Las empresas fachada del CJNG: cómo el narco se infiltra en gasolineras, tequileras y hasta zapaterías infantiles para ocultar su dinero

Detrás de una gasolinera, una tequilera, una mueblería y hasta una empresa de zapatos para bebés, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) construyó durante años una red de negocios formales para ocultar el dinero del narcotráfico. Esta estructura salió a la luz tras la sanción delDepartamento del Tesoro de Estados Unidosa más de 50 personas y compañías mexicanas relacionadas con el grupo criminal.

De acuerdo con su reciente reporte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó negocios activos en sectores tan distintos como la agroindustria, la construcción, el comercio de bebidas y el calzado infantil. Todos comparten una característica: sus titulares formales son familiares, primos, esposas o sobrinos de operadores del cartel, colocados allí para distanciar el nombre del líder de los activos que realmente controla.

La lógica detrás del esquema: por qué el CJNG usa empresas legales

El CJNG lleva más de 15 años perfeccionando sus métodos de lavado de dinero. La estrategia central consiste en traspasar el control de bienes ilícitos a personas cercanas que no figuran directamente en investigaciones criminales, lo que dificulta el rastreo de los activos y reduce el riesgo de que las empresas queden expuestas ante las autoridades.

La OFAC describe este mecanismo como una red diseñada para “ocultar el interés del líder en activos obtenidos con recursos ilícitos”. Quienes aparecen como dueños legales mantienen roles de liderazgo en las compañías, pero operan bajo las instrucciones del operador del cartel al que sirven.

Petrocoda S.A. de C.V.: la gasolinera de “Jardinero”

Audias Flores Silva, conocido como “Jardinero”, controla una empresa de gasolineras llamada Petrocoda S.A. de C.V. El negocio no figura a su nombre: los titulares formales son su prima, Areli Isis Medina Flores, y un subordinado identificado como Gabriel Serrano Magaña.

“Jardinero” fue detenido por las autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026, pero la OFAC confirmó que su red empresarial y criminal sigue operando. El sector de combustibles es especialmente útil para el lavado de dinero por su alto volumen de transacciones en efectivo y la dificultad para auditar cada operación individual.

El Almacén Licorería: el negocio de la esposa

La esposa de “Jardinero”, Karely Lizbeth Ramírez Bañales, figura como propietaria de El Almacén Licorería, una tienda de bebidas. El establecimiento forma parte del esquema de activos que el operador del cartel mantiene bajo el control de su círculo familiar más cercano.

Ramírez Bañales también es copropietaria, junto a la prima de “Jardinero”, de una distribuidora de ropa al mayoreo. La acumulación de negocios en distintos rubros bajo el nombre de un mismo familiar es un patrón recurrente en la estructura financiera del CJNG.

Stella Servicios Comerciales: ropa al mayoreo como pantalla

Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V. es la distribuidora de ropa al mayoreo que aparece bajo el control conjunto de Ramírez Bañales y Medina Flores, la esposa y la prima de “Jardinero”, respectivamente.

El comercio textil al mayoreo es un sector que los organismos de inteligencia financiera señalan con frecuencia como vulnerable al lavado de dinero, dado que permite inflar o deflactar el valor de las mercancías para justificar movimientos de efectivo sin levantar sospechas inmediatas.

Casa Tequilera El Origen Del Tequila: narco en la industria del agave

Roberto Jiménez Arias, miembro del CJNG, opera Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V., una empresa productora de bebidas registrada en México. La industria tequilera, con exportaciones legales y una cadena de distribución extensa, ofrece cobertura para mover dinero entre distintos eslabones comerciales.

Jiménez no se limitó a un solo negocio. El mismo operador del cartel también controla una empresa de construcción, lo que le permite diversificar los canales por los que circulan los recursos del grupo criminal.

Hurrari Kash S.A.: la constructora del mismo operador

La segunda empresa de Jiménez es Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V., una constructora. El sector de la construcción es uno de los más utilizados para el lavado de activos a nivel global: permite justificar grandes desembolsos de efectivo a través de contratos de obra, materiales y mano de obra difíciles de auditar con precisión.

Su esposa, Martha Alicia Alvarado Rodríguez, también integrante del cartel según la OFAC, comparte con él el control de una tercera empresa de giro agropecuario.

Agropecuaria Amateq Del Valle: el campo como fachada

Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V. es la empresa agrícola que Jiménez y Alvarado Rodríguez controlan de forma conjunta. Las empresas agropecuarias permiten al cartel justificar ingresos mediante la venta de productos del campo, un sector con fiscalización limitada en zonas rurales y con acceso a subsidios gubernamentales que pueden mezclarse con recursos de origen ilícito.

La combinación de una tequilera, una constructora y una agropecuaria bajo el control de una misma pareja ilustra con precisión la diversificación financiera que el CJNG aplica para blindar su patrimonio.

Productores Vagu S.A. de C.V.: muebles sobre laboratorios de metanfetamina

José Jesús Gutiérrez Valdez supervisa varios laboratorios clandestinos de metanfetamina en Zacatecas y, al mismo tiempo, figura como titular de Productores Vagu S.A. de C.V., una empresa de muebles. La combinación resulta deliberada: un negocio de manufactura permite facturar ventas ficticias y absorber efectivo sin que las cifras resulten inmediatamente sospechosas.

Gutiérrez Valdez fue incluido en la lista de sancionados del 23 de julio junto a otros miembros de la red de “Jardinero”, entre ellos jefes de plaza responsables de la distribución de narcóticos hacia ciudades estadounidenses.

Bubux Baby Shoes: zapatos infantiles para lavar dinero narco

El caso más llamativo del expediente es el de Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, un operador senior del CJNG con antecedentes en robo de combustible y vínculos con un centro de reclutamiento forzado conocido como el Rancho Izaguirre. Su nombre aparece registrado como propietario de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa que, según su razón social, se dedica a la venta de calzado infantil.

“El Cachas” fue detenido en 2018 mientras fungía como guardaespaldas de la esposa del entonces líder del cartel. Aun así, según la OFAC, mantuvo el control de operaciones del CJNG antes, durante y después de su encarcelamiento en Jalisco. Su sobrino Gustavo Botello Rodríguez fue arrestado en septiembre de 2025 por cargos de narcotráfico, pero la célula familiar que ambos operaban continuó funcionando.

Cinco estados, un solo mapa criminal

El territorio que el CJNG controla a través de estas redes abarca Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. En cada estado, el cartel designa jefes de plaza que coordinan la producción en laboratorios clandestinos y el transporte de drogas hacia la frontera norte.

Uno de esos jefes de plaza, José Octaviano García Martínez, responde por la zona de Florencia, Zacatecas. Junto a otros dos operadores territoriales, García Martínez forma parte de la estructura subordinada a “Jardinero” que la OFAC desarticuló parcialmente con las sanciones del 23 de julio.

El efecto de las sanciones sobre las empresas

Cuando la OFAC sanciona a una persona o empresa, congela todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano o compañía de ese país hacer negocios con los designados. El efecto se extiende a terceros en otros países que quieran mantener acceso al sistema financiero internacional, lo que convierte la sanción en una herramienta de aislamiento económico global.

Para el CJNG, cuyas operaciones de lavado incluyen también el fraude en tiempos compartidos y el huachicol —robo de combustible de ductos—, la exposición pública de sus empresas fachada interrumpe los canales por los que el dinero ilícito regresa al circuito legal. Desde 2015, la OFAC ha sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas al grupo, entre ellas centros turísticos, plazas comerciales, inmobiliarias y restaurantes.