
El Clan de Los Lorenzana y el Cártel de Sinaloa mantienen una alianza operativa que lleva al menos dos décadas activa. Hoy, esa sociedad criminal está detrás de la disputa por un nuevo corredor terrestre de cocaína que atraviesa Guatemala y que las autoridades de ese país consideran una amenaza en plena expansión.
La relación entre ambas organizaciones no es nueva ni circunstancial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la documentó formalmente en 2010, cuando congeló los activos del patriarca Waldemar Lorenzana y los de sus tres hijos por sus vínculos con el grupo mexicano. Desde entonces, múltiples generaciones de la familia han sido procesadas en cortes estadounidenses por transportar cocaína a través de Guatemala y México.
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Una alianza que sobrevivió a sus fundadores
La estructura de los Lorenzana encajó con precisión en la cadena logística del Cártel de Sinaloa. Con base en el departamento de Zacapa, en la frontera guatemalteco-hondureña, el clan recibía cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica —en algunos casos enviados por vía aérea— y los reencauzaba hacia México.
Esa función de eslabón terrestre es la que le da vigencia al grupo pese a los golpes judiciales sufridos. Waldemar Lorenzana se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2014. Sus hijos Eliu y Waldemar hijo fueron condenados a cadena perpetua en 2018. Su hija Marta Julia Lorenzana Cordón recibió una sentencia de 33 años en 2024 por tráfico de drogas. Y en junio de 2025, Steven Ovaldino Lorenzana, alias “Chipi”, nieto del patriarca y uno de los principales lugartenientes del grupo, fue extraditado a Estados Unidos.
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Sin embargo, las generaciones más jóvenes de la familia continúan al frente de las operaciones, según afirman las autoridades estadounidenses. El Departamento de Estado ofreció en marzo de 2025 una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera al arresto de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, a quien los fiscales acusan de liderar el clan y de coordinar el transporte de cargamentos de cocaína para el Cártel de Sinaloa.
El ataque que reveló la nueva ruta
El 26 de mayo de 2026, un convoy de alrededor de 150 hombres —distribuidos en unos 20 vehículos— irrumpió en la aldea San José de las Lágrimas, en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, a menos de un kilómetro de la frontera con Honduras. La inteligencia militar guatemalteca atribuyó la operación a los Lorenzana.
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El saldo fue de al menos 10 viviendas de familias indígenas reducidas a cenizas y una persona muerta a balazos. Los agresores llegaron desde Copán, Honduras, equipados con chalecos balísticos y rifles de alto poder. Soldados guatemaltecos desplegados a menos de 150 metros del poblado los enfrentaron durante cerca de 30 minutos, tras lo cual los atacantes se retiraron y abandonaron camionetas y armas.
“Entraron ahí y todos bastante andaban armados. Nos dijeron: ‘Salgan afuera’. Uno comenzó a prender fuego a la casa y ya no pudimos sacar nada”, relató a Milenio una de las personas desplazadas.
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Por qué Esquipulas se volvió estratégica
El corredor que pasa por Esquipulas conecta Colombia con México a través de Centroamérica por vía terrestre. Dos factores explican por qué ese trayecto adquirió mayor valor en los últimos meses, según el gobierno guatemalteco.
El primero es el refuerzo de la vigilancia marítima de Estados Unidos sobre las costas de Centroamérica y Sudamérica, que incluye el uso de misiles contra embarcaciones de traficantes. El segundo es el endurecimiento de los controles fronterizos en El Salvador. Ambas presiones empujaron a las organizaciones criminales a buscar alternativas terrestres.
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Esquipulas representa una opción casi inevitable: es una zona tripartita compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que facilita el movimiento entre jurisdicciones y complica la coordinación de las fuerzas de seguridad de los tres países.
Una familia que compró poder y sobrevivió decapitaciones
El perfil de los Lorenzana va más allá de la violencia directa. Según InSight Crime, la familia extendió su influencia desde las comunidades más pobres de Guatemala —donde compraba apoyo social— hasta los círculos más altos de la élite política del país.
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Esa penetración institucional quedó en evidencia en 2008, cuando el patriarca Waldemar fue arrestado por posesión de armas y liberado poco después, lo que las autoridades interpretaron como una muestra de su capacidad para corromper el sistema judicial.
Después de perder a sus líderes históricos, el grupo se reorganizó en torno a las generaciones más jóvenes y amplió su zona de operaciones desde Zacapa hacia los departamentos de Chiquimula, Izabal y Verapaz, todos sobre la frontera con Honduras. El ataque de mayo en San José de las Lágrimas es, para las autoridades guatemaltecas, la señal más clara de que esa reorganización ya produjo resultados operativos.
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