Calderón acusa autoritarismo en caso de Ernesto Ruffo y Citlalli Hernández le responde: “Es especialista en cinismo y desmemoria”

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa arremetió nuevamente al gobierno federal por la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

En su cuenta de X, el exmandatario panista calificó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como autoritarista y déspota.

Esto, en el contexto de que la detención de Ruffo Appel ocurrió tras la difusión de diversos audios sobre una presunta negociación entre Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, con autoridades de Estados Unidos.

En la misma publicación, Calderón Hinojosa afirmó que por este tipo de situaciones Morena buscó tener “jueces a modo”, haciendo referencia a que el partido político impulsó la elección judicial en 2025.

“Gobierno autoritario y déspota. Se han quitado la máscara, para eso querían jueces a modo, para usar la justicia para reprimir políticamente. Morena recurre a la cárcel”, escribió en la red social.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, le respondió a través de la misma red social calificándolo como “especialista” en cinismo y desmemoria.

La también exsecretaria de las Mujeres recordó que en el 2017 el expresidente panista acusó a Ruffo de estar ligado con el cártel de Los Arellano Félix; sin embargo, ahora lo defiende.

“Felipe Calderón es especialista en dos cosas: cinismo y desmemoria. Hace un par de años llamaba “narcotraficante” al exgobernador Ernesto Ruffo; hoy lo defiende", escribió en la misma red social.

Asimismo, dijo que Felipe Calderón señaló a Jorge Romero, actual dirigente nacional del PAN, de estar implicado en el llamado Cártel Inmobiliario, lo cual, según la morenista, quedó en el olvido luego de que Margarita Zavala, esposa del exmandatario, fue integrada a la Cámara de Diputados.

“A Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, señalado por el llamado “Cártel Inmobiliario”, lo calificaba de delincuente. Bastó con que le otorgaran una curul a Margarita Zavala para que todo quedara en el olvido.

“Lo que en realidad extrañan algunos panistas es la época en la que sus abogados de apellidos rimbombantes lograban influir, cooptar o intimidar a jueces de forma descarada, como ocurría durante el Calderonato”, concluyó.

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido el 16 de julio en Ensenada y trasladado al penal del Altiplano.

Tras más de 30 horas de audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, decidió vincularlo a proceso junto a siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó pruebas suficientes para justificar la medida.

Ruffo Appel, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecieron en prisión preventiva en el Altiplano; José María “N” y Guillermo “N” recibieron prisión domiciliaria por motivos de salud, y Adriana “N” fue recluida en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur.

La defensa de Ruffo Appel solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuó desde el martes y culminó el jueves con la vinculación a proceso.

Las autoridades señalaron a Ruffo Appel como presunto líder de una red dedicada al “huachicol fiscal”, que operaba mediante importaciones irregulares de gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos.

El esquema consistía en declarar solo el 10% del volumen real ante aduanas de Tamaulipas, provocando un daño al fisco superior a 4,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025.

La Fiscalía General de la República documentó más de 4,200 operaciones de importación en seis meses y estimó que 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados.

La investigación identificó 25 personas con orden de aprehensión, entre operadores logísticos y servidores públicos.

El caso fue considerado por la fiscal Ernestina Godoy como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta la fecha.