Carolina Viggiano rechaza que el gobierno sea el árbitro de la conversación pública por la nueva regulación

La dirigencia del PRI, con Alejandro “Alito” Moreno y Carolina Viggiano, endureció su rechazo a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión mientras avanza la consulta pública de la CRT, un proceso que el Gobierno federal defiende como mecanismo para proteger a las audiencias y que la oposición y organismos del sector cuestionan por el margen que podría abrir a la intervención sobre contenidos de radio y televisión.

Dicha consulta de telecomunicaciones permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto. En ese lapso podrán enviar observaciones concesionarios, especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos.

El debate se concentra en cambios concretos para radio y televisión: códigos de ética obligatorios, una persona defensora de las audiencias en cada medio, procedimientos para recibir y resolver quejas, obligación de distinguir entre información noticiosa, opinión y publicidad, medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y garantía del derecho de réplica.

La propuesta también prevé la posibilidad de intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cuando no se atiendan resoluciones, con sanciones en los casos previstos por la regulación. Ese punto, junto con la redacción de algunos conceptos, es uno de los ejes de la discusión pública.

Viggiano acusa que el gobierno busca vigilar noticieros

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la senadora del PRI Carolina Viggiano fijó una de las posturas más duras contra el proyecto. La legisladora dijo el 29 de julio: “No he visto una movilización ciudadana que exija que el Estado vigile los noticieros. No hay un clamor social, no hay una crisis”.

Viggiano sostuvo que el anteproyecto no fue acompañado “de un solo caso documentado, de un solo expediente, de un solo agravio concreto” que justifique crear “todo un aparato administrativo sobre el contenido de la radio y la televisión de nuestro país”. También cuestionó que se presente la medida como una deuda pendiente de 12 años.

Durante su intervención, la senadora planteó que el problema no estaría en medios que dependen de su audiencia, sino en aquellos que sobreviven con recursos públicos. En sus palabras: “El gobierno no puede ser el árbitro de la conversación pública. No este gobierno, ningún gobierno. La prensa existe para ser contrapeso del poder”.

Más adelante, al responder una pregunta del senador Erik Iván Jaimes Archundia, Viggiano insistió en que el gobierno “no podría, no debería ser árbitro”. También criticó que, tras la sustitución del IFT por la CRT, la facultad de regular quede dentro del gobierno y acusó que la autoridad tendría margen para decidir “qué información es falsa y cuál está descontextualizada”.

Para la legisladora priista, esa última palabra abre un riesgo específico sobre el trabajo editorial. “No es un hecho verificable, es un juicio editorial. Todo reportaje incómodo puede ser acusado de ser fuera de contexto por quien resultó incómodo”, afirmó en la tribuna.

Un día después, este 30 de julio, el dirigente nacional del partido, Alito Moreno respaldó públicamente a Viggiano en un mensaje difundido en X. “En el PRI no nos doblamos ni nos arrodillamos ante los cínicos, corruptos y mafiosos de Morena”, escribió el también senador.

En ese mismo mensaje, Moreno dijo que el PRI enfrenta “con firmeza” al gobierno “de la mano” de su secretaria general y senadora, y añadió que su militancia seguirá “levantando la voz y defendiendo a México de la destrucción que provoca Morena”.

La consulta se abre mientras crecen las críticas por la facultad de supervisión

Durante la presentación de los lineamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la regulación no busca censurar contenidos, sino fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información clara y diferenciada. La mandataria afirmó que no se pretende sancionar de manera automática a los medios y que las multas serían el último recurso cuando se determine un incumplimiento.

En la misma exposición, la consejera jurídica de la Presidencia. Luisa María Alcalde, señaló que la intención es definir con mayor precisión los conceptos previstos en la ley para evitar interpretaciones ambiguas y fijar una ruta clara para hacer efectivos los derechos de las audiencias.

Sheinbaum también dijo que por ahora estas disposiciones solo aplican a radio y televisión. Añadió que a futuro podría analizarse si la regulación debe abarcar a la prensa escrita y las plataformas digitales, un tema que, según expuso, tendría que discutirse con la sociedad.

La respuesta directa a lo que cambia es esta: los concesionarios de radio y televisión tendrían nuevas obligaciones internas para atender quejas, separar con claridad noticias, opiniones y publicidad, y sujetarse a una supervisión que podría escalar a sanciones si la autoridad concluye que hubo incumplimientos.