
Mario Alberto Cortés, excomisario municipal de Tlayolapa, fue detenido tras la ejecución de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Meses antes, el mismo hombre había amenazado públicamente con tomar las armas si el gobierno no actuaba en su región.
Los resultados del operativo, anunciado este 30 de julio, derivaron de trabajos de investigación de la Fiscalía estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.
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Las autoridades lo vinculan a Los Ardillos y a bloqueos en la Autopista del Sol
En información oficial, autoridades presumieron que Cortés formó parte del grupo delictivo Los Ardillos y que actuó como colaborador cercano de Benito “N”, conocido como “El Oso”, jefe regional y de plaza de esa organización criminal con zona de influencia en la Costa Chica y la Montaña baja de Guerrero.
Las investigaciones también señalaron que el excomisario participó en la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada. Esas acciones fueron presuntamente encabezadas por Daniel “N”, quien fue detenido el 17 de marzo de 2026 por el mismo delito, privación de la libertad en agravio de servidores públicos.
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Mario Cortés quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional en el estado de Guerrero para continuar con las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En febrero amenazó con alzarse en armas desde una conferencia de prensa
En febrero de 2026, Cortés participó como comisario de Tlayolapa en una conferencia de prensa celebrada en Tierra Colorada, junto a representantes de al menos 23 comunidades y 20 colonias del municipio de Juan R. Escudero. En ese evento acusó directamente a Lino Ponce González, coordinador general de la UPOEG, de haber irrumpido en Tlayolapa con gente armada con equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y de generar tal temor entre los habitantes.
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Cortés narró que Ponce González y su gente se habían retirado en algún momento, que la comunidad estuvo tranquila, pero que luego “volvió a salir otra vez” y generó nuevamente confusión.
Los asistentes a esa conferencia —comisarios, comerciantes, transportistas y delegados de colonias— señalaron que la llegada de más de 200 policías comunitarios de la UPOEG y del CIPOG-EZ a pueblos de Tecoanapa, y su posterior desplazamiento hacia territorio de Juan R. Escudero, había agravado el malestar en la región.
Los inconformes exigieron a los gobiernos estatal y federal que dejaran de entablar mesas de diálogo con los grupos comunitarios y actuaran de manera directa para restablecer el orden en la zona.
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“Si el Gobierno no hace caso, nosotros también tenemos que levantarnos en armas”
Cortés fue explícito sobre el miedo cotidiano que vivían los habitantes: “¿Qué confianza tendremos nosotros al dejar a la familia que salga con ese?”, dijo en referencia al armamento que portaban los integrantes de la UPOEG. Aclaró que el rechazo no era una decisión individual: “como comunidades nos hemos reunido”, sostuvo.
En el material, el entonces comisario de Tlayolapa amenazó con levantarse en armas. Crédito: Redes Sociales
“Por eso pedimos apoyo del Gobierno, para que el Gobierno haga su trabajo y no lo hagamos nosotros”, dijo Cortés. Acto seguido lanzó la advertencia: “si el Gobierno no hace caso, pues nosotros también tenemos que levantarnos en armas e cuidar nuestras localidades, nuestro municipio”.
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Meses después de ese pronunciamiento, fue detenido no por defender a su comunidad, sino por su presunta participación en el secuestro de servidores públicos.
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