
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a la Fiscalía General de la República (FGR) de México para atraer los casos de periodistas asesinados, cabe destacar que solo en 2026 se ha registrado el ataque mortal a 7 comunicadores.
CPJ insta a tomar medidas ante la violencia contra periodistas
La organización también llamó a las autoridades federales a tener una mayor coordinación con los estados, además de buscar el reforzamiento de las medidas de protección a todos los periodistas en el marco del Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el comunicado emitido el 11 de agosto, señala que las autoridades federales tienen facultades suficientes para actuar bajo el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recordó casos como los de Miroslava Breach y Javier Valdez, donde el estado mexicano obtuvo sentencia condenatoria en contra de alguno de los agresores.
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El CPJ también detalla que tanto el gobierno federal como los estatales no actúan ante la denuncia pública y la preocupación del gremio ante las agresiones relacionadas por su labor. Enuncia la falta de pronunciamiento por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando que su administración no ha hecho mención sobre la toma de acciones específicas en respuesta.

Gobiernos estatales niegan agresiones contra periodistas
El Comité subraya que la respuesta de los gobiernos estatales es deficiente ante la crisis reportada, ya que al igual que lo hacía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios llegan a referirse de manera despectiva hacia la prensa, buscando demeritar su trabajo.
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Como ejemplo de lo anterior, hace mención de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, quien es acusado de realizar múltiples señalamientos en contra de quien realiza periodismo crítico; el mandatario se mantiene al centro del escrutinio público tras el asesinato del columnista Alejandro Leyva.
También, recuerda el posicionamiento del 15 de junio de la gobernadora Rocío Nahle, cuando negó que el estado tenga algún problema de violencia contra la prensa, pese a ser calificada como la entidad más riesgosa para ejercer la labor periodística.
El CPJ denuncia el silencio que guardan gobiernos como el de Puebla o Guerrero -gobernados por Alejandro Armenta y Evelyn Salgado, respectivamente-, quienes ni siquiera han hecho mención de los crímenes cometidos en contra de Josué Martínez y Alex Serna.
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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se deslinó de que propuesta del censo de periodistas haya sido de ella. (Crédito: X/@rocionahle)
Impunidad permea en los crímenes contra la prensa
El documento emitido reitera que la constante en los casos de violencia contra la prensa es la “impunidad”, lo que incentiva aún más los “ataques mortales contra la prensa en México, lo que hace que la necesidad de ejercer la facultad de atracción de los casos por las autoridades federales sea aún más urgente”.
Insiste en que las fiscalías estatales tienen un historial marcado por la deficiencia en las investigación de agresiones contra la prensa, un factor que se suma al de la implicación de funcionarios públicos estatales en al menos dos de los siete casos de este 2026.
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Pide al Gobierno de México romper el ciclo de violencia
El representante del CPJ en México, Albert Hootsen, comentó que la administración de Sheinbaum puede romper el ciclo de violencia contra periodistas que definió a los gobiernos anteriores, instando a tomar medidas contundentes ante la crisis:
“La presidenta Sheinbaum y su administración pueden optar por romper el ciclo de violencia e impunidad que definió la relación de sus antecesores con la prensa, o bien convertirse en la siguiente de una larga lista de mandatarios mexicanos que se cruzaron de brazos mientras el país afianzaba su nefasto estatus como el más mortífero para los periodistas en América”.
Finalmente, la falta de transparencia y claridad por parte del Mecanismo de Protección, el cual cuenta con aproximadamente 500 periodistas incorporados a su programa, aunque la dependencia no ha publicado cifras oficiales en 2025 y 2026.
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