Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Un juez federal vinculó a proceso este 12 de agosto a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa ligada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por su probable participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos e ilícitos en esta misma materia.

La decisión del juez llegó luego de reanudarse la audiencia inicial este día. En la sesión, se decretó prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR identificó un esquema de declaraciones falsas ante aduanas

En sus canales oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Guadalupe Hernández y reafirmó que la red criminal, de la cual formaría parte, usaba cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a los que realmente transportaban. En otros casos, los integrantes de la estructura habrían declarado que se trataba de productos distintos para evadir el pago de impuestos.

Esos datos ya los había revelado previamente la fiscal general Ernestina Godoy, el mismo día que señalaron a Ernesto Ruffo como líder de la mayor red de tráfico de huachicol detectada hasta el momento en el país. En el mensaje de este 12 de agosto, la FGR señaló que el objetivo de las investigaciones es combatir el contrabando de combustible, resarcir el daño y procurar que el ilícito no quede sin castigo.

De acuerdo con información extraoficial sobre los datos de prueba presentados ante el juez, Hernández Hinojosa habría tenido acceso directo a las finanzas de Ingemar como firmante autorizada de sus cuentas bancarias. Además, dentro de los señalamientos en su contra están las supuestas gestiones ante aduanas para liberar mercancías con documentación irregular y la firma de contratos relacionados con la distribución de hidrocarburos.

Con la vinculación a proceso de Guadalupe Hernández, suman nueve las personas aprehendidas en el marco de la investigación por el huachicol fiscal ferroviario. Además de la apoderada legal de Ingemar, las autoridades tienen bajo proceso a:

1. Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
2. Ricardo Thompson Navarro, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
3. Juan Hermilo Chávez Rodríguez, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
4. Guillermo de la Peña Rosales, en su domicilio por motivos de salud
5. José María de la Peña Ramos, en su domicilio por motivos de salud
6. Luis Antonio Barrientos Juárez, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
7. Adriana Magali Bárcenas Guillén, en el Cereso Nezahualcóyotl Sur
8. José Merino Valdés Cuervo, en el Cefereso 1 “El Altiplano”.

Ruffo Appel busca salir del Altiplano vía amparo

Este mismo 12 de agosto se reveló que el abogado Santiago Villareal Boullosa presentó ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Estado de México un juicio de amparo en nombre de Ruffo Appel, con el que impugna tanto su vinculación a proceso del 19 de julio como la prisión preventiva oficiosa que cumple en el penal del Altiplano. La defensa también reclamó la negativa de la jueza de Control de Almoloya de Juárez de permitir que la medida cautelar se cumpliera en su domicilio.

El juez federal concedió parcialmente la suspensión provisional solicitada, pero descartó el traslado a prisión domiciliaria. Determinó que ordenarlo en esta etapa equivaldría a otorgar efectos restitutorios a la suspensión, facultad reservada para la resolución definitiva de fondo. Ruffo Appel permanece en el Altiplano mientras el juzgado resuelve si concede o niega la suspensión definitiva.

La defensa de Ruffo Appel aportó como pruebas un informe médico sobre riesgos del internamiento, un expediente ortopédico, electrocardiogramas, notas de Scripps Clinic y Scripps Green Hospital, y recetas suscritas por su cardiólogo el 17 de julio de 2026, cuando Ruffo ya estaba detenido.

La red declaraba el 10% del volumen real ante las aduanas

Según la FGR, Ingemar y las empresas vinculadas a la red cruzaban combustible desde refinerías en Texas por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, declarando ante las autoridades apenas 10 mil litros por ferrotanque cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. En otros cargamentos, simplemente registraban un producto distinto al hidrocarburo para evitar las obligaciones fiscales correspondientes.

Una vez en territorio nacional, la mercancía ingresaba sin revisión aduanera y se descargaba en espuelas ferroviarias. Desde ahí, sin permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el combustible pasaba a pipas y tractocamiones de siete empresas distribuidoras. El producto se comercializaba principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

La fiscal general Ernestina Godoy reveló que la investigación identificó 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025. La evasión de IEPS e IVA sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados, mientras que el daño total a la hacienda pública superó los 4 mil millones de pesos.

De manera paralela, la FGR rastreó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato hacia empresas extranjeras, manteniendo saldos mínimos, patrón que los investigadores identificaron como cuentas puente.