
México enfrenta un déficit de 842 unidades médicas con capacidad para atender emergencias obstétricas, según una investigación basada en información hospitalaria. El documento señala que las deficiencias de infraestructura, coordinación y cobertura dificultan que las mujeres reciban atención oportuna durante el embarazo, el parto y el puerperio.
El estudio, denominado Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México, analiza las diferencias entre las disposiciones legales vigentes y las condiciones reales de los servicios públicos de salud.
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Para elaborar el diagnóstico se utilizaron los Registros de Egresos Hospitalarios Sectorial de la Secretaría de Salud correspondientes a 2023. Los resultados indican que las emergencias obstétricas representaron 19 por ciento de todos los egresos hospitalarios registrados en el país y 61 por ciento de aquellos relacionados con la salud materno-infantil.
El reporte contabilizó 4 mil 871 egresos por defunción dentro del universo analizado durante ese año. La mayoría correspondió a fallecimientos neonatales. Los autores señalaron que una parte de las muertes estuvo vinculada con causas prevenibles o con padecimientos que podrían haber recibido atención más oportuna.
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Cinco entidades concentran las mayores carencias
La estimación de las 842 unidades faltantes se realizó a partir de parámetros de disponibilidad atribuidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las brechas más amplias fueron identificadas en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León. El documento no precisa en el comunicado de prensa cuántas unidades necesita cada entidad ni detalla la capacidad actual de los establecimientos evaluados.
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Una emergencia obstétrica puede presentarse durante el embarazo, el parto o las semanas posteriores al nacimiento. Hemorragias, infecciones y trastornos hipertensivos se encuentran entre las complicaciones que requieren atención inmediata, debido al riesgo que representan para la mujer y el recién nacido.
Aunque la atención obstétrica de emergencia está reconocida en el marco jurídico mexicano, el estudio sostiene que todavía existen barreras para garantizar el acceso efectivo a los servicios.
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Convenio de atención estaría subutilizado
La investigación también examinó el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, vigente desde 2009. Este mecanismo permite que una mujer sea atendida en unidades de distintas instituciones públicas, independientemente de su afiliación.
De acuerdo con el análisis, 35.5 por ciento de las defunciones materno-infantiles de 2023 correspondió a causas no cubiertas por el convenio. Los autores consideran necesario actualizar su catálogo de emergencias y convertir el mecanismo en una red nacional obligatoria.
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La finalidad sería reducir las barreras institucionales cuando una paciente necesite atención inmediata o deba ser trasladada a una unidad diferente de aquella a la que se encuentra afiliada.
Guanajuato es presentado como modelo de coordinación
El documento destaca la red hospitalaria de Guanajuato por incorporar triage obstétrico, Código Mater y sistemas de referencia y traslado. El triage permite clasificar a las pacientes según la gravedad de su condición, mientras que el Código Mater activa una respuesta coordinada ante una emergencia.
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El estudio presenta esta estrategia como un ejemplo de los posibles resultados de la capacitación y la coordinación entre instituciones. Sin embargo, su reproducción en otras entidades dependería de la infraestructura, el personal disponible y la distribución territorial de los hospitales.

¿Qué medidas propone la investigación?
Entre las recomendaciones se encuentran ampliar la capacidad hospitalaria en los estados con mayor déficit, fortalecer los registros y capacitar al personal de todos los niveles de atención.
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También se propone desarrollar redes integradas que articulen unidades de primer contacto, hospitales, ambulancias y centros especializados con disponibilidad durante las 24 horas. Esto permitiría detectar señales de alarma, activar protocolos y agilizar los traslados.
La investigación fue elaborada por Early Institute, organización civil que difundió sus resultados mediante un comunicado. Las cifras y conclusiones corresponden a ese documento y deberán contrastarse con la metodología completa y las estadísticas oficiales disponibles.
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