José Silva Andrade suma 22 días desaparecido en Michoacán, exigen garantizar protección a defensores ambientales en México

José Luis Silva Andrade, defensor ambiental de la comunidad de Agua Fría en Michoacán, suma 22 días desaparecido luego de que el 15 de julio de saliera de su vivienda para verificar un reporte de tala ilegal. Su caso expone el clima de riesgo que enfrentan quienes protegen los bosques y el territorio en la región, donde las amenazas y agresiones son parte de la vida cotidiana para quienes defienden el medio ambiente.

La desaparición de Silva Andrade ocurre en un contexto marcado por la presión de grupos criminales y la inercia de las autoridades. Tras su desaparición, familiares y organizaciones han exigido la intervención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la implementación de medidas urgentes de protección para la familia y la comunidad de Agua Fría.

Amnistía Internacional condenó la desaparición del defensor y subrayó que la investigación debe considerar como línea principal su labor ambiental, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de derechos humanos. Hasta ahora, la respuesta oficial no incluye avances públicos sobre la localización del defensor ni un esquema concreto de protección colectiva.

Amenazas constantes y exigencia de protección efectiva

La tarde del 16 de julio, un hombre presuntamente vinculado con el crimen organizado llegó al domicilio de las hermanas de Silva Andrade. Les dijo que lo tenían retenido y que debían acudir a “negociar con el jefe”. La amenaza escaló: si no firmaban documentos para ceder las tierras, José Luis sería golpeado y desaparecido. Esta presión directa no es nueva para la familia, víctima de intimidaciones desde meses atrás por su activismo ambiental. Desde febrero, al menos dos incidentes involucraron a hombres armados que buscaron a Rolando Silva Andrade, hermano de José Luis y también defensor ambiental. En marzo, la esposa de Rolando, Reyna Coello, recibió mensajes y llamadas de advertencia: si la comunidad no entregaba los terrenos, habría levantones.

La desaparición de defensores ambientales, un patrón en Michoacán

El caso de José Luis Silva Andrade no es aislado. Michoacán registra un patrón de agresiones contra quienes trabajan para frenar la deforestación y la apropiación ilegal de tierras. Organizaciones civiles y comunitarias han documentado que la tala ilegal suele estar ligada a intereses económicos de grupos criminales. El riesgo aumenta para los líderes y sus familias, quienes enfrentan represalias por su labor.

La desaparición de Silva Andrade ocurre en medio de denuncias de otras comunidades que han visto cómo la presión y la violencia buscan desplazar a quienes defienden el bosque. En Agua Fría, la familia Silva Andrade es reconocida por su activismo en la protección del agua, el bosque y el territorio. El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas pidió que se evalúe el riesgo que enfrenta la comunidad y que se adopten medidas de protección individuales y colectivas.

El Estado mexicano, obligado a garantizar la búsqueda y protección

El caso de José Luis Silva Andrade pone en el centro la obligación del Estado mexicano de desplegar todos los recursos para localizarlo con vida y proteger a quienes defienden el territorio. La legislación nacional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que la labor de defensa ambiental debe ser considerada como línea principal en la investigación de estos delitos.

Familiares, organizaciones y la comunidad han reiterado la exigencia: la búsqueda debe ser inmediata y coordinada. El Mecanismo de Protección debe evaluar e implementar medidas urgentes para la familia y para los defensores de Agua Fría. La desaparición de un defensor ambiental representa un ataque a quienes luchan por el bien común y por el derecho de todas las comunidades a un medio ambiente sano.

El caso de José Luis Silva Andrade mantiene en alerta a defensores y habitantes de Michoacán, quienes insisten en que la búsqueda y la protección de las personas defensoras sean prioridad para las autoridades.