Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

La defensa legal de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), presentó un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado el 23 de julio por el juez Ubaldo de la Sancha, quien le impuso prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio calificado.

Los abogados exigieron su liberación en una conferencia de prensa celebrada este 29 de julio en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Chilpancingo, y denunciaron que la carpeta de investigación contiene testimonios contradictorios y documentos con firmas presuntamente falsificadas.

Jesús Galindo, de 41 años, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Un comunicado conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como presunto responsable del asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, ocurrido el 30 de octubre de 2021, y lo vinculó con los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Tlacos”.

La apelación fue presentada el pasado 28 de julio ante el juzgado de control. La sala penal unitaria tiene entre tres y seis meses para resolver. La defensa espera que los magistrados revoquen el auto de vinculación y dicten libertad a favor de Galindo.

La orden de aprehensión se basa en dos testimonios que la defensa considera fabricados

El abogado Aarón Díaz, de Tlachinollan, explicó que la orden de aprehensión fue librada el 11 de junio de 2026 por el juez Emmanuel Reyna Vélez. La acusación señala que Galindo habría ordenado el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de Xicotlán, el 30 de octubre de 2021.

Según los datos revelados, la orden se sustentó principalmente en la declaración de la hija de Xanteco Bartolo, rendida el 3 de junio de 2026, cinco años después de los hechos.

La mujer habría afirmado haber guardado silencio por miedo, pero según los datos revelados este 29 de julio, la esposa de la víctima declaró ante la fiscalía en junio de 2022 que desconocía quién había matado a su esposo. Esa contradicción fue presentada por la defensa como evidencia ante el juez.

El segundo testimonio pertenecería a un hombre identificado como Marcos Campos Ahuejote, quien habría muerto en mayo de 2022. La defensa sostuvo que la firma en ese documento no corresponde a la que aparece en su credencial de elector, entre otras presuntas irregularidades.

La defensa alega en la apelación irregularidades

Rogelio Teliz, también parte del equipo defensor, detalló que todas las actuaciones de la carpeta de investigación están firmadas por la misma agente del Ministerio Público, excepto precisamente las dos entrevistas que señalan directamente a Galindo como responsable del homicidio.

Señaló que el escrito de Marcos Campos Ahuejote carece del código de barras que la Fiscalía imprime en todos sus documentos oficiales y que registra fecha, hora y nombre de la fiscalía que lo genera. Además, señaló que la tinta de la firma es reciente y fue asentada en color azul, a diferencia del resto del expediente.

Asimismo, reveló que no tendría sello del Ministerio Público ni la firma de la asesora jurídica, figura obligatoria cuando un testigo rinde declaración.

La Fiscalía informó en 2025 que Galindo no tenía antecedentes penales en Guerrero

Por su parte, el bogado Javier Rodríguez, de la Misión Civil de Observación Sexta, destacó que en agosto de 2025 la Fiscalía General del Estado de Guerrero remitió un oficio al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el que, tras una búsqueda en todas sus bases de datos, informó que Jesús Galindo no registraba situación de riesgo ni procesos penales en su contra, únicamente carpetas por amenazas.

Galindo forma parte del Mecanismo de Protección desde el 4 de enero de 2021 y contaba con acompañamiento de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en las comunidades de Tlapa y Chilapa. La defensa argumentó que resulta improbable que hubiera ordenado un homicidio en ese periodo sin que ninguna autoridad lo registrara.

Javier Rodríguez advirtió además en la conferencia que la carpeta del homicidio incluye los nombres de otras ocho personas vinculadas al CIPOG-EZ y al Barzón que permanecen activas en la Montaña Baja, lo que calificó como una persecución contra la estructura organizativa de las comunidades indígenas de la región.

Abel Barrera acusa al juez de actuar por consigna y señala un trasfondo político

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó al juez Ubaldo de la Sancha de haber desestimado los elementos aportados por la defensa y de haber cedido a presiones externas.

Señaló también al juez Emmanuel Reyna Vélez, quien libró la orden de aprehensión, de mantener ese mismo criterio en otros casos relacionados con defensores comunitarios en Guerrero.

Barrera vinculó la detención -como ya lo habían hecho diversas organizaciones indígenas- con las denuncias que Galindo realizó en medios nacionales e internacionales sobre la presunta complicidad de los tres niveles de gobierno con el grupo criminal “Los Ardillos” durante los ataques de mayo de 2026 contra comunidades de la Montaña Baja, que dejaron al menos ocho integrantes del CIPOG-EZ muertos y cerca de 2 mil 200 personas desplazadas.

Madre y esposa de Galindo exigen su liberación desde la conferencia

Por su parte, Aurea Oropeza, esposa de Galindo, narró que el 17 de julio lo acompañaba en el vehículo cuando fueron interceptados en el retén de San Marcos. Describió que más de 40 elementos de distintas corporaciones rodearon el auto, les apuntaron con armas, revisaron el vehículo y esposaron a Galindo frente a ella. No supo de su paradero sino hasta casi 30 horas después, cuando él la llamó desde el penal.

Además, la señora Enedina, madre de Galindo, se conectó por videoconferencia. Se describió como “una madre desesperada, como todas aquellas que buscan a sus hijos e hijas” y pidió la unión de las organizaciones sociales para exigir justicia.

“Hago un llamado al gobierno estatal y federal que dejen en libertad a mi hijo. Él es inocente, esto es político. No quiero dinero, solo pido justicia y libertad”, dijo.

Reafirmó que Jesús Galindo tenía medidas cautelares reconocidas por las propias autoridades precisamente por ser un luchador social, y preguntó: “¿Y ahora por qué lo ven como un delincuente?”. Exigió también que las autoridades que firmaron acuerdos con los pueblos indígenas den resultados y “que no sea un papel más que quede en la basura”.