De Colombia a Sinaloa: así recluta el narco a hombres con formación militar

La guerra interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos no sólo ha dejado una estela de violencia, desplazamientos y enfrentamientos en distintas comunidades del estado. También ha exhibido una práctica cada vez más visible dentro de las estructuras criminales: el reclutamiento de ciudadanos colombianos, algunos de ellos con formación militar.

Durante este año, distintos operativos realizados principalmente en el sur de Sinaloa han permitido detectar a hombres de nacionalidad colombiana entre grupos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

El caso más reciente ocurrió el 11 de agosto, cuando autoridades de seguridad reportaron la detención de 10 personas en Concordia, presuntamente integrantes del Cártel de Sinaloa. De los detenidos, siete eran colombianos y tres mexicanos.

Durante el operativo fue asegurado un inmueble, además de 10 armas largas, 60 cargadores, cartuchos de distintos calibres, equipo táctico y 420 dosis de metanfetamina.

Colombianos aparecen en operativos en el sur de Sinaloa

El caso de Concordia se suma a otros registrados durante los últimos meses.

El 6 de julio, un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos integrantes de Los Chapitos en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, terminó con un militar muerto y 10 presuntos agresores abatidos.

Tres personas fueron detenidas después del enfrentamiento. Dos de ellas, Yhair Ávila Reyes, de 26 años, y José Luis Urban Gómez, de 29, eran mexicanos. El tercer detenido, Stiven Alberto Camacho, de 25 años, era colombiano.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la confrontación ocurrió después de que elementos de la Marina fueran agredidos durante dos días consecutivos.

El Gabinete de Seguridad explicó que los marinos realizaban labores de monitoreo en ríos y presas para detectar incrementos en los niveles de agua durante la temporada de lluvias, cuando fueron atacados.

La violencia en San Marcos, Puertas de San Marcos y otras comunidades cercanas a la presa Picachos ha provocado incluso el desplazamiento de familias debido a la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Detenciones revelan posible reclutamiento

A finales de abril, elementos del Ejército detuvieron en El Rosario a otro ciudadano colombiano, quien presuntamente portaba dos armas largas, 17 cargadores, 510 cartuchos y dos placas balísticas.

Días antes, un operativo en un hotel del mismo municipio permitió detener a 12 hombres. Siete eran colombianos y tres tenían nacionalidad mexicana y estadounidense.

Los agentes localizaron en el inmueble un arsenal que incluía una ametralladora, seis fusiles M4 calibre .223, cinco fusiles AK-47, dos pistolas, cargadores, cartuchos, vehículos, chalecos y placas balísticas. Entre las personas encontradas había además tres menores de edad.

Estos casos coinciden con una alerta que el gobierno federal lanzó desde 2025 sobre el reclutamiento de colombianos por organizaciones criminales mexicanas.

En julio de ese año, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de 17 personas en Los Reyes, Michoacán, de las cuales 12 eran colombianas.

El funcionario explicó que, mediante intercambio de información con autoridades de Colombia, se estableció que nueve de los detenidos eran exmilitares y tres civiles tenían formación militar en el uso de armas.

CJNG y Cártel de Sinaloa, señalados como reclutadores

García Harfuch señaló entonces que las autoridades habían detectado un patrón de reclutamiento de personas con ese perfil por parte de grupos criminales mexicanos.

El funcionario identificó principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como reclutador, aunque también reconoció la existencia de casos relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Según explicó, México había retornado a Colombia a 69 personas que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que, durante entrevistas con autoridades, manifestaron haber sido cooptadas por organizaciones delictivas.

A partir de estos casos, los gobiernos de México y Colombia establecieron mecanismos de comunicación e intercambio de información para tratar de impedir que continúe el reclutamiento.

La presencia de ciudadanos colombianos entre presuntos integrantes de grupos criminales en Sinaloa vuelve a poner bajo la lupa la manera en que las organizaciones mexicanas buscan incorporar personal con experiencia en armas y formación militar para fortalecer sus estructuras en medio de una de las disputas internas más violentas del Cártel de Sinaloa.