Población penitenciaria en México aumentó 14%: gobierno alista construcción de nuevos penales para evitar saturación

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que está trabajando en medidas para atender la sobrepoblación que presentan algunos centros penitenciarios en el país, la cual ha crecido entre 14 y 15% en tan solo dos años, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tomará medidas para atender esta situación, entre las que se encuentra liberar a quienes se encuentren cumpliendo sentencias por delitos menores y contruir nuevos centros.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que al inicio de su gobierno, los centros penitenciarios tenían alrededor de 235 mil internos y actualmente suman más de 270 mil, lo que significa un incremento importante en lo que va del sexenio, sin embargo, precisó que el aumento es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad, ya que la mayoría de las nuevas detenciones corresponde a delitos de alto impacto, no a faltas menores.

El funcionario señaló que “la población penitenciaria en la administración actual ha aumentado entre 14 y 15 por ciento”. Añadió que los 60 mil detenidos por alto impacto están distribuidos entre penales federales y estatales, y que la coordinación entre ambos sistemas es continua.

Subrayó que la sobrepoblación se concentra especialmente en los penales estatales, mientras que los centros federales mantienen un margen de capacidad disponible, con cerca del 20% de espacios aún libres.

Medidas del gobierno para atender la sobrepoblación penitenciaria

El gobierno federal ha delineado una serie de medidas concretas para enfrentar la sobrepoblación en los centros penitenciarios, priorizando tanto la infraestructura como la justicia procesal y el respeto a los derechos humanos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la primera estrategia se enfoca en la liberación de personas privadas de la libertad por delitos menores o que permanecen años sin sentencia.

Este esfuerzo está coordinado por Luisa María Alcalde, consejera jurídica del gobierno federal. “Estamos viendo si se requieren algunas modificaciones jurídicas que permitan acelerar los procesos para quienes, por delitos menores o por falta de sentencia, continúan detenidos”, explicó la mandataria.

La segunda acción anunciada es la construcción de nuevos centros penitenciarios estatales. El plan contempla la edificación de al menos seis nuevas instalaciones en entidades con mayor saturación, en coordinación con los gobiernos estatales. La mandataria subrayó la intención de que estos nuevos penales “tengan una visión distinta respecto a cómo fueron construidos los últimos”, poniendo énfasis en condiciones más dignas y adecuadas para la reinserción social.

Además, el gobierno mantiene abierta la posibilidad de implementar acciones de reubicación y liberaciones tempranas en estados con problemas críticos, replicando estrategias como las aplicadas en el Estado de México, donde ya se han comenzado a tomar medidas tanto administrativas como judiciales para aliviar la carga en los penales locales.

La revisión continua de las normativas, la colaboración interinstitucional y la transparencia en el manejo de cifras serán pilares fundamentales en la respuesta gubernamental frente a la sobrepoblación penitenciaria.

Transparencia y seguimiento de casos: promesa de datos abiertos

García Harfuch respondió a cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de las cifras penitenciarias y el riesgo de la “puerta giratoria”. Señaló que “cada fiscalía local y federal tiene registro puntual de las personas puestas a disposición, cuántas han salido libres, cuántas han sido vinculadas a proceso y cuántas sentenciadas”. Aseguró que estos informes serán compartidos para su verificación.

El secretario enfatizó que la colaboración con el Poder Judicial y las fiscalías ha permitido reducir la liberación de detenidos por delitos graves. “Es mínimo el número de personas detenidas por alto impacto que han salido libres”, recalcó. Además, remarcó que la mayoría de las detenciones actuales se realizan con órdenes de aprehensión o cateos, lo que otorga mayor certeza jurídica y fortalece el proceso penal.