Fiscalía de Michoacán captura a maestro señalado de almacenar y distribuir pornografía infantil

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo el pasado 10 de agosto de 2026 a Edgar Abdiel “N”, maestro señalado de haber almacenado y distribuido material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales durante más de cinco años, en el marco de una investigación que arrancó con un reporte internacional canalizado desde Estados Unidos.

La orden de aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público el 30 de julio de 2026 y autorizada al día siguiente por un juez de control. Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la FGE ejecutaron el mandato diez días después.

Edgar Abdiel “N” habría operado con un seudónimo entre 2020 y 2025

De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación, Edgar Abdiel “N” habría utilizado un seudónimo para almacenar y distribuir, a través de plataformas digitales, imágenes y videos de contenido sexual en los que aparecían menores de edad. La conducta investigada se habría extendido desde febrero de 2020 hasta junio de 2025, un periodo de cinco años y cuatro meses.

Entre las víctimas identificadas figuró una adolescente que tenía 12 años al momento de los hechos investigados. Las autoridades revelaron que cuentas de Edgar Abdiel “N” en las plataformas Google Photos y Google Drive habrían sido los canales utilizados para almacenar y distribuir el material. El imputado habría tenido acceso a las imágenes a través de servicios digitales y posteriormente las habría redistribuido desde esas cuentas.

El investigado se desempeñaba como docente al momento de los hechos. La FGE no precisó en qué institución educativa trabajaba ni en qué municipio de Michoacán ejercía.

La denuncia partió del National Center for Missing & Exploited Children en Estados Unidos

La investigación tuvo su origen en información reportada por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos especializado en la localización de menores desaparecidos y en la detección de material de explotación sexual infantil en plataformas digitales.

El reporte fue canalizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, autoridad que presentó la denuncia y la evidencia digital correspondiente ante la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la FGE Michoacán.

A partir de esa denuncia, la fiscalía desplegó los actos de investigación que derivaron en la solicitud de la orden de aprehensión. El caso quedó radicado en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, unidad que tiene a su cargo los delitos de trata de personas en la entidad.

Edgar Abdiel “N” fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se resolviera su situación jurídica conforme a derecho. El delito imputado es trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en su hipótesis de almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

En Guadalajara, una mujer fue vinculada a proceso por almacenar material de abuso sexual infantil

En otro caso vinculado al mismo delito, el pasado 11 de agosto de 2026 la Fiscalía del Estado de Jalisco logró la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Eva Isabel “N”, mujer acusada del presunto delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil en Guadalajara.

El caso también tuvo su origen en una alerta del NCMEC, canalizada en México por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. El reporte apuntaba a la presunta tenencia, elaboración y difusión de material de explotación sexual infantil a través de cuentas de correo electrónico vinculadas a distintos números telefónicos.

Los registros digitales rastreados por las autoridades correspondieron al 25 de abril de 2024 y apuntaron a un domicilio en Guadalajara. Con ese sustento, el Ministerio Público obtuvo el mandato de captura. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa por la duración total del proceso y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.