
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) reveló en conferencia de prensa que ocho de las diez víctimas halladas sin vida el pasado 18 de julio en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto avisaron a familiares o personas cercanas que acudirían a una reunión con sus propios agresores, a quienes se referían como “los señores”.
La investigación acumula hasta el momento siete detenidos vinculados con el crimen, más de 105 dictámenes periciales y la intervención de más de 20 líneas telefónicas.
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Desde el inicio se revelaron dos posibles líneas: la colusión de funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo y una red de extorsión al sector constructor. Sin embargo, la declaración del alcalde Javier Torres Rodríguez ante la Fiscalía el pasado 24 de julio abrió dos vías adicionales y derivó en la citación de funcionarios adicionales de la administración.
Las autoridades también revelaron que siete de las diez víctimas mantenían relación comercial, empresarial o laboral con ese Ayuntamiento: cinco eran empresarios con contratos acreditados y dos eran servidores públicos. En el caso de los servidores, autoridades señalaron previamente una posible complicidad de ellos con la red de extorsión.
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Quiénes son las diez víctimas halladas en Pánuco, Morelos y Sain Alto
10 cuerpos fueron localizados el 18 de julio entre las 5:00 y las 7:15 de la mañana en tres puntos distintos: cinco colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, en Pánuco, con una cartulina con mensajes sobre presunta corrupción; cuatro abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en Morelos; y uno en Sain Alto. Ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

Las víctimas son Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y empresario minero, el único confirmado como víctima de privación ilegal de la libertad; Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, abogado y exregidor de Durango; los empresarios Juan Carlos Berumen Guerrero, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre y Jesús Daniel Rivera Sandoval; y el ganadero José Ángel Valdez Rivera, originario de Durango.
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La Fiscalía presumió previamente que Alvarado de la Torre y Muñetón Hernández habrían tenido participación activa dentro de una red de extorsión al sector constructor, posiblemente de forma coaccionada. Ambos siguen siendo considerados víctimas.
Familias confirmaron a la Fiscalía que las víctimas iban a ver “a los señores”
La expresión no es una deducción de los investigadores. Familiares y personas cercanas a las víctimas declararon ante la Fiscalía que ocho de los diez hombres avisaron que acudirían a una reunión “con los señores”.
“Así es lo que han manifestado”, dijo el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya en la conferencia de este 30 de julio. “Esa fue la palabra y es lo que tenemos documentado en nuestra carpeta de investigación”.
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El dato fue recabado a través de dos vías: el análisis de telefonía y entrevistas directas con personas cercanas a las víctimas. Con esa información, la Fiscalía estableció que las ocho personas tenían contacto o comunicación directa con sus agresores antes de morir.
La identidad de “los señores” sería línea de investigación central en este momento. “Lo que estamos analizando a través de las llamadas es justamente quién es la persona o el primer personaje que cita a esta reunión”, afirmó Camacho Osnaya.
Las citas no fueron simultáneas. La Fiscalía documentó que las víctimas se movilizaron en distintos horarios y días: algunas desde Fresnillo, otras desde la capital del estado y en el caso de Vázquez Gurrola, desde Durango.
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ADN en camioneta lleva a órdenes de aprehensión
El avance más concreto de la investigación provino del trabajo pericial. El 21 de julio, personal del Operativo Rastrillo detuvo a tres personas que circulaban por una brecha hacia la comunidad 6 de enero, en José María Morelos. En el vehículo llevaban metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos, seis cargadores calibre .223, 40 estrellas ponchallantas y cartuchos.
En la batea de esa camioneta se localizaron rastros de sangre y huellas dactiloscópicas. Tras procesamiento de servicios periciales, el resultado estableció una correspondencia genética de 99.9% con el perfil de una de las diez víctimas. Ese resultado, conocido este 30 de julio, permitió obtener dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado contra los dos mayores de edad detenidos.
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Los señalados son Osvaldo Marcelino “N”, de 22 años, originario de Durango, y Leonel de Jesús “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa. La tercera persona detenida, Dulce “N”, adolescente de 16 años originaria de Jerez, Zacatecas, permanece bajo internamiento preventivo en tanto se formula imputación ante la coordinación especializada en justicia para adolescentes, también por homicidio calificado.
El día de la detención, las tres personas fueron señaladas como posibles halcones en el secuestro de las víctimas, pero con el análisis de sangre su situación legal cambió.
La Fiscalía estatal identificó además dos vehículos que participaron en los hechos del 18 de julio: uno asegurado el 21 de julio en inmediaciones de Fresnillo y otro el 28 de julio en Sain Alto. Se aseguraron también seis vehículos que pertenecían a las víctimas.
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Investigación financiera en curso
La investigación financiera contra las presuntas redes de extorsión que habrían desencadenado la masacre abarca cinco personas morales y se desarrolla en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según el fiscal, hasta el momento el bloqueo de cuentas se solicitó únicamente respecto de personas físicas para no afectar la nómina de empleados ajenos a los hechos.

El alcalde Torres Rodríguez compareció el pasado 24 de julio ante la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos de Alto Impacto en calidad de testigo. Su declaración abrió dos nuevas líneas de investigación -las cuales no fueron reveladas- y derivó en la citación de dos funcionarios más, quienes este 30 de julio no atendieron el llamado por razones laborales. Personal de la Fiscalía acudió al Ayuntamiento y les dejó citatorio.
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La investigación apunta a una red de extorsión al sector constructor activa desde septiembre de 2025. En junio de 2026 la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Guillermo “N”, apodado “El Monumento”, quien se hacía pasar por líder de un gremio de sindicatos unidos. Fue detenido en menos de 48 horas y vinculado a proceso por extorsión. Esos hechos estarían vinculados con el crimen.
Operación Rastrillo suma 14 detenidos y repliega a grupo armado hacia Durango
En la misma conferencia de este 30 de julio, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, detalló que en el área de operaciones para dar con los responsables actúan tres agrupamientos —Coca, Bravo y Alpha— con el respaldo de tres helicópteros, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y la Policía Estatal, con un despliegue de 629 elementos.

El general reveló que hasta el momento hay 14 detenidos por el Operativo Rastrillo, de los cuales siete son considerados de alta prioridad para la investigación.
Tres de ellos son los mismos imputados por homicidio calificado identificados a través de la prueba de ADN —Osvaldo, Leonel y Dulce—. Los cuatro restantes fueron judicializados por la Fiscalía General de la República por delitos federales relacionados con el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y cartuchos, y la Fiscalía estatal cuenta con órdenes de aprehensión en su contra por delitos del orden común.
Ante la presión del operativo, autoridades señalaron que grupos delincuenciales se replegaron hacia la sierra de Chalchihuites y hacia el estado de Durango.
La red de extorsión al sector constructor que la Fiscalía vincula con los hechos llevaría activa desde septiembre de 2025. Fresnillo encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas.
Cabe señalar que gobierno de Zacatecas reconoció desde el pasado 20 de julio la presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa en la entidad; la investigación busca determinar si alguno de esos dos cárteles tendrían relación con la masacre.
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