo

El libro narra que López Obrador consultó de inmediato al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena; al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar; al general David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional, y a Alejandro Gertz Manero, entonces fiscal general de la República.
Los cuatro, según su relato, negaron cualquier participación de autoridades mexicanas en el traslado de “El Mayo” Zambada.
El expresidente reproduce en el texto un reporte que, afirma, le entregó el entonces embajador Ken Salazar. De acuerdo con ese documento, Washington reconoció haber sido informado previamente de que Joaquín Guzmán López consideraba entregarse.
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El 25 de julio, a las 10:30 horas, las autoridades estadounidenses supieron que Guzmán López se entregaría en un vuelo privado; a las 14:40 horas, con la aeronave ya en el aire, recibieron información de que Zambada también podría estar a bordo. El avión aterrizó a las 16:24 horas en Santa Teresa, Nuevo México.
López Obrador acusa que agentes del FBI presentes en el aeropuerto pusieron “una serie de excusas” para no entregar información, entre ella la identidad del piloto, a quien ese mismo día se le concedió la solicitud de deportación voluntaria a México, según narra.
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El exmandatario sostiene que Joe Biden no tuvo conocimiento previo de la operación. “Estoy seguro de que el presidente Biden ni siquiera se enteró de esta operación irresponsable”, escribe.
Relata además que su homólogo le envió una carta para celebrar la detención de Zambada, misiva que decidió no contestar.
La pausa de las relaciones diplomáticas en su sexenio

Según el relato, la FGR advirtió que las audiencias judiciales de Zambada y Guzmán López funcionarían como eje de una campaña mediática para sembrar “distracciones, acusaciones, especulaciones, confusiones mediáticas y oportunidades de extorsión” en contra del gobierno mexicano.
Por ello decidió pausar las relaciones diplomáticas y dejó de recibir al embajador Ken Salazar, en lo que calificó “falta de respeto a nuestra soberanía nacional”.
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El expresidente dedica un pasaje del libro a cuestionar al embajador Ken Salazar “y sus superiores” sobre si aceptarían un trato recíproco por parte de México. “Estoy seguro que no les gustaría que nuestro gobierno o cualquier ciudadano mexicano presentara denuncias en nuestro país con bombo y platillo contra funcionarios norteamericanos de alto nivel”, escribe. Cabe recordar que recientemente el gobierno estadounidense revocó la visa a uno de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán.
También defiende a Rubén Rocha Moya

Pueblo dedica además un pasaje a la defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia junto al senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos.
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López Obrador acusa a Estados Unidos de recurrir a un “modus operandi” predecible: el uso de testigos protegidos, filtraciones, manejo de publicidad y “la fabricación de expedientes con pruebas hechizas”.
Sostiene que, a cinco meses de la acusación, Washington no ha entregado prueba alguna que sustente los señalamientos.
“Se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadunidenses sobre que México es el causante de la drogadicción de Estados Unidos”, escribe el expresidente en el libro.
De acuerdo con el relato de López Obrador, la FGR informó en julio de 2026 que no contaba con elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo para proceder contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y los demás señalados, aunque precisó que la investigación permanecía abierta.
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López Obrador respalda en el libro la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condicionó cualquier actuación de las autoridades mexicanas a la existencia de pruebas y advirtió que, de tratarse de una acusación “de carácter político propagandístico”, México denunciaría “el chantaje, la represalia y la intromisión” del gobierno estadounidense.
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