Denuncian que reforma electoral en Querétaro es discriminatoria: no hay paridad de género ni representación de grupos vulnerables

La reforma electoral aprobada en Querétaro ha generado denuncias de discriminación por parte de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, quienes afirman que la legislación recientemente avalada por el Congreso local dificulta la representación de grupos vulnerables y no garantiza la paridad de género en los municipios donde históricamente no ha habido mujeres en el poder.

El debate se centra en los cambios realizados a la iniciativa diseñada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la cual buscaba asegurar la participación política de sectores históricamente excluidos.

El recorte legislativo: exclusión y reducción de espacios

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo @pedaleanda explicó la situación electoral que atraviesa actualmente la entidad. La propuesta inicial del IEEQ establecía la obligación para los partidos políticos de postular mujeres en tres de cinco municipios donde nunca ha gobernado una mujer: Amealco, Colón, Tequisquiapan, Querétaro y El Marqués. Además, planteaba acciones afirmativas para que personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT+, migrantes, jóvenes, adultos mayores y afromexicanas pudieran integrarse en las planillas municipales de cara al proceso electoral 2027.

El texto final aprobado por los legisladores queretanos no solo recortó el número de municipios obligados a postular mujeres de tres a dos, sino que eliminó todas las acciones afirmativas propuestas por el órgano electoral local. Organizaciones sociales señalaron que la reforma tampoco contempla la creación de una defensoría pública electoral, un mecanismo que habría permitido a los sectores excluidos defender sus derechos ante posibles violaciones durante el proceso electoral.

Las críticas apuntan a que con esta reforma se perpetúa la exclusión política de grupos históricamente marginados y se limita el avance en materia de igualdad de género. Según los activistas, la falta de mecanismos efectivos para garantizar la participación de estos sectores contradice los principios de progresividad de derechos que deben regir la legislación electoral.

Ante el recorte legislativo, el IEEQ mantiene la facultad de emitir lineamientos complementarios que puedan compensar las restricciones impuestas por el Congreso estatal. Diversos colectivos han exigido que el instituto utilice esta atribución para garantizar la postulación de personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT+, migrantes, jóvenes, adultas mayores y afromexicanas en las planillas municipales de la elección del 2027.

Las organizaciones también piden que los lineamientos aseguren mecanismos efectivos para alcanzar la paridad sustantiva y no se limiten a una paridad numérica, solo mediante medidas afirmativas y la apertura de espacios reales de participación podrá cumplirse con los objetivos de inclusión y representación de todos los grupos históricamente discriminados.

Gobernador de Querétaro veta ley de identidad de género

El contexto de exclusión política en Querétaro se amplió cuando el gobernador Mauricio Kuri González vetó la reforma sobre identidad de género aprobada por la legislatura local el 30 de abril de 2026. El mandatario argumentó que la ley, que permitía el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento por autopercepción, “representa una amenaza para las familias” y sostuvo que podría afectar a niñas, niños y adolescentes, aunque la versión aprobada solo aplicaba a personas mayores de edad, según aclaró el Congreso local.

La decisión de Kuri provocó manifestaciones inmediatas por parte de colectivos del estado y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quienes defendieron el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la protección de los derechos humanos.

La UAQ llamó a mantener el diálogo abierto y expresó que negar mecanismos legales y administrativos accesibles para el reconocimiento de la identidad de género tiene consecuencias negativas para el bienestar integral de las personas. Por su parte, Amnistía Internacional calificó el veto como un retroceso en derechos humanos y subrayó la urgencia de garantizar procedimientos accesibles y no discriminatorios para el reconocimiento de la identidad de género.